El juez no emitió fallo en torno a otras ocho mociones. Sigue en pie la demanda contra el Militante, el sindicato minero UMWA, 16 mineros despedidos por la C.W. Mining en diciembre de 2004 por intentar organizar un sindicato, y contra Trabajos Con Justicia de Utah. Estos también habían solicitado la desestimación del caso y el pago de honorarios. Benson dijo que necesitaba más tiempo para considerar tales mociones y que bregaría con ellas subsecuentemente en un fallo por escrito. No hay fecha establecida de cuando emitirá tal fallo.

Antes de la audiencia, los abogados de la compañía y los del sindicato de trabajadores petroquímicos PACE acordaron eximir a ese sindicato de la demanda.

La demanda de C.W. Mining fue iniciada en septiembre de 2004 por los dueños de la mina como parte de su intento de estrangular una campaña organizativa del UMWA en su mina Co-Op en Huntington, Utah. La compañía minera y su aliado cercano, el Sindicato de la Asociación Internacional de Trabajadores Unidos (IAUWU), los demandantes, inicialmente incluyeron en la demanda a más de 120 periódicos, organizaciones e individuos que apoyaban la lucha de sindicalización de los mineros, o que escribían sobre lo que los mineros decían durante su lucha. A todos los acusaron de hacer declaraciones difamatorias que supuestamente resultaron en daños contra los dueños de la mina. Los 16 mineros y el UMWA también fueron acusados de violar leyes laborales federales.

Los demandantes enmendaron la queja y empezaron a entregar citaciones judiciales en diciembre de 2004, a solo unos días de las elecciones por representación sindical. La compañía despidió a 30 mineros partidarios del UMWA cuando se aproximaba la fecha del voto. Muchos de los trabajadores despedidos están siendo demandados.

La primera audiencia en el caso se realizó en junio de 2005. El juez Benson instruyó entonces a los demandantes a que escribieran de nuevo lo que designó como una demanda amorfa para aclarar quién estaba siendo demandado, por qué y específicamente quién había sufrido daños. Muchos de los acusados originales fueron omitidos de la demanda cuando C.W. Mining y la IAUWU presentaron la nueva versión de la demanda en julio pasado.

Nueve abogados que representaban a varios de los demandados se sentaron a la izquierda del juez en el tribunal. Detrás de los abogados estaban Berthila León, Bill Estrada, Guillermo Hernández y Alyson Kennedy —cuatro de los mineros nombrados en la demanda—; Mike Dalpiaz, vice presidente internacional del UMWA del Distrito 22 y Roy Fernández, un organizador del sindicato en el occidente del país; Argiris Malapanis, director del Militante; tres partidarios del Fondo de Lucha del Militante; y directores de Trabajos con Justicia de Utah.

El abogado Mark Hansen, representante de IAUWU, y Carl Kingston, abogado de C.W. Mining, estaban sentados a la derecha del juez. Hansen habló a nombre de ambos durante la audiencia.

Reporteros del Salt Lake Tribune, Deseret News y el Militante dieron cobertura a la audiencia.  
 
‘¿La mejor queja por difamación?’
Una buena parte de la audiencia la ocupó un interrogatorio de Jeffrey Hunt, abogado del Deseret Morning News, por el juez Benson , sobre la base legal para desestimar el caso contra los dos diarios.

El juez le pidió a Mark Hansen que le dijera el mejor ejemplo del demandante de una difamación. En ese momento durante la audiencia el juez agregó que el abogado del Militante Randy Dryer tendría un caso más difícil que el de los otros dos periódicos.

Hansen, se refirió a un editorial del Deseret News, que dijo que los mineros de la Co-Op habían sido “despedidos por tratar de organizar un sindicato”. Esto era falso y puso en ridículo públicamente a la compañía porque los mineros no fueron despedidos, sino que dejaron sus trabajos, sostuvo Hansen. El juez cuestionó el ejemplo dado por Hansen, señalando que los artículos de opinión como en el caso de editoriales tienen protecciones adicionales contra demandas de difamación.

Seguidamente el juez preguntó por qué C.W. Mining y la AIUWU habían iniciado tan seria demanda contra dos antiguos periódicos de Utah sin tener pruebas directas de que alguien realmente había sido lesionado. ¿Es este un uso apropiado del tribunal?, preguntó.  
 
Igual caso para el ‘Militante’
Randy Dryer, quien representó al Militante, dijo que los mismos principios legales en este caso son aplicables tanto para el semanario como para el Salt Lake Tribune y el Deseret News. Los artículos del Militante citados como difamatorios contienen las mismas declaraciones hechas por mineros, el UMWA y otros, como las publicadas por los dos diarios.

Dryer dijo al juez que la demanda debía ser desestimada por otra razón adicional. Los demandantes no cumplieron las instrucciones del juez dadas en la audiencia del 14 de junio de escribir de nuevo la demanda de forma que cada acusado sepa exactamente quién está siendo demandado, y por qué supuestas difamaciones y quién sufrió daños.

Dryer dijo que aunque hubo cierto intento de cumplir las instrucciones del juez respecto de los diarios de Salt Lake City, no se realizó tal intento con el Militante. Los demandantes “solo reempacaron” sus supuestas difamaciones y agregaron ocho artículos más a la demanda.

Dryer también hizo hincapié de que los temas involucrados en este caso bregan con importantes cuestiones de interés público. “La seguridad de los mineros está en las noticias”, dijo, refiriéndose a la lista de mineros muertos en el trabajo en lo que va del año.

Al responder, Hansen dijo que el Militante no estaba en la misma categoría del Tribune y el Deseret News. Las acusaciones contra el Militante “son mucho más amplias y más numerosas. Hay muchos más declaraciones que pueden ser atribuidas a los autores de los artículos”, dijo. El tribunal podría desestimar el caso contra los dos diarios, pero no contra el Militante, agregó.

Hansen insistió que la compañía de carbón necesitaría “investigación” para probar sus cargos contra el Militante y otros acusados. Una investigación permitiría a los abogados de C.W. Mining indagar sobre el Militante y otros acusados para obtener una amplia variedad de información y documentos relacionados al caso.

La abogado del UMWA Judy Rivlin describió la demanda de la C.W. Mining como una “mano dura para tratar de contener la campaña de sindicalización en esta mina, en Utah y en todo el país”. Con respecto a los numerosos cargos de difamación contra el UMWA, el sindicato se encuentra en la misma situación del Militante, dijo. Cuando el caso se volvió a escribir, se añadieron cargos contra el sindicato y los mineros de violaciones de leyes de inmigración, fraude y extorsión.

Rivlin argumentó en el tribunal que la C.W. Mining no tiene ninguna posición legal para la mayoría de sus cargos. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) decidirá sobre los cargos y contracargos de la compañía y el sindicato en la disputa, dijo. Dado que el caso está pendiente, los procedimientos del NLRB tienen prioridad sobre las acciones de un juez federal. Igualmente inapropiados, dijo Rivlin, son los intentos de la compañía de introducir cargos de inmigración contra el sindicato y los mineros.

Richard Rosenblatt, abogado de los 16 mineros de la Co-Op abogó por los mismos puntos. “¿Cómo puede decir la compañía que alguien quien estaba trabajando para ellos sin documentos apropiados es injurioso?” dijo. “¿Cómo puede dañarles?”

El abogado se refirió a declaraciones de mineros que la demanda de los patrones considera como calumnias. “Alyson Kennedy, una minera de la Co-Op, es citada en el pleito diciendo, ‘Fuimos despedidos de nuestros trabajos por tratar de organizar un sindicato’, y ‘las mujeres todavía no tienen un baño aparte para ducharse’”, dijo Rosenblatt. “¿Cómo pueden ser esas declaraciones difamatorias?”  
 
‘Ilegales’ y sus derechos salariales
Según los abogados de Co-Op los demandados son culpables de “cientos de actos destinados a difamar y dañar” a la compañía.

Los trabajadores obtuvieron sus empleos ilegalmente y cometieron fraude, dijo Hansen. Ellos después fueron al UMWA para que les ayudara a “forzar a la C.W. Mining” a que les diera salarios más altos y beneficios que ellos sabían no tenían derecho a recibir porque eran “ilegales”.

Como producto de las acciones de los trabajadores y la extensa publicidad generada por la lucha, dijo Hansen, C.W. Mining no pudo emplear a trabajadores de remplazo cualificados, no pudo cumplir con sus contratos de venta de carbón y muchos de sus vendedores no le vendían repuestos a la compañía.

El juez dijo que parecía que la compañía fue más dañada por la publicidad adversa que resultó de la disputa laboral que del hecho que los trabajadores quizás no hayan tenido la documentación de trabajo apropiada.

Al explicar por qué no iba a tomar una decisión desde el estrado en las mociones hechas por el Militante, el juez dijo que el abogado de la compañía estaba “en lo correcto” al decir que el volumen de artículos citados era tanto cualitativa como cuantitativamente diferente para el Militante. Benson agregó que compartía algunas de las preocupaciones expresadas por los abogados del Militante y del UMWA de que la demanda no logró esclarecer quién estaba siendo demandado y por qué.  
 
 
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