Grupo México, el tercer productor más grande de cobre en el mundo, es dueño de la mina de carbón subterránea Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores después que una explosión de gas metano provocara derrumbes dentro de la mina el 19 de febrero. Los huelguistas paralizaron tanto esta gigantesca mina de cobre aquí, cerca de la frontera con Arizona, como la mina La Caridad, y una mina de zinc y una refinería en la parte central de México.

Al mismo tiempo, el resto de los 270 mil miembros del sindicato nacional de trabajadores mineros, metalúrgicos y similares (SNTMMS) salieron en huelga por dos días en respuesta a los intentos gubernamentales de intervenir en el sindicato y reemplazar a su secretario general.

Los obreros dijeron que la seguridad es un problema constante en la mina a cielo abierto de Cananea, que emplea a 1 300 miembros del sindicato y frecuentemente emplea contratistas en sus operaciones para labores de construcción y proyectos similares.

“Los problemas más grandes son con los explosivos”, dijo Ernesto Quijada, un trabajador contratista que actualmente está construyendo pasajes en la mina. Estos son usados para aflojar la roca y los minerales. Quijada describió como un trabajador perdió su pierna cuando el cargador que estaba operando hizo explotar una carga que no había estallado.

“Nos fuimos en huelga porque queremos un acuerdo con Grupo México para resolver todos los problemas de seguridad que tenemos en las minas”, dijo al Militante Guadalupe Coronado, secretario general de la sección 65 del SNTMMS, que organiza la mina Cananea, en una entrevista el 5 de marzo aquí. “No queremos pérdida de vidas”.

Además de los problemas con explosivos, Coronado mencionó el pobre mantenimiento de los camiones y otros equipos, y el peligro de silicosis por respirar el polvo de la mina.

“Grupo México siempre culpa al sindicato cuando hay un accidente”, dijo Coronado. “Ellos son los responsables del accidente y luego culpan a los trabajadores. Los patrones deberían cumplir las normas de seguridad”.

Bajo presión de las familias, la compañía reanudó los esfuerzos de rescate de los cuerpos de los 65 mineros de carbón muertos en Pasta de Conchos, cerca del pueblo de San Juan de Sabinas en el estado de Coahuila el 3 de marzo. Muchos temen que la compañía cerrará la mina, dejando a sus seres queridos enterrados previniendo así una investigación completa.

La mayoría de las familias han rechazado una indemnización ofrecida por la compañía hasta que reciban una explicación de cómo murieron los mineros y quién fue responsable. Más de 200 familiares de los mineros marcharon el 5 de marzo en la calle principal de Nueva Rosita hasta las oficinas de la empresa exigiendo justicia y castigo para los responsables.

Mientras los mineros planteaban sus demandas por mayor seguridad en el trabajo, el secretario del trabajo de México, Francisco Salazar, anunció que el gobierno cesaría de reconocer a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato y que Elías Morales, un opositor de Gómez Urrutia, era el nuevo líder del sindicato.

Trabajadores en minas de plata, acerías y otros centros de trabajo organizados por el SNTMMS salieron a huelga el 1 de marzo para responder a esta intervención del gobierno en los asuntos internos de su sindicato. El gobierno federal calificó la huelga de ilegal.

El gobierno dice que esta investigando a Gómez Urrutia presuntamente por el mal manejo de 55 millones de dólares que el Grupo México pagó a miembros del sindicato en una disputa nacida de la compra de las minas de cobre Cananea y La Caridad que anteriormente pertenecían al estado.

Los mineros de Cananea tienen una larga historia de lucha, que incluye una huelga general en 1906 que contribuyó al inicio de la revolución mexicana. Las minas del cobre fueron nacionalizadas allí en 1961.

En 1989, el gobierno de Carlos Salinas envió al ejército para aplastar una huelga de trabajadores en Cananea y así allanar el camino para la venta de las minas. Grupo México, propietaria de minas, ferrocarriles y otras empresas por todo México, así como en Estados Unidos y Sudamérica, tomó posesión de las minas en 1990. En aquel entonces se les ofreció a los trabajadores el 5 por ciento de las acciones de la compañía, que no fueron pagados por Grupo México. Después de 15 años, que incluyó una huelga de tres meses y varias protestas, la compañía pagó al SNTMMS 55 millones de dólares el año pasado para zanjar la disputa.

Simultáneamente a la huelga, un grupo llamado Asociación de Mineros Jubilados de la Sección 65, compuesta de trabajadores que perdieron sus empleos en la huelga de 1989, bloquearon la entrada de la sede sindical de la Sección 65, exigiendo su parte de los 55 millones de dólares y pidieron la destitución de Gómez Urrutia. Han continuado las protestas diarias frente a la sede sindical y no permiten que los miembros ingresen.

Al preguntarles la razón por la que ocupan el lugar, Salvador Stabroff dijo: “El sindicato no es malo, pero hay problemas en el centro”.

Los trabajadores empezaron a retornar a sus trabajos el 2 de marzo en Cananea y en otros lugares. “Estamos mostrando que no queremos parar la producción, pero sí queremos respeto y condiciones de trabajo seguras”, dijo Coronado.

Betsy McDonald contribuyó en este artículo.
 
 
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