En mayo la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá cesanteó a 95 mil empleados públicos por dos semanas alegando que se habían agotado los fondos. El cierre de las escuelas y otras agencias del gobierno fue una advertencia al pueblo trabajador de más medidas de austeridad por venir.

El gobierno y ambos partidos coloniales —el autonomista Partido Popular Democrático (PPD), que controla la gobernación, y el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que domina el Congreso— ha utilizado el déficit fiscal de 740 millones de dólares como garrote para imponer un impuesto a las ventas.

Ambos partidos se han reñido en torno a la cantidad exacta del impuesto, cada cual fingiendo preocupación por el bienestar de los trabajadores. Los dirigentes del PPD, alegando estar preocupados por una falta de fondos para pagar a los empleados públicos, dijeron que un impuesto del 7 por ciento sería “una victoria para el pueblo de Puerto Rico”. Funcionarios del PNP propusieron un impuesto de “solo” un 5.5 por ciento “para no hacer un daño irreparable a nuestra clase trabajadora”, según lo expresó el presidente de la Cámara de Representantes José Aponte. La resolución de la disputa ha pasado a la Corte Suprema.

El cierre patronal por parte del gobierno sorprendió a muchos funcionarios sindicales en Puerto Rico, quienes actuaban como si la administración estaba fingiendo con sus amenazas de cesantía masiva. Los sindicatos organizaron una manifestación el 1 de mayo reclamando más impuestos a las corporaciones.

A partir del 1 de julio, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico subirá la tarifa del servicio residencial de agua en un 38 por ciento. La agencia dijo que busca la “autosuficiencia” y no depender más de los subsidios estatales.

El dominio colonial estadounidense de Puerto Rico ha significado el deterioro del sistema de agua. La autoridad de acueductos dijo que el aumento de la tarifa ayudaría a mejorar el servicio para algunas de las 70 mil residencias con servicio “deficiente”. Su definición de servicio deficiente es cuando “no reciben agua durante tres días o más de la semana”, informó el 1 de julio El Nuevo Día de San Juan.

El aumento de las tarifas es la más reciente de una serie de medidas de austeridad impulsadas por el gobierno de Puerto Rico y Washington. Ya se han realizado otros aumentos de tarifas de servicios públicos, recortes de empleos públicos y aumentos en la matrícula universitaria.  
 
Sindicalistas encarcelados
Dos semanas antes del aumento del agua, un juez federal condenó y encarceló a 10 ex altos funcionarios de la Unión Independiente Auténtica (UIA), el sindicato de los trabajadores de la AAA bajo cargos de malversión de los fondos del plan médico del sindicato. En octubre de 2004, durante una huelga reñida de la UIA contra la propuesta de la AAA de transferir el plan médico a una agencia privada, agentes del FBI allanaron la sede del sindicato y se llevaron expedientes, que usaron para procesar a los funcionarios sindicales.

Voceros de los capitalistas estadounidenses, quienes usan a Puerto Rico como fuente de mano de obra superexplotada para sus productos farmacéuticos y otras manufacturas, han utilizado la “crisis fiscal” para exigir un ataque más abierto contra lo que la revista británica The Economist denominó el “gigantismo del estado de asistencia pública” de Puerto Rico.

En un artículo del 27 de mayo titulado “Problemas en la isla del welfare”, el Economist se queja de que Puerto Rico, donde la manufactura constituye el 42 por ciento de la producción económica, se ha vuelto menos competitivo como fuente de ganancias comparado con Irlanda, Corea del sur y otras naciones semicoloniales. La razón, dijo el Economist, son los “generosos” beneficios federales. Señaló que “un 30 por ciento de los empleos en el territorio están en el sector público” y llamó a una ofensiva contra una “burocracia mimada”, aludiendo a los sindicatos, que en Puerto Rico están concentrados entre los empleados públicos.

El sistema de subsidios federales de Washington se instituyó después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de garantizar la estabilidad social, socavar el movimiento independentista y convertir a Puerto Rico en una fuente lucrativa de inversiones. Aún después de los recortes de la última década, los beneficios federales —que incluyen los cupones de alimentos y subsidios de vivienda— suman más del 20 por ciento del ingreso personal en la isla.

“El resultado es que hay muchos pobres ociosos”, dijo el Economist. “Muchas familias no consideran las dádivas federales como temporales”.

La revista financiera informó que el ingreso anual por persona fue de 12 mil dólares en 2004, menos de la mitad que la de Mississippi, el estado más pobre de Estados Unidos. Más del 48 por ciento de la población de Puerto Rico vive por debajo de la línea de pobreza federal, un porcentaje casi cuatro veces mayor que el de Estados Unidos.  
 
 
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