La medida se aprobó con un voto de 52-0, con 9 abstenciones y 29 diputados que se ausentaron. Los representantes de los dos principales partidos de la Asamblea Nacional, la Alianza Liberal y el Frente Sandinista de Liberación Nacional respaldaron la ley.

Los legisladores aplazaron una decisión sobre aspectos del proyecto de ley que incluye duras condenas de cárcel para las mujeres que tengan un aborto y cualquiera que les ayude. Una sección del decreto que instituiría condenas de hasta 30 años de prisión no fue aprobada. Actualmente, un mujer que obtiene el procedimiento médico y quienquiera que le ayude pueden ser condenados con hasta seis años de cárcel.

Opositores del derecho de la mujer a elegir un aborto, entre ellos dirigentes de la iglesia católica, propugnaron el proyecto de ley en la víspera de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Según la agencia Reuters, “Cientos de personas protestaron frente a la Asamblea Nacional en la capital” contra la prohibición de abortos el día anterior a su aprobación. La agencia noticiosa citó a Xiomara Luna, una de las dirigentes en la protesta: “Están obligando a que mujeres y jóvenes mueran. Ellos no son pro-vida, son pro-muerte”.

A comienzos de octubre, miles participaron en Managua en una concentración contra el aborto organizada por la iglesia y otros grupos.

Previamente, el aborto era legal si tres médicos determinaban que la vida de una mujer embarazada estaba en peligro, o si el embarazo resultaba de un caso de violación o de incesto, y si la mujer obtenía el consentimiento de su cónyuge u otros parientes.

Tres de los cuatro principales candidatos presidenciales, entre ellos Daniel Ortega, el candidato del FSLN, apoyaron la ley. Según el Los Angeles Times, “En septiembre [Ortega] firmó un documento redactado por dirigentes evangélicos que declaraba que las leyes de abortos existentes en Nicaragua son un ‘pretexto para legalizar todos los abortos’”.

La posición de la dirección del FSLN respecto al aborto es consecuente con su postura sobre el tema a mediados de la década de 1980, cuando en Nicaragua se desató un debate público sobre si se debiera repeler una ley que databa de la dictadura de Anastasio Somoza y que prohibía casi todos los abortos. Esa ley la dejó intacta el gobierno dirigido por el FSLN, el cual había llegado al poder en 1979 mediante una insurrección popular que derrocó a la dictadura somocista respaldada por Washington. El gobierno del FSLN la adoptó a pesar del hecho que cada año miles de mujeres morían o sufrían graves lesiones como resultado de abortos ilegales o autoinducidos.

En una asamblea realizada el 26 de septiembre de 1987 para coincidir con el décimo aniversario de la fundación de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), dirigida por los sandinistas, de la que informó el Militant en aquel entonces, Ortega delineó su perspectiva.

Señalando que Nicaragua tenía una población pequeña en comparación con su territorio, y la “política de genocidio” a la que la guerra contra patrocinada por Washington había sometido al país, dijo Ortega, “los que están combatiendo en las primeras líneas de fuego son jóvenes … entonces una forma de quedarnos sin juventud es promoviendo una política de esterilización, o que se esterilicen las mujeres en Nicaragua. Imagínense lo que pasaría. O promover la política del aborto”.

Ortega continuó, “Hay un problema, y es que la mujer es la reproductora. el hombre no tiene la posibilidad de jugar ese papel”. Agregó que algunas mujeres “aspirando a esa liberación” deciden no tener hijos. Una mujer que hace eso, declaró, “cae en la negación de lo que es su propia continuación, la continuación de la especie humana”.

El Militant informó en ese entonces que los comentarios de Ortega fueron recibidos con un murmullo notable y que varias mujeres se le acercaron para expresarle su desacuerdo.

Una resolución aprobada por el congreso de agosto de 1990 del Partido Socialista de los Trabajadores titulada, “Defendamos a Nicaragua revolucionaria: la erosión de los cimientos del gobierno obrero y campesino”, publicada en el número 3 de la revista marxista Nueva Internacional, señaló que a comienzos de 1989 la dirección de AMNLAE anunció planes de proponer leyes en la Asamblea Nacional para legalizar el aborto, penalizar la violencia conyugal contra la mujer y penas más severas contra la violación. Sin embargo, para mediados de año, planteó la resolución, “las dirigentes de AMNLAE cedieron ante las presiones de los dirigentes del FSLN, quienes argumentaron abiertamente que cualquier debate sobre problemas como el derecho al aborto, la violencia conyugal contra la mujer o la violación solo ‘crearía confusión’ y perjudicaría a los candidatos del FSLN en ‘período electoral’, según las palabras de Mónica Baltodano, coordinadora de AMNLAE”.

Una breve declaración emitida por los delegados del FSLN ante la Asamblea Nacional de Nicaragua el 16 de agosto de 2006, hizo eco a esta posición.

“Somos un partido que estamos a favor de la vida”, señaló. “Por tanto: reafirmamos nuestro respeto, promoción, desarrollo y protección a la vida de las y los nicaragüenses y por consiguiente nos manifestamos en contra del aborto”.  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto