El Militante entrevistó a miembros de una docena de familias afectadas por las redadas en la planta en Worthington, donde fueron arrestadas unas 230 personas. Veinte obreros han sido acusados de cargos criminales por un gran jurado federal, entre ellos 15 por “robo de identidad con agravio” por supuestamente usar documentos falsos de identidad.

Una de las arrestadas fue Catalina Rodríguez Pérez. Fue encerrada en la cárcel del condado de Nobles aquí, a pesar de que tiene un bebé de 14 meses.

El 17 de diciembre sus compañeros de trabajo, el Local 1161 del sindicato de la industria alimenticia UFCW e iglesias locales organizaron una vigilia frente a la cárcel para exigir su puesta en libertad. Fue excarcelada al día siguiente.

Rodríguez Pérez ahora tiene que comparecer en una audiencia de inmigración en febrero. Privada de ingresos mientras aguarda la cita judicial, su familia está recibiendo ayuda de amigos y compañeros de trabajo.

Alberto Ramos, obrero de la construcción, dijo al Militante que la redada se efectuó para intimidar a los trabajadores. “Si le pides al patrón lo que te mereces, ellos te contestan, ‘Pues si no te gusta lo que está recibiendo, te puedes ir’. Ellos saben que mucha gente no tiene documentos.

Otro empacador de carne, quien pidió no publicar su nombre, dijo que a pesar que tenía documentos para comprobar su condición de residente legal, la policía lo mantuvo esposado de las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. sin comida o agua. “Necesitamos la unión” para que defienda a los trabajadores de estos ataques, dijo.

“El día después de la redada muchos vistieron camisas blancas en nuestra escuela para mostrar su apoyo”, dijo Blanca, una joven de secundaria. “Participaron estudiantes negros, blancos y latinos. El director de la escuela nos dijo que nos teníamos que quitar las camisas, pero no lo hicimos, y no nos hicieron nada”.

Juan, hermano de Blanca de 15 años de edad, dijo que algunos de los compañeros de clase escribieron cartas de protesta al gobernador y al presidente George Bush en que dijeron, “Si nos deportan, vamos a regresar”.

El día de la redada en la fábrica, agentes del Departamento de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) también efectuaron redadas esa noche en dos parques de casas rodantes en Worthington. Los reporteros del Militante visitaron una casa donde todavía se veía en la puerta las abolladuras causadas por los golpes de los policías cuando exigieron que se les dejara entrar.

Un trabajador que también pidió que no se publicara su nombre, dijo que primero gritaron en inglés, “¡Es la policía!” Al no recibir respuesta, gritaron en español, “Inmigración”.

“Yo estaba seguro que no iba a abrir la puerta”, dijo el trabajador. “Yo reforcé la puerta de enfrente con sillas y puse en la ventana todo lo que pude encontrar. Después empecé a llamar a todo el mundo que conozco para avisarle que estaba la migra. Me llevé a la familia al dormitorio de atrás, y ahí me quede hasta que se fueron”.
 

Michelle López, una trabajadora nacida en Estados Unidos, dijo que su amigo fue arrestada en la redada y encarcelado en una prisión cerca de Atlanta aún cuando había firmado un formulario de “salida voluntaria”.

Otra trabajadora, cuyo hermano fue arrestado, se unió a una vigilia el 17 de diciembre en la que participaron más de 200 personas para protestar la redada.

Algunos de los arrestados tenían documentos comprobando que son residentes legales. Agentes del Departamento de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los enviaron al Campo Dodge de la Guardia Nacional cerca de Des Moines, Iowa, a más de cuatro horas de distancia. Cuando fueron puestos en libertad, les dieron un plazo de 30 días para comprobar su status legal y les dijeron que buscaran la manera de llegar a sus casas por su propia cuenta.

El Local 22 del sindicato UFCW aquí alquiló camionetas para traer de regreso a estos trabajadores, entre quienes había madres con hijos que no tenían quien velara por ellos.  
 
 
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