Trabajadores han respondido con ira a la alegación del gobierno de que las redadas —las más grandes en la historia de Estados Unidos— eran parte de una campaña contra una "red de robo de identidad", declarando que se trata simplemente de un intento de convertir en criminales a los trabajadores indocumentados. Miles de personas han sido afectadas por las redadas, trabajadores han sido deportados o están en prisión, y familiares han quedado sin ingresos.

"El ICE destruyó familias", dijo un trabajador cuando salía de la planta en Worthington el 6 de enero. "La semana pasada mi esposa y yo llevamos a los niños de un compañero de trabajo que fue detenido para que se queden con sus familiares en Texas. Aquí no hay quien los cuide". El pidió que no publicáramos su nombre.

En la planta en Worthington fueron arrestados 230 trabajadores por agentes armados del ICE después de que los sacaron de las líneas de producción. Desde entonces, muchos de los arrestados han sido deportados o presionados a firmar documentos de "salida voluntaria". En muchos casos sus familiares no sabían sus paraderos hasta que sus seres queridos los llamaron desde el extranjero. Baida González Alvarez, por ejemplo, le dijo al Minneapolis Star Tribune que "habló con su esposo el domingo por primera vez desde que tuvo lugar la redada y se enteró entonces que había sido deportado a Guatemala".

El resto de los trabajadores de Worthington están detenidos en un centro de detención federal en Atlanta en espera de audiencias migratorias. Cerca de 20 de estos trabajadores han sido acusados de cargos criminales por un gran jurado.

Mariesa Gómez, una trabajadora empacadora de carne de Swift en esta ciudad, dijo al Militante que su yerno está detenido en Atlanta. Dijo que las condiciones ahí eran horribles y que los trabajadores detenidos estaban discutiendo declararse en huelga de hambre.

El Rocky Mountain News de Colorado reportó experiencias similares sobre las condiciones de los trabajadores de Swift de la planta en Greeley, Colorado, que están en cárceles de inmigración. Un trabajador que fue puesto en libertad bajo fianza el 26 de diciembre, dijo al periódico que él "fue puesto en un cuarto en la cárcel de Aurora en el que caben nueve personas con otros 27 presos. Tuvo que dormir parado". Le negaron acceso al uso del teléfono por cuatro días.

El Local 7 del sindicato de la industria alimenticia UFCW, que representa a los trabajadores en la planta Swift de Greeley, ha iniciado una demanda legal federal acusando a los agentes de ICE de violar los derechos constitucionales de los trabajadores. El sindicato presentó ante un juez federal de la corte de distrito en Denver las declaraciones juradas de más de una docena de trabajadores detenidos. La demanda acusa al gobierno de negarles a los trabajadores un proceso justo al impedirles acceso a abogados o familiares, mintiéndoles sobre los documentos de deportación que les pidieron que firmaran y por mantenerlos en celdas atestadas. Docenas de trabajadores fueron enviados a una cárcel en Texas, separados de sus familias.

El 7 de enero se llevó a cabo una reunión de 300 personas, en su mayoría trabajadores de Swift y sus familiares, en la escuela primaria Prairie en Worthington. El evento fue organizado por grupos comunitarios y el Local 1161 del UFCW, que representa a los trabajadores en la planta Swift. Fue realizado para mostrar apoyo a los trabajadores arrestados y a sus familiares.

Yolanda Cano, una ex trabajadora de Swift, dijo que le gusto el evento, pero que se tenía que hacer más. "Debemos juntarnos para discutir que hacer concretamente, como por ejemplo, cómo podemos ayudar a la gente que todavía están en prisión".

Hilda Mazariegos, quien también trabajaba en Swift y cuyo esposo está preso en Atlanta, dijo, "Yo le agradezco a los que están presentes, pero no importa cuantos juguetes nos den, eso no es la solución del problema".

Frank Forrestal es miembro del Local 1149 del sindicato UFCW y trabaja en la matanza en Tyson Foods en Perry, Iowa.  
 
 
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