Vol. 71/No. 42      12 de noviembre de 2007

La cobertura de los medios prensa se ha enfocado en las áreas ricas y de clase media afectadas y ha creado la impresión de evacuaciones y asistencia organizadas y adecuadas.

Sin embargo, los trabajadores que viven en Potrero y Tecate, pueblos chicanos en su gran mayoría, cercanos a la frontera con México, contaron al Militante una historia distinta.

Marta Gómez y su esposo Pablo, un conductor jubilado de grúas, viven en una pequeña casa alquilada en Tecate. El 21 de octubre el incendio pasó por su patio y quemó una camioneta y un remolque en el que guardaban muchas de sus pertenencias. Unas 20 de sus gallinas y dos perros murieron en la llamarada. Se habían ido a tiempo porque un vecino los llamó para avisarles.

A pesar de las declaraciones por las autoridades de que la mayoría de los residentes habían sido informados, “nosotros nunca recibimos una llamada para evacuar”, dijo Marta. “No sabíamos a dónde ir”. Al final fueron a parar con 30 otros vecinos en el patio de la aduana cerca del cruce fronterizo en Tecate.

Los Gómez han estado dependiendo de parientes, amigos y vecinos por apoyo. El personal de la Cruz Roja demoró casi una semana en llegar y trajo solo agua. La familia todavía no tiene electricidad ni agua.

Los que se fueron a México para escaparse del incendio no han podido volver porque el cruce fronterizo fue cerrado.

Las autoridades obligaron a los que recibieron asistencia a mostrar identificación, supuestamente para prevenir que la gente que no era víctima de los incendios no “robara” comida y ropa. Algunos trabajadores dijeron que fueron vistos con sospecha y hasta insultados cuando buscaron asistencia.

Lorena García, quien trabaja como contadora en Potrero, hospedó a tres otras familias cuyos hogares estaban más cerca del incendio. “El cuarto día fuimos por provisiones al Departamento de Bomberos Voluntarios”, dijo, porque no podían ir a los centros de compra usuales. Uno de los encargados los cuestionó por qué necesitaban cepillos dentales, puesto que sus hogares no fueron destruidos. “Yo le dije, ‘No estamos aquí para ser humillados sino porque necesitamos estas cosas.’”  
 
Trabajadores inmigrantes afectados
Los incendios también han afectado a los trabajadores indocumentados. En Carmel Valley, cuando muchos residentes se fueron del área, los trabajadores inmigrantes nunca dejaron de recoger tomates en Leslie Farms, a pesar de ser una zona de evacuación obligatoria, según un artículo del 26 de octubre en la sección en español del Union-Tribune de San Diego. Los patrones dijeron que estaban en una zona de evacuación voluntaria y que no había necesidad de preocuparse.

“Están más interesados en la cosecha” que en la vida y salud de los trabajadores, dijo Juan Ramón del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que defiende a los inmigrantes indígenas, muchos de ellos mixtecos de México.

Por lo menos 14 trabajadores inmigrantes fueron llevados a la unidad de quemaduras del Centro Médico de la Universidad de California en San Diego. Había muchos jornaleros indocumentados viviendo en tiendas de campaña y chozas en los cañones fuera de la ciudad de San Diego. Hasta ahora no se sabe cuántos de estos trabajadores podrían haber muerto cuando los incendios pasaron por allí. El 25 de octubre agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron cuatro cuerpos quemados en un cañón, llevando el total oficial de muertes a siete.

La policía de inmigración no dejó que los incendios los arrestos y deportaciones. Para el 26 de octubre reportaron haber arrestado a 100 trabajadores inmigrantes que fueron obligados a salir por los incendios.

Activistas pro derechos de inmigrantes informaron que a algunos trabajadores se les ha negado la asistencia por carecen de identificación apropiada, y otros no han querido ir a los centros de evacuación donde podrían ser arrestados por la migra. Agentes de la Patrulla Fronteriza fueron redesplegados para “ayudar” en los centros de evacuación y en esfuerzos de asistencia.

Rick Trujillo con tribuyó a este artículo.  
 
 
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