Vol. 72/No. 48      8 de diciembre de 2008

A puertas cerradas, el Juez de Distrito Richard Leon confirmó el encarcelamiento de uno de ellos, Belkacem Bensayah, pero decidió que el gobierno norteamericano debe poner en libertad a los otros cinco.

El Departamento de Justicia dice que los seis hombres planeaban luchar contra Estados Unidos y sus fuerzas aliadas en Afganistán, basándose en información de una persona que no ha sido identificada.

El gobierno no tuvo que probar la culpabilidad de Bensayah, si no solo proporcionar “preponderancia de su prueba”, el nivel más bajo de evidencia.

Los seis argelinos eran residentes de Bosnia cuando fueron arrestados a finales de 2001 y acusados de conspirar para atentar contra la embajada norteamericana en Sarajevo. Sin embargo, el Departamento de Justicia retiró dichas acusaciones el mes pasado sin ninguna explicación.

El fallo representa el primero de más de 200 reclamos de habeas corpus que han sido sometidos desde que la Corte Suprema decidió el 12 de julio que los prisioneros de Guantánamo tienen el derecho constitucional de apelar sus detenciones.

Los prisioneros son privados de derechos básicos necesarios para tener un juicio justo. Además de aceptar el uso de la preponderancia de la prueba, los juicios permiten el uso de rumores y evidencia secreta. A los acusados no se les permite permanecer en la corte durante la revisión del habeas corpus, solo se les permite acceso telefónico desde Guantánamo.

Otro juez federal, Richard Urbana, ordenó en octubre la libertad de 17 uighurs de Guantánamo, después de que el gobierno reconoció que no eran “combatientes enemigos”. Los uighurs son una nacionalidad oprimida de China, de los cuales la mayoría son musulmanes. El Departamento de Justicia está apelando esta decisión.

Washington planea juzgar hasta 80 de los 255 prisioneros en Guantánamo a través de una comisión militar, según leyes establecidas por el congreso en 2006. En estos tribunales, el juez y el “jurado” son personal militar nombrado por el Pentágono, y se permite que presenten declaraciones obtenidas a través de ciertos métodos de tortura.

El 15 de noviembre, el presidente electo Barack Obama reiteró su postura de eventualmente cerrar la prisión, la cual se ha convertido en un problema político para Washington al salir a la luz la condiciones inhumanas que hay allí.  
 
 
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