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Vol. 74/No. 28      26 de julio de 2010

 
EUA trata de apagar
protesta a ley de Arizona
(portada)
 
POR SETH GALINSKY  
El Departamento de Justicia de Estados Unidos fue a los tribunales el 6 de julio para derogar la ampliamente criticada nueva ley antiinmigrante de Arizona. “Es comprensible que los residentes de Arizona se sientan frustrados con la inmigración ilegal”, afirmó el Fiscal General Eric Holder. “La desviación de recursos federales destinados contra extranjeros peligrosos como los sospechosos de terrorismo y con antecedentes criminales va a tener un impacto en la seguridad de todo el país”.

Miles de trabajadores y jóvenes en Arizona protestaron contra la ley aún antes de que fuera aprobada. La ley permite que la policía le pregunte el status migratorio a cualquier persona detenida por cualquier motivo si sospechan que no tienen documentos.

La indignación por la aprobación de la ley impulsó la masiva participación en las manifestaciones del 1 de Mayo a favor de los derechos de los inmigrantes por todo Estados Unidos. Muchos portaban letreros que decían, “Manejando cuando eres moreno”, “Soy mexicano, párame”, y “No somos criminales”, o “¿Parezco razonablemente sospechoso?”

El principal argumento que el gobierno federal ha presentado para derogar la ley SB 1070 es que los gobiernos estatales no tienen el derecho de tomar decisiones federales sobre inmigración. La demanda legal señala que la ley de Arizona puede llevar a la detención y acoso de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con documentos.

Un artículo de Associated Press señala que “en papel, la nueva ley controversial de inmigración de Arizona no es muy diferente” que las leyes y prácticas federales que ya existen.

Pero ante las protestas, la Casa Blanca ha calculado que la ley de Arizona ha ido muy lejos y podría repercutir negativamente. La administración de Barack Obama ha usado las leyes federales existentes para infundir miedo en los inmigrantes indocumentados y mantener una fuerza laboral súper explotada para los patrones de fábricas y las grandes compañías agrícolas en Estados Unidos.

Desde que asumió la presidencia en enero de 2009, la administración de Obama ha expandido los programas que fueron iniciados por presidentes previos, incluso el programa E-Verify, que permite que los patrones verifiquen instantáneamente la condición legal de los empleados; la ley 287(g), que entrena a la policía local para que actúe como agentes de inmigración; y el programa Comunidades Seguras, que tiene como meta poder verificar para el 2013 las huellas digitales de cada reo en cárceles federales, estatales y municipales de todo el país, aún si fueron detenidos por un delito menor, usando la base de datos de inmigración del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo,

Una medida que recibió poca atención por parte de la prensa, fue la ampliación del programa Comunidades Seguras en Mayo para que incluya al estado de Nueva York.

Mientras que la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha disminuido las redadas en fábricas de gran notoriedad, han expandido las auditorias de inmigración, lo que ha causado despidos masivos de miles de trabajadores indocumentados. En el último año, ICE ha emitido órdenes de auditorias de inmigración a más de 2 900 compañías, casi seis veces más de las 503 ordenadas en 2008. Las auditorias han llegado a ser tan comunes que los patrones las llaman “redadas silenciosas”.

La organización Reform Immigration for America, que ayudó a organizar la marcha por los derechos de los inmigrantes el 21 de marzo en Washington, dijo que la demanda del Departamento de Justicia en contra de la ley de Arizona es “un primer paso” y un “primer pago” de la promesa de Obama para impulsar la “reforma” de inmigración.  
 
 
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