Vol. 75/No. 5      7 de febrero de 2011

La ley que Snyder ha elaborado se basa en la ley de Arizona SB 1070, la cual fue aprobada el año pasado. La ley de Snyder requeriría que la policía estatal y la policía local comprueben el estado migratorio de una persona que haya sido “detenida legalmente” si tienen “sospechas razonables” de que esa persona es indocumentada. La medida aumentaría las penas por crímenes cometidos por acusados que sean indocumentados. La medida también requeriría que todos los patrones en el estado usen el sistema “E-Verify” para comprobar el estatus migratorio de los solicitantes de empleo, prohibiría que los trabajadores indocumentados busquen trabajo como jornaleros, y castigaría a quienes les den empleo.

“Ya hay discriminación racial” por parte de la policía, dijo uno de los primeros participantes que habló en contra de la ley anti-inmigrante. Ella describió cómo su marido, que es de origen latino, fue detenido por la policía porque les pareció “sospechoso”. Varios participantes dieron otros ejemplos de hostigamiento policial y dijeron que el proyecto de ley no se llevaría a cabo “neutralmente desde el punto de vista racial”.

“Los problemas principales que enfrentamos son la economía, la violencia doméstica, y las ejecuciones hipotecarias”, dijo Angélica Pérez. “¿Cómo nos va a ayudar este proyecto de ley?” Entre los que hablaron estaban Gaby Pacheco y Felipe Matos, estudiantes indocumentados que participaron en una caminata de 1 500 millas el año pasado desde Miami a Washington para apoyar la ley conocida como el “Dream Act”. Esa ley, que fue recientemente derrotada en el Senado de Estados Unidos, habría hecho posible que algunos jóvenes indocumentados que están en la universidad o que se enlisten en las fuerzas armadas puedan solicitar la residencia legal.

Entre los que expresaron apoyo al proyecto de ley de Snyder estaba Carol Caso, quien dijo: “El valor de mi propiedad se ha arruinado” debido a los inmigrantes latinos que se han trasladado al barrio. Ella se quejó de los jornaleros que buscan trabajo en la gasolinera local, y de “los gallos a las 5 de la mañana”.

Jack Oliver, de Floridanos por la Aplicación de las Leyes de Inmigración, argumentó que el proyecto de ley no es racista. “La ley se viola cada día que un ilegal va a trabajar”, dijo. Más deportaciones significaría “más empleos para los floridanos”.

“El hecho de que algo sea la ley no implica que es lo correcto”, respondió Ana Rodríguez. “Las personas que están siendo deportadas son en su mayoría trabajadores que trabajan muy duro, no son criminales”. Agregó que “la policía fronteriza está matando gente en Arizona.”

El 10 de enero el senador estatal Mike Bennett, quien ha presentado un proyecto de ley similar en el Senado, reconoció la presión política que existe contra las partes de la ley que requieren que la policía local haga cumplir las leyes de inmigración. “Probablemente no habrá un proyecto de ley estilo Arizona que sea aprobado por el Senado de Florida”, dijo a los periodistas. “Quizás ni yo voy a votar a favor”. Al mismo tiempo el aboga por un mayor uso de “E-Verify” para hacer más difícil que los trabajadores indocumentados consigan trabajo. El recién elegido gobernador Richard Scott firmó una orden ejecutiva inmediatamente después de la toma de posesión exigiendo que las agencias bajo su control utilicen el sistema federal.

Activistas por los derechos de los inmigrantes de todo el sur y centro de Florida realizaron una conferencia de prensa antes de la reunión de Palm City frente a una pancarta que decía: “Ningún ser humano es ilegal”.
 
 
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