Vol. 75/No. 17      2 de mayo de 2011

Lo importante para el pueblo trabajador es entender cómo encajan estos cambios de Washington en la campaña gubernamental para quitarle derechos a los trabajadores bajo la excusa de “la lucha contra el terrorismo”.

El 4 de abril el procurador general Eric Holder reportó que Khalid Sheikh Mohammed y cuatro presos más de la prisión de Guantánamo comparecerán ante tribunales militares en vez de cortes civiles como había propuesto en noviembre de 2009. Los cinco son acusados de jugar un papel importante en el atentado contra el World Trade Center en 2001.

El segundo día de su presidencia en 2009, Barack Obama ordenó que se cerrara la prisión de Guantánamo en un año. También suspendió los juicios militares para los prisioneros de Guantanamo, en los que el Pentágono nombra tanto al juez como al jurado.

Holder anunció en noviembre de 2009 que Sheikh Mohammed y cuatro otros serán enjuiciados en una corte federal en el Bajo Manhattan, cerca de donde estaba el World Trade Center. La propuesta desencadenó un agudo debate dentro de la clase dirigente norteamericana.

Si bien algunos de los que se oponían encubrían sus intenciones argumentando que cualquier juicio dentro de Nueva York muestra “falta de consideración” hacia los familiares de los muertos en el atentado terrorista, otros dejaban claro que les preocupaba más la posibilidad de que no sean aceptadas por la corte las “pruebas” por que fueron extraídas de Sheikh Mohammed a través de 183 ahogamientos fingidos realizados cuando estaba bajo la custodia de Washington.

Mientras impulsaba el juicio civil, la Casa Blanca hizo patente cómo se tratarían a los cinco detenidos de Guantánamo y cómo usarían restricciones especiales para asegurar el resultado que desean. Estas medidas sentarían un precedente para restringir los derechos de los trabajadores y controlar el espacio político imprescindible para que los trabajadores puedan organizar en contra de los patrones y su gobierno.

A los acusados de Guantánamo se les negaría el derecho a la presunción de inocencia. Obama comentó a los periodistas que si el juicio civil para Mohammed pudiera ofender a alguien, esa persona no se sentirá ofendida cuando “se le condene y se le aplique la pena de muerte”.

Holder dijo que al igual que los tribunales militares, se les negaría a los acusados el acceso a las pruebas en su contra en el juicio civil. Es más, dijo que a Mohammed no se le permitiría exponer su punto de vista político dentro de la sala.

La administración de Obama ha anunciado planes para sentar la base legal que les permita detener a algunos presos sin juicio por tiempo indefinido, en cualquier caso en el que exista el riesgo de que no se obtenga la condena deseada por falta de pruebas o porque las pruebas se basen en confesiones extraídas bajo tortura.
 
 
Artículo relacionado:
Gobierno EUA restringe derechos de ‘Miranda’  
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto