Vol. 75/No. 37      17 de octubre de 2011

Conocidos como los Cinco Cubanos, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González habían estado viviendo y trabajando en el sur de la Florida con el fin de recabar información sobre grupos contrarrevolucionarios cubanos que han organizado ataques violentos y a veces mortíferos contra Cuba y los partidarios de la Revolución Cubana en Estados Unidos y otros países, a sabiendas y con el respaldo tácito de Washington.

En septiembre de 1998 los cinco fueron arrestados y en junio de 2001 declarados culpables de cargos falsos, incluidos “conspiración para cometer espionaje”. Hernández fue declarado culpable de “conspiración para cometer homicidio”, basado en el argumento fraudulento de que él tenía cierta responsabilidad por el derribo, por parte del gobierno cubano, de dos aviones hostiles de Hermanos al Rescate que incursionaron en el espacio aéreo cubano en 1996. Sus sentencias oscilaron entre 15 años de prisión para René González, a doble cadena perpetua más 15 años para Hernández.

En el número de la semana pasada del Militante se explicó el argumento planteado en la petición de hábeas corpus entablada el año pasado por Hernández, pidiendo que su condena y sentencia sean revocadas porque los errores cometidos por su abogado defensor, especialmente en relación con el cargo de conspiración para cometer homicidio, le negó un juicio imparcial. Los acusados tienen derecho a dichas peticiones de hábeas corpus cuando todas las apelaciones normales se han agotado. En junio de 2009 la Corte Suprema se negó a escuchar todas las apelaciones de los cinco.  
 
Periodistas al sueldo del gobierno
Cuatro de los cinco revolucionarios cubanos han presentado mociones de hábeas corpus sobre la base de otro hecho desconocido por ellos y sus abogados al momento del juicio: que el gobierno pagó miles de dólares a periodistas en Miami que escribieron artículos ficticios y perjudiciales, que los privaron del derecho a un debido proceso y un juicio imparcial.

En septiembre de 2006 el Miami Herald publicó un artículo de primera plana titulado “10 periodistas de Miami reciben pagos del gobierno”, informando por primera vez que periodistas conocidos en la zona de Miami que cubrieron el caso, entre ellos algunos que escribieron para el Miami Herald y su edición en español, el Nuevo Herald, habían recibido remuneración de la Oficina de Transmisiones a Cuba, una oficina de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión, la agencia del gobierno que se encarga de todas las transmisiones internacionales no militares patrocinadas por el gobierno norteamericano.

La Oficina de Transmisiones a Cuba dirige la operación de Radio y TV Martí, dos emisoras del gobierno, con un financiamiento anual de 30 millones de dólares, que transmiten propaganda contrarrevolucionaria en Cuba y el sur de Florida.

Según la respuesta que Guerrero entabló el 16 de agosto a la réplica del gobierno a su moción de hábeas corpus, el periodista Ariel Remos recibió por lo menos 11 750 dólares durante el juicio, publicando al menos 15 artículos, tanto antes como durante el proceso, en el Diario las Américas, un diario en español con una difusión de más de 45 mil ejemplares en el sur de la Florida. En un reportaje fabricado bajo el título “Castro representa un reto continuo a la seguridad de EE.UU.”, Remos informó falsamente desde el juicio que había una supuesta “orden de la inteligencia cubana a uno de sus agentes de encontrar un lugar en el sur de la Florida por donde desembarcar explosivos y armas”, las cuales, según afirmaba el artículo, “pudieran ser armas químicas o bacteriológicas”.

En base a información obtenida del gobierno por una solicitud del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos, bajo la Ley de Libertad de Información, Julio Estorino trabajó por Radio Martí de 1998 a 2001, aunque los pagos por sus servicios prestados durante el juicio no han sido revelados.

En la edición del 5 de enero de 2001 del Diario las Américas, más de un mes después de que comenzara el juicio, Estorino escribió, “Por si no bastara con la vesania demostrada al derribar los aviones de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, con alevosía y frío cálculo, salen a la luz ahora los esfuerzos de los servicios secretos del castrato por encontrar puntos de infiltración de armas y explosivos en las costas de este país, tarea que específicamente encargaron a algunos de los implicados en esta red de espías”.

A fines de marzo, los abogados de Antonio Guerrero entablaron una moción de hábeas corpus que pedía un nuevo juicio sobre la base de los pagos del gobierno a los periodistas. En repuesta, el gobierno le instó a la corte a que rechazara la moción alegando que cita solo un pequeño número de artículos y que carece de “fundamentos de hechos” porque no muestra cómo dicho artículos predispusieron al jurado, con el cual la “corte tomó medidas para aislarlos de influencias externas”.

Según documentan las declaraciones juradas presentadas por los acusados, no se conoce la envergadura de la campaña de propaganda de Washington porque los funcionarios norteamericanos han denegado las solicitudes de entregar los nombres de todos los periodistas a sueldo del gobierno y las sumas de su remuneración.

La información limitada que se ha obtenido del gobierno muestra que cinco periodistas recibieron más de 80 mil dólares durante el juicio de ocho meses y que un total de 370 mil dólares se pagó a siete reporteros en diferentes momentos desde 1999.  
 
Violan derechos constitucionales
El arresto y el juicio de los Cinco Cubanos se caracterizó por violaciones—que se han vuelto cada vez más comunes—de los derechos garantizados por las primeras 10 enmiendas a la Constitución estadounidense. Estas violaciones incluyen el allanamiento de sus hogares por el FBI, el uso de “pruebas” secretas por la fiscalía y la supresión de pruebas necesarias para su defensa, así como el confinamiento extremo antes del juicio con la intención de quebrantarlos y obstaculizar la preparación de su defensa.

La corte que celebró el juicio rechazó siete mociones de los abogados de los cinco de que el juicio se trasladara a un lugar fuera del Condado Miami-Dade, donde enfrentaban un marcado ambiente de prejuicios. Washington se opuso tajantemente a todo intento de cambiar el lugar del juicio.

Desde el momento de los arrestos, voceros del gobierno estadounidense promovieron hostilidad pública con sus declaraciones de que los cinco eran una “red de espías cubanos” que “amenaza la seguridad nacional”. A pesar de ser mucho más débiles que en años anteriores, los grupos derechistas cubano-americanos conocidos por sus acciones violentas, hasta contra personas que consideran simpatizantes de la Revolución Cubana, organizaron protestas en Miami durante el juicio, incluso en la escalinata de la corte durante el primer día de la selección del jurado.

Algunos candidatos al jurado dijeron estar preocupados por lo que podría pasar si absolvían a los revolucionarios cubanos. Durante el juicio, algunos jurados se quejaron de que se sintieron hostigados por estaciones de televisión derechistas que los filmaron entrando y saliendo de la corte, hasta llegar a sus carros, y que hasta filmaron las placas de sus vehículos.

“Precisamente en momentos cuando el gobierno insistía en que el juicio debía hacerse en Miami,” dijo Richard Klugh, abogado de Hernández, en una conferencia de prensa el 22 de marzo, estaba “inundando los medios locales con dinero para financiar mensajes anticubanos, anti-Castro y anti-Cinco Cubanos. Eso fue una negación fundamental del proceso judicial”.

En 2005, un panel de tres jueces de la Corte del 11 Circuito de Apelaciones en Atlanta rechazó las condenas de los cinco revolucionarios afirmando que “la ‘tormenta perfecta’ creada por la publicidad antes del juicio en este caso” los había privado del derecho al debido proceso, y dictaminó que se celebrara un nuevo juicio. El gobierno apeló el fallo, que un año después fue anulado por la corte completa de 12 jueces, con una opinión discrepante.

El fallo de 2006 afirmaba, “Nada en el historial del juicio sugiere que 12 miembros justos e imparciales del jurado no puedan ser reunidos por el juez del juicio para procesar a los acusados de manera imparcial y justa”.

Las mociones de hábeas corpus se entablaron ante la jueza Joan Lenard, quien presidió el juicio de 2001. Basándose en el fallo de 2006, los fiscales del gobierno argumentaron en su respuesta a la moción de Hernández que la cuestión del sitio del juicio ya se había decidido, que no hay nada nuevo que merezca examinarse. Instaron a la jueza a que rechace tanto las mociones de hábeas corpus como las solicitudes de audiencias evidenciales.

Fernando González presentará pronto una moción de hábeas corpus. Una vez que se hayan entablado todas las mociones, declaraciones juradas y respuestas, la fecha del fallo está a la discreción de la jueza.

Mary-Alice Waters contribuyó a este artículo.
 
 
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