Vol. 78/No. 37      20 de octubre de 2014

El gobierno respondió con procesos legales contra los presidentes de seis federaciones sindicales presentando cargos amañados de incitar a la violencia, el año pasado, cuando fuerzas gubernamentales atacaron a los huelguistas.

“Me sumé a la protesta hoy en el Parque Industrial Canadia aquí en Phnom Penh”, dijo Ath Thorn, presidente de la Coalición de Sindicatos Democráticos Camboyanos de Trabajadores de la Costura, en una entrevista telefónica desde esa ciudad el 17 de septiembre. “Hubo actos de protesta en 200 fábricas en las que participaron decenas de miles de trabajadores. Nos congregamos para demostrarles que lo que necesitan los trabajadores son 177 dólares. Le enviamos este mensaje a los patrones y al gobierno”.

Alrededor de 500 personas participaron en el mitin, dijo Thorn.

“Realmente quiero participar, pero tengo miedo de que pase algo como lo que sucedió el 2 y 3 de enero, cuando las autoridades mataron a muchos trabajadores”, dijo Si Neang al Cambodia Daily mientras observaba la protesta desde fuera. “¿Cómo podemos unirnos a las protestas cuando hay soldados con AKs?”

Decenas de soldados fueron desplazados a Canadia a la vez que helicópteros militares volaban por encima. El mitin se llevó a cabo cerca del sitio donde el gobierno había reprimido una huelga nacional por un salario mínimo de 160 dólares al mes en enero. Paramilitares abrieron fuego contra los trabajadores, matando a cinco y poniendo fin a la huelga.

Una nueva coalición de 11 sindicatos está dirigiendo la lucha ahora. “Es fácil quebrar un palillo para comer, pero no puedes romper un paquete de palillos”, dijo Long Dy al Daily.

La lucha por mejores salarios se ha venido desarrollando durante varios años. A través de huelgas, manifestaciones y otras protestas en fábricas y calles, los trabajadores ganaron un aumento en el salario mínimo de 61 dólares en 2010 a 100 después de un paro a finales del año pasado. En 2013 los trabajadores en esta industria realizaron 131 huelgas, una cantidad sin precedentes.

En octubre, después que el Comité Consultivo Laboral —compuesto por representantes del gobierno, de los patrones y los sindicatos— haga su recomendación, el gobierno decidirá el aumento del salario anual mínimo que entrará en efecto en enero. El comité anunció haber llegado a la conclusión que los trabajadores necesitan un salario entre 157 y 177 dólares.

Las protestas disminuyeron tras la represión de enero. Pero, durante el verano, acciones industriales empezaron a tomar lugar en fábricas individuales.

Durante la primera semana de septiembre, los presidentes de seis federaciones sindicales independientes importantes recibieron citaciones judiciales con cargos de incitar la violencia durante el ataque de enero.

“Quieren prevenir que lancemos nuestra nueva campaña por un salario mínimo, y también imponer un mandato judicial para reprimirnos a todos”, dijo Pav Sina, presidente del Colectivo del Movimiento de los Trabajadores, al Militante por correo electrónico el 17 de septiembre. Sina recibió una citación para que se presentara ante la corte municipal de Phnom Penh el 12 de septiembre, en la que se le ordenó que se reportara a la policía cada mes y que no participe en acciones sindicales hasta que el caso sea decidido. “Hoy nos unimos a la nueva campaña con dirigentes sindicales locales, activistas y trabajadores de todas las regiones para exigir un salario decente, que nos permita subsistir en Camboya”, dijo.

Durante el ataque en enero el gobierno arrestó a 25 trabajadores y partidarios, y los mantuvieron presos por cinco meses. Fueron llevados a juicio el 30 de mayo como resultado de una amplia campaña para exigir su excarcelación. Recibieron sentencias de uno a cuatro años y medio en prisión, pero el juez suspendió las penas de inmediato y los puso en libertad.

“Fue una victoria que los hayan puesto en libertad y fue resultado de la campaña nacional e internacional”, dijo Thorn. “Pero lo importante para el gobierno fue el haberlos declarado culpables”.

A partir de marzo cualquier persona que quiera inscribir un sindicato debe comprobarle al gobierno que no tiene un antecedente penal.

Thorn es uno de los seis acusados y se presentó ante el juez el 18 de septiembre. Él ya fue puesto bajo la misma sanción que Sina por un cargo anterior de violencia intencional que surgió de una huelga en SL Garments en noviembre de 2013, donde los trabajadores repelieron un intento de destruir al sindicato y ganaron la restitución a sus puestos de trabajo de 19 organizadores sindicales. Él se sumó al mitin del 17 de septiembre a pesar de las restricciones impuestas por el tribunal.

“Me acusan de cuatro cargos diferentes. Si me encuentran culpable enfrento 10 años de cárcel”, dijo. “El gobierno está tratando de detener la campaña por un salario justo reprimiendo a los sindicatos. Pero los trabajadores necesitan esos salarios y no pararán de luchar por ellos”, dijo.
 
 
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