Vol. 79/No. 36      12 de octubre de 2015

 
(especial)
Fianza: Un arma para intimidar
a los trabajadores
 
POR BRIAN WILLIAMS
Y SETH GALINSKY  
“Cada año, son enviadas a prisión miles de personas inocentes sólo porque no pueden pagar la fianza”.

Así comienza un artículo en la revista del New York Times del 16 de agosto que describe cómo la fianza —originalmente una manera de proteger a las personas acusadas de un crimen previniendo que sean encarceladas arbitrariamente antes de su juicio— se ha convertido en un arma usada de manera rutinaria y amplia para atacar a los trabajadores y presionarlos a que se declaren culpables.

Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria en el mundo, con 2.2 millones de personas tras las rejas, la mayoría en cárceles estatales y locales. Alrededor del 60 por ciento de los 750 mil reos en cárceles municipales y del condado están esperando en cualquier momento dado su juicio o audiencias y aún no han sido encontrados culpables de nada. O se les negó la fianza o no pudieron pagarla.

El artículo del Times “The Bail Trap” (la Trampa de la Fianza) por Nick Pinto refleja la preocupación entre los círculos gobernantes de que mantener un gran número de presos se está haciendo demasiado caro, está provocando odio hacia el sistema capitalista de justicia y que podría llevar a explosiones sociales.

Sus preocupaciones se han profundizado ante las grandes protestas contra la brutalidad policiaca realizadas de costa a costa durante el último año, y que han logrado obligar a los gobernantes a frenar un poco la violencia policiaca.

Un obrero de la construcción Tyrone Tomlin fue arrestado en noviembre de 2014 después de comprar un refresco en la tienda de la esquina. Los policías alegaban que la pajilla (popote) que le dieron con su refresco era “un método usado comúnmente para empaquetar residuos de heroína”.

Los fiscales le ofrecieron que negociara admitiendo ser culpable de un delito menor de posesión criminal de una sustancia controlada y que ellos propondrían sólo 30 días en la infame prisión de Rikers Island en la ciudad de Nueva York. Tomlin rehusó. El juez le impuso una fianza de 1 500 dólares, la cual Tomlin no pudo pagar.

Se pasó las tres semanas siguientes en Rikers, hasta su audiencia en la corte el 10 de diciembre. Entonces los fiscales entregaron un informe del 25 de noviembre del laboratorio de la policía, según el cual “no se había identificado ninguna sustancia controlada”. Le anularon todos los cargos y Tomlin regresó a casa, pero no antes de recibir una golpiza en la prisión.

Culpabilidad negociada, no juicios

Tomlin y Browder no son los ejemplos más comunes. Alrededor del 95 por ciento de los acusados aceptan acuerdos, perdiendo su derecho a un juicio.

En casos de crimines menores la mitad de los que no fueron encarcelados, o porque no se les exigió fianza o porque pudieron pagarla, recibieron una condena, comparado con un 92 por ciento de los acusados que permanecen encarcelados hasta el juicio, según un informe de la Agencia de Justicia Criminal de Nueva York del 2012.

La octava enmienda a la constitución de Estados Unidos declara, “No se impondrá fianza excesiva, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales”.

Con la evolución de las leyes en Estados Unidos, se comenzaron a imponer fianzas para cargos considerados como delitos mayores, para asegurar que el acusado compareciera en su juicio cuando hubiese un supuesto riesgo de fuga o peligro para la comunidad. La mayoría de los acusados eran puestos en libertad bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, hoy en día, los jueces rutinariamente fijan fianzas de centenares o miles de dólares por los cargos más leves.

La manera como se usa la fianza hoy en día es una burla del derecho a ser considerado inocente hasta que se compruebe culpabilidad. Pinto señala que el juez le pregunta a los acusados que aceptan una negociación de cargos y condena, “¿Usted admite ser culpable libre y voluntariamente, porque usted es de hecho culpable?”

“Todos los presentes saben que no se trata de ‘libre y voluntariamente’”, dijo al Times el defensor público Scott Hechinger.

Markese Mull de Ferguson, Missouri, puede constatar esto. En 2011 fue detenido y acusado de asalto por defenderse de un intento de robo.

“Le impusieron una fianza de 75 mil dólares, a ser pagada en efectivo”, Mull dijo al Militante por teléfono el 14 de septiembre. Pasó cinco meses en la cárcel antes de que un juez acordara reducir la fianza. Como resultado Mull perdió su nuevo trabajo en una panadería.

“El defensor público solo habló conmigo dos veces. Realmente no están trabajando para ti”, dijo Mull. “Yo era inocente, pero tuve que declararme culpable. No tenía dinero para luchar”.

Durante los últimos años ha habido un cambio en el debate en el seno de la clase dominante. Tanto conservadores como liberales reconocen el problema que causa para el dominio capitalista que haya un número tan grande de prisioneros y que un porcentaje desproporcionado de ellos son afro-americanos.

Los candidatos demócratas y republicanos para la presidencia para 2016 “están mostrando qué tanto han cambiado en comparación a los días cuando su mensaje era tener ‘mano dura contra el crimen”, dijo Kira Lerner en el sitio web Thinkprogress.org el 18 de febrero.

Tanto republicanos como demócratas están hablando de abolir las sentencias mandatarias, y enfocarse más en proveer “tratamiento” en vez de cárcel por delitos de drogas y limitar el uso del confinamiento solitario, algo que John Malcolm, portavoz de la fundación conservadora Heritage Foundation, denomina un “cambio de paradigma”.  
 
 
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