Vol. 81/No. 17 1 de mayo de 2017
(portada)
Actos del 1 de Mayo: ¡Alto a deportaciones! ¡Amnistía ya!
“Y súmense para exigir amnistía para todos los trabajadores inmigrantes en este país”, dijo Martin. “Esa es la vía para unificar a la clase trabajadora, para hacernos más fuertes para combatir los crecientes ataques de los patrones y su gobierno contra los trabajadores y los agricultores”.
En Seattle, representantes del Consejo Central de Trabajadores del condado M.L. King y del sindicato de trabajadores de la salud SEIU 1199NW han participado en la planificación y promoción de la marcha del Primero de Mayo.
Un aumento en los arrestos de trabajadores indocumentados en los primeros tres meses del año, junto con las amenazas del procurador general Jeff Sessions de un “compromiso renovado” para procesar “agresivamente” a los inmigrantes, están alimentando el interés en las protestas del Primero de Mayo en todo el país, que se espera sean las más grandes en muchos años.
El sindicato SEIU 32BJ, que organiza a miles de trabajadores de mantenimiento de edificios en el noreste del país, está promoviendo los actos del Primero de Mayo en toda la región. Su lema es, “Here to Stay” (Estamos aquí para quedarnos).
“Los ataques contra los trabajadores han ido acompañados de ataques contra los inmigrantes y los trabajadores inmigrantes”, dijo el presidente del 32BJ, Hector Figueroa, al Militante el 18 de abril. “Los inmigrantes deben ser tratados con dignidad y respeto”.
El Consejo Unido de Teamsters 16, que incluye a 27 locales sindicales en el área de Nueva York, publicó en su sitio web la convocatoria para el acto en Foley Square en Nueva York a las 5 pm el 1 de mayo.
La Coalición de Inmigración de Nueva York, el grupo comunitario de inmigrantes Se Hace el Camino y numerosos sindicatos del área han estado promoviendo la protesta.
En Wisconsin, Voces de la Frontera está organizando una Peregrinación para la Justicia comenzando el 26 de abril. Marcharán 80 millas desde Madison hasta Milwaukee y se unirán al acto del Primero de Mayo “con latinos, inmigrantes y refugiados’.
Según las cifras obtenidas por el Washington Post, la Agencia de Inmigración y Aduanas arrestó a 21 362 inmigrantes entre enero y mediados de marzo, invirtiendo la disminución que se vió en los últimos dos años. Más de 5 mil de las detenciones —casi un cuarto— fueron de inmigrantes cuya única ofensa es no tener una visa válida.
Los gobernantes estadounidenses no tienen intención de deportar a la mayoría de los trabajadores indocumentados. Su política, implementada tanto por administraciones demócratas y republicanas, es garantizar la existencia de una capa de trabajadores superexplotados que los patrones puedan usar para reducir el valor de la fuerza de trabajo de todos los trabajadores, para maximizar sus ganancias y competir más eficazmente contra sus rivales capitalistas en todo el mundo.
Antes de 1996 los trabajadores deportados bajo las llamadas “salidas voluntarias” no enfrentaban cargos criminales si volvían a suelo estadounidense.
Bill Clinton aprobó la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, y la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante. Esto sentó las bases para un cambio a las llamadas “expulsiones forzadas”, lo que aumentó significativamente las penas por “reingreso ilegal” a Estados Unidos. Cuatro años más tarde, durante su último año en el cargo, Clinton deportó a 1.8 millones de inmigrantes, más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Bajo las administraciones de George W. Bush y Obama el cambio a las “expulsiones forzadas” tomó auge.
En 2006 un proyecto de ley fue presentado ante el congreso que convertiría en un delito grave el simple hecho de que un trabajador indocumentado se encuentre en Estados Unidos. La propuesta fue derrotada por una masiva movilización de millones de trabajadores el 1 de mayo de ese año.
En 2011, bajo Obama, por primera vez la mayoría de las deportaciones fueron clasificadas como expulsiones forzadas. Para 2015 era más del 70 por ciento.
Aún más revelador es el número de enjuiciamientos por cargos graves de reingreso ilegal, con un promedio de más de 35 mil en cada año de la administración Obama.
Al final de la presidencia de Obama, más del 50 por ciento de todas las condenas penales federales involucraron delitos relacionados con la inmigración. Como resultado, actualmente una de cada cuatro personas en prisiones federales es un trabajador indocumentado que había sido previamente deportado.
El procurador general Sessions anunció las últimas medidas de la administración Trump en contra de los trabajadores inmigrantes —lo que él llamó “una nueva era”— cuando habló con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México en Nogales, Arizona, el 11 de abril.
Sessions dijo que el gobierno de Estados Unidos aumentará los enjuiciamientos por reingreso y, siempre que sea posible, agregará cargos de robo de identidad contra cualquier trabajador indocumentado que sea detenido. Esto añadiría al menos dos años a su condena.
“Uno de los principales lemas de las pancartas el Primero de Mayo será: ‘Somos trabajadores, no criminales’”, dijo Mary Martin. “Las deportaciones no son populares entre los trabajadores. Estos son nuestros compañeros de trabajo, vecinos y compañeros de lucha cuando nos enfrentamos a los ataques de los patrones y su gobierno, sus policías, tribunales y prisiones. ¡Todos a participar el Primero de Mayo!”
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