Vol. 81/No. 43      20 de noviembre de 2017

 
(portada)

Joven inmigrante gana lucha por derecho a tener un aborto

 
“Es mi vida y mi decisión”, dijo “Jane Doe” —una joven inmigrante centroamericana de 17 años de edad que cruzó la frontera en Texas a principios de septiembre— cuando finalmente le permitieron tener un aborto después de enfrentarse al gobierno de Estados Unidos. “Durante todo este proceso nunca cambié de opinión”.

La valentía de la adolescente y su determinación a pesar de haber sido sometida a arresto e intimidación ha expuesto el abuso al que son sometidas las jóvenes en su situación. Es una cruda ilustración de la avalancha de restricciones que confrontan las mujeres en Estados Unidos si deciden obtener un aborto.

La joven fue detenida y llevada a un albergue para inmigrantes menores de edad sin acompañante bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Durante un examen médico de rutina se enteró que estaba embarazada e inmediatamente decidió que deseaba tener un aborto.

Cumplió con todos los requisitos onerosos de las leyes de Texas para un aborto, incluyendo el “asesoramiento” antiaborto y el examen de ultrasonido de su “bebé”. En su determinación de proceder con su decisión, obtuvo la ayuda de Jane’s Due Process, un grupo que ayuda a mujeres que se encuentran en esa situación, y de la Unión Americana de Libertades Civiles. Levantó una demanda legal contra la agencia del gobierno argumentando que no podían impedirle el procedimiento por no tener el consentimiento de sus padres. El 25 de septiembre el tribunal estatal ordenó al albergue que la llevaran a una clínica cercana para obtener el aborto.

El gobierno desafió la orden. El 19 de octubre un juez federal ordenó nuevamente al gobierno que entregaran a Doe, diciendo que los abogados de la joven podían llevarla a la clínica. Los funcionarios del gobierno apelaron y el tribunal de apelaciones federal suspendió la orden de entrega del juez. Tras una audiencia el juez dio de plazo al gobierno hasta el 31 de octubre para que nombrara un encargado para la custodia de Doe.

Texas prohíbe casi todos los abortos después de 20 semanas, así que no quedaba mucho tiempo. En vez de acatar la orden de la corte o cumplir el deseo de la joven, los funcionarios federales trataron de quebrantar su espíritu y hacerla renunciar a su decisión.

“Me obligaron ver a un doctor que trató de convencerme que no abortara y viera ecografías. Gente que ni siquiera conozco trataron de convencerme de cambiar de opinión”, dijo Doe en su declaración del 25 de octubre.

Los funcionarios alegaron en el tribunal que el gobierno tiene el “derecho legítimo de promover el parto y proteger la vida de un niño no nacido”, especialmente cuando la adolescente se encuentra bajo su custodia.

Un portavoz de la agencia dijo al Wall Street Journal el 19 de octubre que Scott Lloyd, director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ha llamado repetidamente a menores de edad para convencerlas de no tener un aborto, alegando que por ley él es el “padre adoptivo”, y tiene derecho de decirles qué deben hacer.

“Nadie tiene por qué avergonzarse de tomar la decisión correcta para una misma”, dijo Doe en su declaración. “Yo no le diría a otra joven en mi situación qué es lo que debe hacer. Esa es su decisión propia y solo suya”.

El gobierno dice que si a Doe u otras jóvenes en su situación no les gusta que la agencia las presione para convencerlas a hacer lo que ellos estiman conveniente, pueden regresar de donde vinieron. Para Jane Doe, es un país donde el aborto es un crimen.

Al final, el 24 de agosto el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia ordenó al gobierno permitir a Doe hacer lo que ella elija. Al día siguiente ella obtuvo el procedimiento.  
 
 
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