Mesa fijó el 16 de octubre para las elecciones a la asamblea constituyente, así como para un referendo nacional sobre las demandas de empresarios y grandes terratenientes adinerados para obtener mayor autonomía en las provincias orientales y del sur, que cuentan con la mayoría del petróleo y del gas natural. Algunos dirigentes de las protestas rechazaron el anuncio del presidente y continuaron organizando movilizaciones callejeras.

Las protestas comenzaron cuando el Congreso boliviano aprobó por un estrecho margen una ley que aumentaría los impuestos que pagan los monopolios extranjeros de energéticos del 10 al 32 por ciento, además de las actuales regalías del 18 por ciento. La ley se aprobó parcialmente como concesión a las protestas, las cuales han planteado demandas que varían desde un aumento de impuestos del 50 por ciento hasta la nacionalización del petróleo y del gas.

Mesa se opuso a un aumento del 50 por ciento, calificándolo de “suicida” porque desalentaría la inversión extranjera.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) reivindican la nacionalización del petróleo y del gas.

Evo Morales, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), calificó la propuesta de Mesa como “otro show” para desmovilizar las protestas, según Reuters. MAS, uno de los principales partidos de oposición en el Congreso y una de las fuerzas movilizadoras de las protestas, ha propuesto un impuesto del 50 por ciento a los monopolios de energéticos en lugar de la nacionalización.

Las organizaciones indígenas están desempeñando un papel fundamental en las protestas. En respuesta al decreto presidencial, miles de indígenas marcharon por La Paz coreando, “Mesa go home, poder popular”, según informó Reuters. Algunas de las organizaciones indígenas también han exigido que se modifique la constitución para ampliar sus derechos.

Si bien las elecciones a una Asamblea Constituyente están programadas para el 16 de octubre, grupos de empresarios y terratenientes adinerados en la provincial de Santa Cruz han anunciado de forma unilateral un referendo para agosto con miras a obtener más autonomía. Temen que la votación sobre una nueva constitución comprometería sus posibilidades de obtener esa autonomía, la cual responde al interés de la clase capitalista de mantener su dominio sobre los recursos energéticos del país. Santa Cruz y las provincias orientales son la base de las familias adineradas, en su mayoría descendientes de europeos.  
 
 
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