En el documento de 75 páginas, los mineros de la Co-Op ahora son acusados de “fraude” de inmigración, además de prácticas laborales injustas, difamación y otros cargos.

El UMWA y sus funcionarios internacionales, la AFL-CIO de Utah y otros sindicatos y organizaciones que han apoyado a los obreros de la Co-Op siguen siendo acusados en esta demanda. El Militant y los dos diarios principales de Utah —el Salt Lake Tribune y el Deseret Morning News—también son acusados de difamar a la compañía por informar sobre lo que han dicho los obreros en su lucha de sindicalización.

En una audiencia celebrada el 14 de junio en Salt Lake City en relación a los tres periódicos, el juez federal Dee Benson ordenó que los abogados de la compañía volvieran a presentar su demanda. Benson dijo que la demanda anterior era “amorfa” y no decía claramente a quién demandaba y cuáles eran las supuestas difamaciones.

Los patrones del carbón están usando este caso como parte de su campaña para contrarrestar la lucha de los mineros de Co-Op por un sindicato.

El nuevo alegato de la compañía —que ahora figura de manera prominente en la demanda— afirma que varios mineros individuales son culpables de fraude por conseguir empleo en la Co-Op con “documentos de trabajo falsos”. Estos mineros habían trabajado muchos años en la mina.

Los abogados de la compañía alegan que la Administración del Seguro Social informó a la C.W. Mining en mayo de 2004 que varios empleados no tenían números válidos del Seguro Social. Por eso, dicen, la compañía se vio obligada a despedir a “los trabajadores fraudulentos” en diciembre cuando los trabajadores se negaron a “rectificar el problema”. Los despidieron siete meses después del supuesto aviso del gobierno y una semana antes de una votación para decidir la representación sindical.

La compañía alega que los mineros estaban implicados en una “actividad de extorsión” porque habían “ideado maniobras para obtener dinero con alegatos falsos”. Dice que este cargo se refiere a tretas para obtener salarios por medio del “empleo ilegal” y para obtener contribuciones de otras personas mientras los mineros estuvieron en huelga.

El nuevo reclamo mantiene la acusación de que el UMWA y mineros de la Co-Op son culpables de “prácticas laborales injustas”. La compañía alega que los trabajadores ya estaban representados por el IAUWU, el cual los mineros califican como un grupo dirigido por la compañía que nunca actuó a favor de los intereses de los trabajadores.

Los abogados de la compañía volvieron a redactar la sección del caso que alega quién es culpable de difamar a la C.W. Mining y al IAUWU. Ahora son 23 páginas las que se enfocan en declaraciones hechas por determinados mineros de la Co-Op. Entre las supuestas difamaciones están los comentarios de mineros de que las condiciones en la mina son peligrosas, que los mineros eran muy mal remunerados en comparación con otros mineros de la zona, que el seguro médico de la compañía era tan caro que era como no tener seguro, y que los mineros estaban luchando por un sindicato verdadero.

La compañía citó a varios mineros por supuestamente hacer las declaraciones más “difamatorias”: Ricardo Chávez, Bill Estrada, Celso Panduro, Alyson Kennedy, Gonzalo Salazar, Jesús Salazar, Juan Salazar y Ana María Sánchez. Añadió a la lista de acusados a otro minero, Raymundo Silva, quien no fue mencionado en los documentos iniciales de la compañía y que no participó en la huelga de 10 meses que concluyó en julio de 2004. Lo citan por decirle a un diario hace unos meses: “Vi cómo los patrones se reían de los mineros durante la huelga” y que “los abusos en la mina” ya le hartaban.

Trece páginas de la nueva demanda citan artículos del Militant que la compañía tacha de calumniosos. Al presentar las supuestas difamaciones, los abogados de la compañía afirman, “El Militant y sus agentes hicieron las siguientes publicaciones, no como informes sobre las declaraciones de otros, sino como versiones propias”. Luego citan como difamatorios más de 70 artículos o editoriales del Militant.

La C.W. Mining ahora también alega que varios de los demandados son culpables de violaciones de privacidad. Sus abogados escriben que los demandados “dieron publicidad a asuntos relativos a los demandantes que los presentaban ante el público de una manera falsa, lo cual sería muy ofensivo para cualquier persona razonable”.

Al final de la demanda la C.W. Mining alega violaciones de privacidad, interferencia intencional en relaciones económicas y conspiración civil, y sobre esa base pide un fallo favorable e indemnización. Acusa de estos cargos a los mineros individuales de la Co-Op, al UMWA y a sus funcionarios, al Militant y a sus directores y reporteros, al sindicato petrolero PACE, a George Neckel y el grupo Utah Jobs with Justice y a otros más.

Los abogados de los demandados responderán a las acusaciones de la compañía. Los abogados de los periódicos solicitaron una prórroga para responder a la demanda y la corte les otorgó un plazo hasta el 16 de agosto. Los abogados de los otros demandados pidieron una prórroga hasta el 1 de septiembre y se les concedió. Cuando los abogados de la compañía respondan a esos documentos legales, se fijará una nueva audiencia.
 
 
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