Se trató de “un pelotón de fusilamiento, porque las intenciones del FBI en ningún momento fueron arrestar a Ojeda Ríos; siempre han sido asesinarlo”, afirmó Antonio Camacho Negrón, ex preso político independentista.

Las protestas comenzaron en cuanto se escuchó la noticia del asalto por la radio. La tarde del 23 de septiembre hubo manifestaciones en Hormigueros, Mayagüez y San Juan, donde marcharon mil personas al edificio federal. Al día siguiente cientos de personas realizaron una línea de piquete frente al edificio federal, y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico hicieron una vigilia.

Dirigentes de toda la gama política en Puerto Rico condenaron el asesinato, desde el gobernador Aníbal Acevedo Vilá del Partido Popular Democrático hasta líderes del Nuevo Partido Progresista, que aboga por la estadidad.

El ataque se desató en la fecha de la celebración independentista anual del Grito de Lares, que conmemora el aniversario de la rebelión de 1868 en este país contra el coloniaje español.

Los policías del FBI llevaron a cabo la redada en la tarde del 23 de septiembre. Aislaron la zona, removieron a los vecinos de sus casas y cortaron la electricidad en la comunidad. Elma Rosado Barbosa, la esposa de Ojeda, fue arrestada. La pusieron en libertad al día siguiente.

Ojeda “abrió la puerta delantera de su casa y abrió fuego contra los agentes”, aseveró Luis Fraticelli, jefe del FBI en Puerto Rico. “Fuimos a arrestarlo pero cuando comenzaron los tiros tuvimos que defendernos”. Dijo que esperaron hasta el día siguiente para entrar a la casa por temor que había explosivos adentro. En la tarde del 24 de septiembre anunciaron que Ojeda estaba muerto.

Dos días más tarde, Elma Rosado Barbosa ofreció una rueda de prensa en que desmintió la versión del FBI. “Nuestra casa fue rodeada. Hombres armados penetraron a la propiedad y tomaron por asalto nuestro hogar impactándolo de manera brutal y terrible, disparando armas de fuego poderosas”, dijo. Ojeda le pidió que saliera de la casa para proteger su vida. Los policías federales la tiraron al piso y le vendaron los ojos.

Ella dijo que escuchó a su esposo gritar que se entregaría a un periodista, Jesús Dávila de El Diario/La Prensa de Nueva York, pero que la policía dijo que no.

Una autopsia demostró que Ojeda, de 72 años de edad, recibió un solo balazo en el hombro que le penetró el pulmón, dijo a la prensa el secretario de justicia puertorriqueño Roberto Sánchez. “Si el señor Ojeda hubiera recibido atención médica inmediata, probablemente habría sobrevivido”, dijo. Es decir, los agentes del FBI dejaron que muriera desangrado.

El 26 de septiembre estuvo expuesto el cuerpo de Ojeda Ríos en el Colegio de Abogados, donde miles de personas hicieron fila para darle un último adiós. Se dieron cita los dirigentes de todos los partidos independentistas y personajes desde el arzobispo Roberto González Nieves hasta el ex gobernador Rafael Hernández Colón.

El día siguiente unas 5 mil personas asistieron al entierro de Ojeda en Naguabo, su pueblo natal.  
 
Caso de los 15 de Hartford
Ojeda fue uno de los independentistas que llegaron a conocerse como los 15 de Hartford. El 30 de agosto de 1985, unos 200 agentes del FBI fuertemente armados asaltaron los hogares de independentistas en Puerto Rico. Quince personas fueron enjuiciadas bajo cargos de conspiración para robar 7 millones de dólares de un camión blindado de la Wells Fargo en Hartford, Connecticut.

En esos momentos, cuando la policía llegó a arrestar a Ojeda en su casa, hubo un tiroteo y un agente del FBI quedó herido. Ojeda, acusado de atacar a un agente federal, insistió en que actuó en defensa propia. Un jurado federal integrado por puertorriqueños lo declaró no culpable.

Los 15 fueron sacados de Puerto Rico para un juicio en Hartford. Las autoridades les negaron fianza y los encarcelaron por más de un año; Ojeda quedó encerrado 32 meses. Durante los juicios se reveló que el FBI había realizado un masivo operativo de espionaje electrónico contra los independentistas, grabando cientos de horas de conversaciones en sus hogares. Unas 50 grabaciones fueron excluidas como pruebas porque habían sido manipuladas por el FBI.

Varios de los acusados de Hartford fueron declarados culpables, recibiendo largas condenas. Gracias a una campaña internacional de defensa, algunos de ellos fueron excarcelados en 1999. Juan Segarra Palmer, condenado a 55 años, fue puesto en libertad el año pasado.

Habiendo logrado la libertad bajo fianza, Ojeda se fue a la clandestinidad en 1990; fue declarado culpable en su ausencia y condenado a 55 años. En los últimos 15 años Ojeda ofreció entrevistas a periodistas y grabó mensajes que se tocaron en las conmemoraciones anuales del Grito de Lares.  
 
 
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