La instrucción de cargos y el tono del debate que se ha engendrado entre políticos demócratas y republicanos y en los medios de comunicación capitalistas muestran el carácter cada vez más faccional y tosco de la política en Estados Unidos.

El objetivo declarado de la pesquisa era investigar si funcionarios de la Casa Blanca habían violado la ley al revelarle a varios reporteros que Valerie Plame, esposa de un diplomático que era crítico de la política de la administración Bush sobre Iraq, era agente de la CIA. La Ley de Protección de Identidades de Inteligencia, promulgada en 1982, estipula que es delito, castigable con 10 años de prisión, que una persona que tenga acceso a información “clasificada” revele la identidad de un agente encubierto del gobierno norteamericano.

En febrero de 2002, el esposo de Plame, Joseph Wilson, ex embajador norteamericano en Africa Central, fue enviado por la CIA a Níger, en Africa occidental. El 6 de julio de 2003, Wilson escribió una columna editorial en el New York Times donde declaró que durante su viaje no había encontrado pruebas algunas de que el régimen de Saddam Hussein estuviera buscando materiales para construir armas nucleares, según alegaba la administración Bush. El propio Wilson reconoció que su conclusión se basaba en “ocho días de tomar té dulce de menta ” con dignatarios.

Ocho días después apareció un artículo del columnista sindicado Roberto Novak sobre el viaje de Wilson. Identificó a Plame —al parecer, en base a conversaciones entre reporteros y funcionarios de la Casa Blanca— como una agente de la CIA, especializada en “armas de destrucción masiva”, que había propuesto a su esposo para el viaje.

Críticos demócratas de la administración Bush inmediatamente alegaron que se había desvelado la identidad de una agente encubierta de la CIA y exigieron medidas. En vez de encargarle el caso a fiscales federales, el Departamento de Justicia nombró un “fiscal especial”, Patrick Fitzgerald.  
 
Polarización en círculos dominantes
Los demócratas se han valido del “caso Plame” en sus pugnas cada vez más faccionales con la administración republicana. Han aprovechado el hecho de que no se hallaron “armas de destrucción masiva” en Iraq para afirmar que ellos habrían realizado la invasión norteamericana de Iraq de una manera más eficaz.

En el programa “Larry King Live” de la CNN el 28 de octubre, la senadora demócrata Barbara Boxer aplaudió el encausamiento de Libby, declarando que si la Casa Blanca hubiera escuchado a sus críticos liberales y evitado el argumento de las armas de destrucción masiva en Iraq, “podríamos habernos…metido ahí con todo el mundo en vez de lo que hemos hecho”.

El principal editorial publicado por el New York Times el 29 de octubre, sobre “El caso contra Scooter Libby”, concluyó diciendo: “Lo esencial que deben tener en mente los americanos es lo siguiente: que no había armas de destrucción masiva en Iraq”.

Los directores del Times publicaron un segundo editorial ese día, donde dejaron claro que su polémica no era sobre si se debería de llevar a cabo una política de guerra sino sobre cómo realizarla.

Al referirse a las acusaciones contra Libby, el Financial Times de Londres dijo en un editorial fechado el 29 y 30 de octubre: “Los republicanos pueden argumentar que el caso Plame refleja una tendencia a criminalizar las discrepancias honestas sobre políticas, en este caso la justificación para ir a la guerra contra Iraq. Es efectivamente un fenómeno inquietante”.

Sin embargo, después de una investigación de dos años por un gran jurado, el FBI y un fiscal especial, nadie ha sido acusado del cargo original de desvelar la identidad de una espía.

Más bien, el asesor vicepresidencial Libby enfrenta una sentencia tres veces mayor por supuestas incongruencias en sus entrevistas con el FBI, y por aceptar después esas declaraciones como hecho en su testimonio bajo juramento ante el gran jurado.

Muchos presumen que el otro alto funcionario implicado en este caso —nombrado el “Funcionario A” en el encausamiento— es Karl Rove, principal asesor del presidente. Hasta la fecha, Rove no ha sido acusado. El reconoce haber hablado con la prensa sobre los vínculos de Plame con la CIA, pero afirma que no violó la ley porque obtuvo los hechos de otros periodistas y no de documentos secretos.  
 
Un tono más burdo
La actual polémica en Washington ha venido acompañada de un lenguaje burdo, como en la controversia en torno a la periodista del New York Times Judith Miller, , quien pasó 85 días en la cárcel por negarse a dar testimonio ante el gran jurado. Miller presuntamente estaba protegiendo la fuente —supuestamente Libby— que le había filtrado la identidad de Plame.

Ahora, tras haber defendido en público a una de sus principales reporteras mientras estaba presa, los directores del Times se han aprestado a distanciarse de Miller. Bill Keller, director ejecutivo del diario, afirmó en un memorándum fechado el 21 de octubre que habría sido más cuidadoso en defender a Miller si hubiera sabido acerca de su “lío con Libby”.

El 25 de octubre el Times publicó un comentario de la columnista Maureen Dowd, bajo el encabezado “Mujer de destrucción masiva”, donde atacó el carácter personal de Miller. Al criticar los reportajes de Miller antes de la guerra, escribió que “los artículos de Judy sobre las ADM [armas de destrucción masiva] coincidían demasiado perfectamente con el argumento de la Casa Blanca a favor de la guerra”.

En posteriores entrevistas Dowd ha chismoseado que Miller arruinó su carrera y su objetividad como periodista por su “historial de salir con hombres poderosos”.

Andrea Peyser, columnista del New York Post, dijo que Dowd había vilipendiado a su colega “por tener una fama de putañera, que según Dowd deformó su periodismo”.

En un artículo fechado el 25 de octubre, el columnista Nicholas Kristof del Times —que de ninguna manra puede ser considerado amigo de la Casa Blanca— expresó su inquietud ante los efectos desestabilizadores de esta faccionalización de la política burguesa. “Antes de arrastrar a la prisión a cualquier funcionario de la administración Bush, deberíamos hacer una pausa y respirar hondo y despacio”.

“En los años 90 vimos el daño que pueden hacer los fiscales especiales”, escribió Kristof. “Así fue, sobre todo, con la persecución fanática de Bill Clinton por Kenneth Starr”. Se refería al soez escándalo sexual que llevó a Clinton a un juicio político a realizadoCongreso durante su segundo mandato.

En un artículo editorial publicado el 29 de octubre en el Washington Post, dos antiguos abogados del Departamento de Justicia, David Rivkin y Lee Casey, advirtieron sobre los poderes de los fiscales especiales que han sido nombrados desde el escándalo de Watergate que llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974. “Con los libros judiciales llenos de una gran variedad de delitos, un fiscal tiene bastantes probabilidades de encontrar por lo menos una violación técnica de alguna ley por parte de casi cualquiera”, escribieron.

La actual polémica política señala la crisis de confianza entre los círculos gobernantes de Estados Unidos, a medida que éstos marchan hacia un futuro cada vez más inestable de depresión, guerra y conflictos de clase. La comentarista republicana Peggy Noonan destacó este malestar en una columna publicada el 27 de octubre en el Wall Street Journal. Dijo que existía una sensación generalizada de que “la cosas se han descompuesto de una manera profunda y fundamental, y que no se pueden volver a componer… en un futuro inmediato”.

Noonan aclaró que no estaba simplemente “hablando de ‘Plamegate’, sino de toda la enchilada…. Creo que existe una sensación general y amorfa de que las cosas están descompuestas y que se acerca una historia ardua”.  
 
 
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