Las medidas represivas del gobierno han tenido su impacto. Las protestas han disminuido bastante. Las autoridades han desplegado a 9 500 policías, incluso del odiado cuerpo de policía antimotines conocido como el CRS, en los barrios donde viven los inmigrantes, en su mayoría provenientes de Africa del Norte así como de Africa subsahariana. En París se movilizaron 3 mil policías el 12 de noviembre para imponer la prohibición de 24 horas contra asambleas no autorizadas.

En los días en que culminaron los disturbios hubo protestas en 300 ciudades y pueblos de Francia. Más de 8 mil vehículos fueron incendiados y muchos negocios destruidos.

El estado de emergencia se basa en una ley de 1955 que se usó contra los argelinos que luchaban por su independencia contra el yugo colonial francés. La última vez que París usó esta ley dentro de Francia fue en 1961 para reprimir las protestas de los argelinos en Paris. Bajo esta ley las autoridades locales en 25 de los 96 departamentos del país pueden imponer toques de queda contra jóvenes que no estén acompañados de un adulto.

En el barrio Madeleine en Evreux, en las afueras de París, se está imponiendo el toque de queda contra todos los residentes. Los alcaldes de 40 ciudades en seis de estos departamentos han decretado el toque de queda. La policía ahí puede prohibir las reuniones públicas, registrar hogares a todo momento y prohibir la salida o encarcelar a los acusados de violar este reglamento.

En La Courneuve, un suburbio norte de París, una cadena de televisión filmó a la policía cuando golpeaba brutalmente a un joven manifestante el 7 de noviembre mientras le gritaban insultos racistas. Para calmar el escándalo provocado por la muestra de este video, las autoridades suspendieron a ocho policías, entablaron cargos contra cinco de ellos y encarcelaron a uno por unos días. El joven golpeado sigue preso.

Para el 16 de noviembre la policía había detenido a 2 800 personas, en su mayoría ciudadanos franceses. El ministro del interior Nicolas Sarkozy declaró que comenzarán a deportar “extranjeros” acusados de participar en los disturbios, incluyendo los que tengan documentos de residencia.

El grupo SOS-Racisme ha entablado una queja ante el Consejo de Estado contra esta medida. El ministro del exterior Philippe Douste-Blazy declaró que se opone a la deportación de los que tengan sus documentos.

Entretanto, el parlamentario Jean-Paul Garuad, de la gobernante Unión por un Movimiento Popular, anunció planes para presentar leyes que darían a los tribunales la potestad de “retirar la nacionalidad francesa” a los ciudadanos naturalizados que fueron detenidos por participar en las protestas, informó el diario Le Monde.

Los disturbios se vieron impulsados por la dificultad que tienen los jóvenes de familias de inmigrantes africanos para conseguir empleos, sobre todo empleos bien remunerados. Según un estudio publicado por la oficina de estadísticas nacionales, Insee, la tasa de desempleo entre los hijos de inmigrantes nacidos en Francia de 19 a 29 años de edad es del 30 por ciento, más del triple del promedio nacional. Para los menores de 25 años la tasa de desempleo es del 36 por ciento.  
 
 
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