Según las estadísticas del gobierno chino, en los primeros 9 meses de este año hubieron 2 337 accidentes mineros causando 4 228 muertes. China es el mayor productor mundial de carbón, del que depende el 75 por ciento de su energía. Las demandas por combustible han aumentado para poder abastecer el crecimiento acelerado de las industrias chinas. Al mismo tiempo las autoridades en Beijing han continuado abriendo la economía centralizada del país a la inversión extranjera y los métodos del mercado capitalista. Estos factores han impulsado la sed de ganancias y beneficio personal de los dueños de las minas y los funcionarios del gobierno, quienes hacen tratos con los patrones a expensas de la seguridad de los trabajadores.

El gobierno chino ha tomado nuevas medidas para reducir las fatalidades en las minas implementando nuevos reglamentos—suspendiendo la producción o cerrando minas que no cumplan con las normas de seguridad y tomando medidas en contra de los arreglos entre funcionarios del gobierno y los patrones.

La autoridad de seguridad en el trabajo de China ha suspendido la producción de más de 12 mil minas. Sin embargo, varios de los desastres mineros recientes ocurrieron en minas que habían recibido ordenes de mantenerse cerradas.

Se espera que estos cierres no tengan un mayor impacto en la producción de carbón ya que en su mayoría son pequeñas minas privadas, las cuales tienden a ser las más peligrosas.

Según informes en el China Youth Daily del mes pasado, la policía china había arrestado al vice-alcalde de la ciudad de Fukang, quien era el responsable de seguridad cuando tuvo lugar una explosión en la mina de carbón de Shenlong en la que murieron 83 trabajadores. Supuestamente, el alcalde había recibido de la compañía 20 mil dólares en sobornos.

Para el 20 de octubre casi 4 600 funcionarios habían admitido tener inversiones privadas ilegales en minas de carbón que asumen un total de 80 millones de dólares. Aquellos que retiraron sus inversiones —incluyendo a más de 3 mil funcionarios del estado y 1 500 directores de empresas estatales—no recibirán penas, declaró el Viceministro de Supervisión Chen Changzhi.  
 
 
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