Algunos sindicatos y grupos que abogan por los inmigrantes han enfocado estas acciones en contra de la propuesta Sensenbrenner, que la Cámara de Representantes aprobó el 16 de diciembre, y a favor del proyecto de ley presentado en el Senado por el republicano John McCain y el demócrata Edward Kennedy.

Según la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal (HR 4437), presentada por el congresista republicano James Sensenbrenner, sería un delito federal grave —una violación criminal, no solo civil— vivir en Estados Unidos sin los documentos correctos o cometer hasta una infracción menor de los reglamentos de inmigración. Excluiría permanentemente a millones de personas de la posibilidad de cambiar su estado migratorio.

Según un informe del Centro Hispano Pew publicado en marzo, en Estados Unidos viven casi 12 millones de trabajadores indocumentados, un 5 por ciento de la fuerza laboral, de los cuales 4.4 millones llegaron después del 2000.

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes también declara como delito grave el “ayudar” o “aconsejar” a un inmigrante indocumentado.

También aumentaría el poder del gobierno federal de efectuar detenciones obligatorias y deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados, y limitaría aún más su derecho de apelación. La ley además propone construir un cerco en la frontera de Estados Unidos con México y reforzar la vigilancia fronteriza, incluyendo el uso de las fuerzas armadas norteamericanas en operaciones de vigilancia.

El republicano Arlen Specter ha presentado en el Senado una propuesta similar a la de Sensenbrenner, que además incluye un programa de “trabajadores huésped”.

Las acciones en contra del proyecto Sensenbrenner han promovido el proyecto McCain-Kennedy, presentándolo como “camino hacia la legalidad” para millones de trabajadores nacidos en el extranjero.

El proyecto McCain-Kennedy, la Ley por una América Segura e Inmigración Ordenada, presentada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado con apoyo bipartidista, reforzaría a la policía de inmigración y centralizaría más las operaciones fronterizas de las agencias policiacas federales, estatales y locales.

El aspecto de esa medida que más publicidad ha recibido es el programa de “trabajadores temporales”, que incorpora elementos del plan de “trabajadores huésped” propuesto por el presidente George Bush. Permitiría que los trabajadores indocumentados que demuestren que han trabajado en Estados Unidos desde el 12 de mayo de 2005 soliciten una visa temporal, válida por seis años. Los trabajadores que se encuentran fuera de Estados Unidos podrán solicitar una visa temporal de tres años, renovable por tres años, si muestran que han recibido una oferta de empleo a través de un registro del gobierno federal y que ningún “trabajador norteamericano” aceptó ese trabajo.

El trabajador tendría que someterse a una inspección de seguridad y de antecedentes penales, y pagar una “multa” de mil dólares —por haber sido “ilegal”— más otras cuotas.

La propuesta McCain-Kennedy establecería una masiva base de datos, el Sistema de Confirmación de Elegibilidad de Empleo, permitiendo que los patrones verificaran de forma electrónica la identidad de un trabajador y su elegibilidad de empleo. Los trabajadores contratados a través de este registro podrían cambiar de empleo, pero continuarían dependiendo de sus patrones para mantener su estado legal. Los trabajadores admitidos de otros países serían deportados si quedaran desempleados por 45 días.

Por lo tanto, a pesar de las “protecciones” estipuladas en la ley, estos trabajadores estarían bajo la constante amenaza de ser despedidos y deportados, constituyendo una reserva de mano de obra superexplotada.

Bajo este programa los trabajadores podrían solicitar la residencia permanente (tarjeta verde) solo al final de los seis años de la visa temporal, y después de pagar otra “multa” de mil dólares y otras cuotas.

Unos de los elementos poco destacados por los partidarios liberales de la Ley por una América Segura e Inmigración Ordenada es el “Sistema de Confirmación de Elegibilidad de Empleo”. Aunque al principio sería solo para los trabajadores temporales, quienes recibirían una “tarjeta a prueba de falsificaciones”, la ley apuntaría a la extensión de este sistema a todos los trabajadores.

La base de datos recogería información sobre el trabajador y su país de origen, estado legal, oficio, ciudad donde trabaja, salario anual, fechas de empleo y datos “biométricos” tales como las huellas digitales y análisis del iris.

“La información se guardaría en una masiva base de datos que crea el marco para un sistema nacional de identidad, provocando inquietudes muy graves respecto a las libertades y los derechos civiles”, dijo el Centro Nacional de Leyes de Inmigración en un análisis del proyecto que en general era favorable.

Funcionarios de varios sindicatos apoyan el proyecto McCain-Kennedy, entre ellos el sindicato de empleados de servicios SEIU, UNITE-HERE y el sindicato de la industria alimenticia UFCW. El sindicato Laborers (LIUNA) y la AFL-CIO se oponen al programa de trabajadores huésped, aduciendo que deprimiría los salarios. En una rueda de prensa el 28 de febrero en San Diego, funcionarios de la AFL-CIO dijeron estar a favor de leyes que condicionan la expedición de tarjetas de residencia “a las demandas del mercado laboral, con más tarjetas verdes expedidas cuando hay una mayor demanda de mano de obra extranjera”, informó el Unión-Tribune de San Diego.
 
 
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