Han crecido la confianza y el orgullo de haber venido de México o de otras naciones. Por otro lado ha disminuido el temor a los patrones y a la policía de inmigración. Como dijo a la prensa Jesús Hernández, uno de los 33 trabajadores despedidos de la Universal Form Clamp en Bellwood, cerca de Chicago, por haberse sumado a la manifestación de más de 100 mil personas a favor de los derechos de los inmigrantes el 10 de marzo, “La marcha ocurrió por la misma razón por la que estamos aquí hoy: por el derecho a que se nos respete”. Al mantenerse firmes, los 33 obreros recuperaron sus trabajos.

Y hay otras victorias, parciales pero significativas para los 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El 17 de marzo la división de inmigración del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo anunció que suspendería la práctica de usar falsas reuniones de seguridad en sitios de trabajo para atrapar y arrestar trabajadores indocumentados. Una propuesta que habría exigido que los “trabajadores huéspedes” regresaran a sus países de origen después de seis años antes de poder solicitar la residencia permanente fue excluida del proyecto de ley aprobado por el Comité Judicial del Senado dos días después de que más de medio millón de personas marcharan en Los ángeles.

Parece que los vientos soplan en dirección contraria al proyecto de ley Sensenbrenner que la Casa de Representantes aprobó en diciembre, que contiene medidas que justificadamente han provocado la ira entre los trabajadores inmigrantes, como el convertir en criminales a todos los indocumentados y quienes les presten ayuda.

La meta de todas las propuestas de “reforma migratoria” que están siendo debatidas en el Congreso —como la ley McCain-Kennedy, que muchos políticos capitalistas quieren hacer pasar como una alternativa pro inmigrante a la propuesta de Sensenbrenner, o su variante que el Comité Judicial del Senado acaba de aprobar— es perpetuar las divisiones dentro de la clase trabajadora. El objetivo de estas leyes no es expulsar a los indocumentados o desacelerar la inmigración. Eso no solo es imposible —el número de trabajadores indocumentados ha alcanzado el 5 por ciento de la fuerza laboral—, sino que los patrones norteamericanos necesitan la mano de obra inmigrante para mantener su ventaja frente a sus competidores extranjeros. Su propósito es mantener en una condición más vulnerable a una sección de la clase trabajadora, lo que a su vez asegure a los patrones una reserva de trabajadores súper explotados y les permita multiplicar sus ganancias.

La clase trabajadora en Estados Unidos —que se ha internacionalizado y así se ha fortalecido a medida que los trabajadores inmigrantes se integran más a la sociedad— tiene motivos para regocijarse del mar de banderas mexicanas y de otras naciones que recientemente colmaron las calles de Los ángeles, demostrando que California se está convirtiendo en parte de México como lo es de Estados Unidos. Este es el momento de que el movimiento obrero exija que todos los trabajadores indocumentados reciban inmediatamente la residencia permanente. Este es el momento de presionar para sindicalizar a todos los trabajadores —nacidos aquí y nacidos en el exterior— para así poder combatir los ataques patronales contra los salarios, condiciones de trabajo y la dignidad del pueblo trabajador. Este es el momento de organizar y participar en las movilizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes que continuarán hasta el día nacional de acción el 10 de abril.
 
 
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