En respuesta a la ley Sensenbrenner, aprobada por la Cámara de Representantes, que calificaría de delincuente a toda persona que resida en Estados Unidos sin tener todos sus documentos en regla, cientos de miles han proclamado: “Somos trabajadores, no criminales”. Esa respuesta contrarresta muy bien la táctica patronal de “divide y vencerás”. Explica por qué la demanda de que todos los residentes de Estados Unidos obtengan inmediatamente sus plenos derechos legales refuerza a toda la clase trabajadora. Fortalece nuestra lucha común contra los ataques patronales a nuestro nivel de vida, condiciones laborales, salarios y derechos.

Las protestas masivas contra las medidas antiinmigrantes indican la creciente confianza de los trabajadores nacidos en el exterior, incluidos muchos de los casi 12 millones de indocumentados. “Aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan, regresamos”, corean millones de trabajadores. Esta combatividad se evidenció muy bien en Los Angeles, donde entre 500 mil y un millón de personas colmaron las calles en un mar de banderas mexicanas y de otros países, y donde decenas de miles de jóvenes de secundaria realizaron paros estudiantiles a pesar de los “encierros” escolares.

La magnitud sin precedentes de estas protestas sorprendió a la clase dominante estadounidense y está impactando la política en Estados Unidos. Las acciones han ahondado las divisiones entre los ricos gobernantes en torno a la política migratoria y han hecho menos probable que el Congreso apruebe cualquier medida que criminalice a los indocumentados.

Todas las propuestas inmigratorias que hoy debaten los políticos demócratas y republicanos responden a los intereses de los gobernantes multimillonarios a expensas del pueblo trabajador. Pero su objetivo no es echar de Estados Unidos a los trabajadores inmigrantes, sino rebajar sus condiciones de vida. Desde las medidas para reforzar la policía fronteriza hasta la creación de un programa de “trabajadores huésped”, el objetivo es mantener un sector paria de la clase trabajadora con menos protecciones legales y sometidos a la superexplotación.

La respuesta más eficaz a estos ataques es exigir la amnistía inmediata para todos los inmigrantes sin documentos. Todos los que residan en este país, ya sea que hayan nacido aquí o en el exterior, deben tener el derecho de trabajar y vivir libres de discriminación, libres de la amenaza del acoso policiaco, de arrestos y deportaciones. Los indocumentados deben recibir inmediatamente la residencia permanente, abriendo el camino para obtener la ciudadanía. Sin plazos de espera, sin multas u otros requisitos onerosos. La tarjeta verde les daría a millones el derecho de vivir y trabajar en Estados Unidos —limitando la capacidad de los patrones de superexplotarlos— y de viajar libremente.

El movimiento obrero debe reivindicar esta demanda, junto con sindicalizar a todos los trabajadores —nacidos aquí o en el exterior— a la vez que promueve las actuales movilizaciones pro derechos de inmigrantes, incluidas las marchas de la jornada nacional de acción que se celebrará el 10 de abril.
 
 
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