Los trabajadores, en su mayoría mexicanos, junto con otros compañeros de trabajo de la planta Wolverine Packing, asistieron a la manifestación de 20 mil personas del 27 de marzo para demandar la residencia legal para los inmigrantes indocumentados. Fue una de las decenas de protestas de trabajadores inmigrantes desde principios de marzo a lo largo del país.

“No nos despidieron por ser vagos o causar problemas. Lo hicieron para intimidarnos”, dijo Minerva Ramírez.

La semana antes de la marcha, dijo Ramírez, quien trabaja en el steak room, un supervisor de la compañía fue a ese departamento y apunto los nombres de los trabajadores que pensaban ir a la marcha. Muchos de ellos habían tratado en vano de obtener licencia ese día. Algunos de ellos hasta ofrecieron trabajar horas extras o trabajar durante sus días libres para recuperar las pocas horas que estarían ausentes, dijo Ramírez.

En una declaración del 6 de abril, el director general de Wolverine, Jay Bonahoom, dijo que solo un número limitado de trabajadores recibió permiso de tomarse el día libre, y que les habían advertido a todos de que fueran a trabajar el día de la marcha a menos de que tuvieran licencia. Muchos se sumaron a la marcha a pesar de las amenazas, incluyendo 21 de los casi 30 trabajadores del “steak room”. “Nunca dijeron que nos despedirían”, dijo Ramírez. “Yo pensé que nos suspenderían por tres días y que no nos pagarían nuestro bono, como han hecho otras veces.

“El gobierno empezó el debate sobre la inmigración, y queremos asegurarnos que la legalización sea de verdad, y que no se quede en promesas”, dijo Ramírez.

El 27 de marzo, los manifestantes se reunieron cerca ce la iglesia del Santo Redentor en Mexicantown, un barrio del suroeste de Detroit compuesto mayormente por inmigrantes, para marchar al centro de la ciudad. Muchos comercios permanecieron cerrados hasta las 2 de la tarde, cuando terminó la protesta.

Cuando regresaron al trabajo, la compañía impidió que 21 de los trabajadores entraran a la planta y les informó que ya no tenían trabajo.

Ramírez, quien ha trabajado casi seis años en la Wolverine, es la única de los despedidos que ha sido contratada directamente por la compañía. Los demás son trabajadores temporales contratados por medio de una agencia, Minutemen Staffing Co., aunque la mayoría ha trabajado en la empacadora por lo menos tres años.

La Wolverine Packing emplea a unos 350 trabajadores en tres plantas en el sureste de Detroit. La mayoría de los trabajadores están organizados por el Local 876 del sindicato de la industria alimenticia UFCW. En un intento de dividir a los trabajadores y debilitar al sindicato, la compañía contrata a trabajadores temporales en el “steak room”, el cual no está sindicalizado. La planta principal sí está sindicalizada. Los trabajadores temporales no tienen beneficios, vacaciones remuneradas o licencia por enfermedad, y hace años que no reciben un aumento salarial, dijo Ramírez.

“El despedir a trabajadores inmigrantes indocumentados cuando salen en defensa de los derechos humanos es una táctica empleada comúnmente en la industria empacadora de carne”, afirmó el sindicato UFCW en una declaración emitida el 13 de abril en respuesta a lo despidos. “Es una forma de mantener una fuerza laboral atemorizada e intimidada”. El sindicato condenó el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre por “criminalizar a todo trabajador indocumentado o a toda persona que los ayude”.

La lucha de los trabajadores por recuperar sus empleos recibió mucha publicidad en los medios de comunicación. Fue divulgada en periódicos y cadenas de televisión por todo Estados Unidos y a nivel internacional, especialmente después de las movilizaciones de inmigrantes del 9 y 10 de abril, cuando muchos trabajadores despedidos lucharon por recuperar sus trabajos alrededor del país. Hubo reportajes sobre el caso en Univisión, Radio Caracol de Colombia, radioemisoras mexicanas, el New York Times y el Chicago Tribune, entre otros medios.

Ante esta publicidad y la negativa de los trabajadores de aceptar los despidos, los patrones cedieron y el 13 de abril ofrecieron reintegrar a los 21 trabajadores con el pago completo de sus salarios perdidos. Funcionarios de la compañía alegaron que hubo confusión sobre “la notificación y la consecuencias por ausentarse del trabajo el 27 de marzo”.

Sin embargo, la empresa dijo que va a ser necesario que la Minutemen Staffing Co. “vuelva a revisar los documentos de empleo antes que un trabajador regrese a su puesto”. Bonahoom dijo estar preocupado por informes noticiosos que alegaban que algunos trabajadores eran indocumentados. Anteriormente había dicho que en base a la información que tenía Wolverine, los trabajadores sí tenían documentos.

Para el 18 de abril, Ramírez y otros 15 trabajadores habían regresado al trabajo. Ella dijo que cuando algunos de los trabajadores regresaron a la planta el 17 de abril, los recibieron sus compañeros con comentarios como “¡Estamos ganando esta batalla!” Los trabajadores además presentaron a la compañía una lista de demandas, incluyendo el pago de tres semanas retrasadas, un funcionario bilingüe en la oficina de personal, y la revisión de las escalas salariales cada seis meses.  
 
Divisiones sobre boicot del 1 de mayo
Se han programado más protestas a nivel nacional del 29 de abril al 1 de mayo. Algunos grupos han instado a los inmigrantes a que no vayan al trabajo o a la escuela, que no hagan compras y que participen en marchas el lunes 1 de mayo. Entre los principales promotores del boicot del 1 de mayo están la Asociación Política Mexicano-Americana, con sede en Los Angeles, y la coalición ANSWER, un grupo antibélico.

Sin embargo, muchos de los grupos e individuos que apoyaron las actividades del 10 de abril, especialmente lo que están asociados al Partido Demócrata, se han distanciado de esta propuesta. El cardenal Roger Mahony, quien promovió las anteriores acciones pro derechos de inmigrantes en Los Angeles, se ha pronunciado en contra de realizar paros el 1 de mayo.

La Coalición de Inmigrantes de la Capital Nacional, que ayudó a organizar la marcha de más de medio millón de personas en Washington, realizó una conferencia de prensa el 19 de abril para distanciarse del boicot.

“Esto es algo que tenemos que tomar muy en serio y contemplar todas las repercusiones si no se hace de la manera correcta o si produce una reacción contraria”, dijo Jaime Contreras, presidente de la coalición y también presidente de un local del sindicato SEIU. “Es prematuro hacer el boicot el 1 de mayo”.

Contreras y otras personas dijeron que convocarán a mítines para el 1 de mayo después del trabajo o de la escuela.

El sindicato de la industria alimenticia UFCW ha estado informando a sus locales en el Medio Oeste que apoya la lucha de los trabajadores inmigrantes por la legalización, pero que lo que los miembros del UFCW hagan el 1 de mayo es una “una decisión personal”.
 
 
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