Las oleadas migratorias previas, en el siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XX, vinieron principalmente de Europa. De los 20 millones de personas que se han movido a Estados Unidos desde 1980, el 75 por ciento vino de Asia y Latinoamérica. Esta explosión migratoria en décadas recientes ha resultado en el aumento del número de extranjeros nacidos en Estados Unidos, una población que ha crecido del 6.2 por ciento en 1980 al 12 por ciento el año pasado.

Durante los años 60 más de 400 mil asiáticos entraron a Estados Unidos, después de habérseles prohibido la entrada desde 1917 a 1943 y luego de estar severamente restringida por las cuotas migratorias hasta que fueron levantadas en 1965.

La mayoría de aquellos que entraron a Estados Unidos desde los años setenta han venido de países en Latinoamérica y el Caribe, especialmente de México. La clase capitalista estadounidense ha continuado usando a estos trabajadores para satisfacer sus necesidades laborales en la agricultura y la industria con una fuerza de trabajo que pueda someter a un status de segunda clase y súper explotarla.

La cantidad de trabajadores sin documentos ha aumentado de 2 millones en los años ochenta a hasta los 12 millones en la actualidad, cerca del 5 por ciento de la fuerza laboral. Según un estudio reciente del Pew Hispanic Center, el 40 por ciento de indocumentados ha llegado a Estados Unidos en los últimos cinco años.

Los gobernantes estadounidenses dependen de los trabajadores inmigrantes especialmente en la agricultura, manufactura de ropa, en empacadoras de carne, restaurantes, hoteles y en la construcción. Su uso de la policía y leyes está diseñada no para bloquear la inmigración, sino para mantener una sección de la clase trabajadora con menos protección legal, y por lo tanto más vulnerable a la superexplotación. La amenaza de deportación tiene por objetivo intimidar a los trabajadores extranjeros para que no se organicen en sindicatos y participen en luchas sociales y políticas. Esta situación ayuda a los patrones a incrementar la competencia por trabajos y rebajar los salarios de todos los trabajadores, mientras promueven las divisiones entre trabajadores haciendo a los inmigrantes chivos expiatorios por las males sociales causados por el capitalismo.

Ante el aumento de la población de trabajadores indocumentados y el brote de una economía subterránea, la clase gobernante estadounidense periódicamente ha aprobado legislaciones para regularizar el status de algunos trabajadores sin documentos, en busca de un control más estricto de la fuerza laboral. La Ley de Reforma y Control de la Inmigración aprobada por el congreso en 1986 y convertida en ley por el Presidente Ronald Reagan fue un esfuerzo bipartidista para responder a esta situación. La ley proporcionó amnistía a 2.7 millones de trabajadores indocumentados: de los cuales 1.6 millones fueron individuos que pudieron comprobar que habían residido en el país desde el 1 de enero de 1982, y 1.1 millones de trabajadores agrícolas que habían trabajado en Estados Unidos por lo menos seis meses.

Para ayudar a llenar la necesidad de trabajadores temporarios en los campos del Suroeste, la legislación creó un nuevo programa de siete años para trabajadores agricultores temporarios. Este estableció multas para los patrones que emplearan inmigrantes sin documentos oficiales. El propósito no era parar la inmigración, sino permitir a los patrones usar la amenaza de la deportación para aumentar el miedo entre los trabajadores indocumentados que ellos contrataban.

Cuatro años después, otra ley aumentó significativamente el límite anual de inmigración de los 290 mil en 1965 a 700 mil para 1992-94 y 675 mil a partir de 1995. Las cifras reales fueron mucho más altas. El límite anual no incluía a los familiares de ciudadanos estadounidenses que recibieron un número ilimitado de visas y los 125 mil refugiados admitidos cada año.

La administración del presidente Clinton tomó pasos adicionales para reforzar el status de segunda clase de los trabajadores inmigrantes y para debilitar el movimiento laboral en su totalidad al promulgar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante en 1996. Esta medida expandió los poderes de las autoridades federales de inmigración para arrestar y deportar a aquellos acusados de ser “ilegales” sin el derecho de una revisión judicial o una apelación. Aquellos que se encuentran en Estados Unidos por más de seis meses después que su visa ha expirado podían ser deportados y se les prohibiría regresar por tres años. Aquellos sin una visa por más de un año tendrían que esperar por diez años antes de poder regresar legalmente.

La legislación duplicó el número de agentes de la patrulla fronteriza a unos 10 mil, convirtiéndola en la agencia federal de policía más grande. Esta también requirió que los estados emitieran documentos de identificación y le negó a los inmigrantes indocumentados los beneficios del seguro social.

El mismo año la administración Clinton puso en efecto la llamada ley de reforma del sistema de asistencia pública, la cual expandió estas restricciones. Además de eliminar la Ayuda para Familias con Hijos Dependientes, esta legislación, la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo de 1996, le negó a los inmigrantes indocumentados el acceso a la mayoría de los programas de asistencia pública federal, estatal y local. Los inmigrantes legales que entraron a Estados Unidos después de 1996 no eran elegibles para recibir beneficios de varios programas federales como estampas de comida y Medicaid sino hasta después de cinco años.

Bajo la mantra de la lucha contra el terrorismo la administración Bush ha tomado medidas adicionales para reforzar la policía de inmigración y restringir los derechos de los inmigrantes, tales como la Ley Patriot USA. Estas medidas constituyen el marco para varios proyectos de “reforma” migratoria que están siendo discutidos actualmente en el congreso. Entre los aspectos donde hay un acuerdo bipartidista está el aumento del número de agentes de la patrulla fronteriza. Entre los planes en consideración esta una propuesta para duplicar el tamaño de la migra en los próximos cinco años de su nivel actual de 12 mil agentes.  
 
 
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