En Estados Unidos, 112 mil personas de ascendencia japonesa fueron encerrados en campos de concentración durante la guerra. En Canadá fueron detenidos 23 mil japoneses residentes en Columbia Británica, tres cuartos de los cuales eran ciudadanos canadienses.

En estas detenciones participaron gobiernos latinoamericanos que tenían buenas relaciones con Washington. Casi 2 300 personas de 13 países fueron arrestadas y encarceladas en campos de concentración del Departamento de Justicia estadounidense. Muchas de estas personas fueron encarceladas en Crystal City, Texas. Unos 1 800 de estos detenidos —el 80 por ciento— eran residentes legales de Perú de ascendencia japonesa. Por otra parte, los gobiernos de Brasil, Uruguay, Paraguay y Cuba llevaron a cabo las órdenes de Washington creando sus propios campos de detención para los japoneses residentes en esos países.

A raíz de las restricciones inmigratorias en Estados Unidos, un mayor número de inmigrantes japoneses al hemisferio occidental se radicaron en países latinoamericanos. En 1908 el presidente norteamericano Theodore Roosevelt firmó un “acuerdo de honor” con Tokio para suspender la inmigración japonesa a Estados Unidos. Once años después, el Congreso norteamericano aprobó una ley que estableció una Zona de Exclusión Asiática, dándole un carácter legislativo a esta restricción. Esta ley se mantuvo vigente hasta 1952.

(Los tres artículos anteriores de esta serie esbozaron la evolución de las restricciones inmigratorias del gobierno norteamericano desde el siglo 19 hasta el presente.)

Los inmigrantes japoneses comenzaron a llegar a Latinoamérica en el siglo 19. La mayoría de los que fueron a Cuba llegaron entre 1910 y 1930 en busca de trabajo. Más de 300 de estos hombres fueron encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial en el Presidio Modelo en la Isla de Pinos, nombrada la Isla de la Juventud después de la revolución de 1959, cuando los trabajadores y campesinos cubanos derrocaron a la odiada dictadura respaldada por Washington y abrieron paso a la primera revolución socialista de América. Hoy en Cuba viven cerca de 1 300 ciudadanos de ascendencia japonesa. Ahora todos los años se celebra un festival en agosto en la Isla de la Juventud para recordar la detención de los cubano-japoneses por el régimen durante la guerra.

Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses en Perú eran dueños de un buen número de negocios y administraban instituciones culturales. En Lima había seis escuelas japonesas. Cuando la policía peruana arrestó a estas personas y las deportó a Estados Unidos, Washington pagó el transporte. Las autoridades locales les confiscaron sus pasaportes y visas.

El gobierno norteamericano no solo mantuvo a estos japoneses latinoamericanos en los campos de concentración bajo condiciones miserables. Desde un principio, su idea era de intercambiar a muchos de ellos por prisioneros de guerra estadounidenses. Casi 900 reclusos japoneses de Latinoamérica fueron enviados a Japón como parte de este acuerdo. Muchos nunca habían estado en Japón, y algunos solo hablaban español.

Cientos más fueron obligados a irse a Japón después de la guerra cuando el gobierno peruano se negó a dejarlos regresar, y Washington los deportó como “extranjeros ilegales”. En diciembre de 1947, dos años después de concluida la guerra, el secretario del interior Harold Ickes reconoció que Washington aún mantenía presos a 293 peruano-japoneses. Algunos quedaron encerrados hasta el año siguiente.

German Yaki tenía 12 años cuando su padre fue deportado de Perú en enero de 1943 y encarcelado en el campo de concentración de Crystal City. Su padre había sido dirigente de la sociedad peruano-japonesa en Lima. Seis meses después, él y su madre se le unieron. “Yo siempre pensaba, ‘Yo no hice nada malo. Mi padre no hizo nada malo. ¿Por qué debemos pagar por algo de lo cual no fuimos responsables?”, dijo a la revista Time Asia en una entrevista en junio de 2000.

En enero de 1944, la empresa agrícola Seabrook Farms empezó a contratar a japoneses-americanos y a latinoamericanos que habían estado presos en los campos de concentración de Estados Unidos para trabajar en su planta de alimentos en el sur de Nueva Jersey. La compañía suministró alimentos congelados a las fuerzas armadas de Estados Unidos durante la guerra. Producía y empacaba vegetales congelados, incluyendo la marca Birdseye. Al cabo de un año, cerca de mil trabajadores habían sido trasladados a Seabrook, Nueva Jersey. La compañía contrató a casi 3 mil japoneses como trabajadores agrícolas y de fábrica. En 1955 la revista Life dijo que la Seabrook era la fábrica de vegetales más grande del mundo.

Muchos de los que trabajaban entonces en la Seabrook Farms llegaron de los campos de concentración en Crystal City. Seiichi Higashide, en su libro Adiós to Tears: Memoirs of a Japanese-Peruvian Internee in U.S. Concentration Camps (Adiós a las lágrimas: Memorias de un recluso peruano-japonés en campos de concentración de Estados Unidos), describe esa experiencia. Higashide emigró de Japón a Perú en 1931. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, fue deportado al campo de concentración de Crystal City. Más tarde él y su familia fueron reclutados para trabajar en la Seabrook Farms, que describió como un “pueblo controlado por la compañía”.

En un artículo publicado primero en el número de octubre de 1955 de Rafu Shimpo, Jenni Kuida, cuya familia también había sido recluida en Crystal City por la empresa Seabrook, describió las condiciones de trabajo. “Durante la temporada alta, el empleado trabajada turnos de 12 horas por apenas 30 a 50 centavos la hora,” escribió. “Las condiciones de vida eran peores que en Crystal City. Aunque ya no estaba el alambrado de púas, aún vivían en barracas encerradas por alambrado.

De los 1 800 reclusos peruano-japoneses, 300 libraron una batalla judicial, gracias a la cual pudieron asentarse permanentemente en la zona de Seabrook. No pudieron iniciar el proceso de convertirse en residentes permanentes sino hasta 1952. Algunos finalmente se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. No fue sino hasta 1998 que el Departamento de Justicia se disculpó ante los japoneses de Latinoamérica por haberlos traído a la fuerza a Estados Unidos y haberlos recluido en campos de concentración. A 600 de ellos les pagó como indemnización una mínima suma de 5 mil dólares.
 
 
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