La demanda acusa a funcionarios de la ciudad y la policía de discriminación y acoso contra los trabajadores, quienes en su mayoría son latinos, dirigida a echarlos de las calles.

En el juicio, los cuatro trabajadores, así como contratistas y otros individuos, dieron testimonio sobre el acoso por los policías que se colocan en las esquinas donde los trabajadores se congregan para buscar trabajo. La corte ha permitido que los cuatro demandantes se mantengan en anonimato durante el juicio, por temor a las represalias de las autoridades de inmigración.

“Todos los días el mismo policía racista viene en bicicleta a la esquina donde esperamos y se nos queda viendo como si nos fuera a hacer algo, hasta que nos movemos”, dijo al Militante René López, quien trabaja como pintor. “Donde sea que nos paremos, viene y nos dice que no podemos estar allí y nos sigue hasta que nos movemos otra vez. Hasta nos pone nerviosos”, dijo López, oriundo de Guatemala. “Tenemos derecho de buscar cómo ganarnos la vida y ellos creen que valemos menos como seres humanos”.

En abril la ciudad cerró un sitio en el parque Columbus donde los trabajadores buscaban trabajo, supuestamente para evitar que los vecinos, que se habían quejado, presentaran una demanda.

Oscar Cadena, obrero de la construcción, dijo que había menos contratistas que venían a ofrecer trabajo porque la policía los estaba multando. “Esta era una buena parada”, dijo Cadena, un inmigrante mexicano.

“No hacemos daño a nadie”, dijo Alberto Quiñones, miembro del Local 530 del sindicato de constructores de paredes. “Dicen que usamos drogas y causamos disturbios públicos, pero nunca han arrestado a nadie”. Quiñones dijo que viene aquí a menudo cuando le cuesta conseguir trabajo a través del sindicato en Manhattan. “Tienes que buscarte la vida de una forma u otra”, dijo.

“Queremos que la corte afirme que un jornalero, ya sea con documentos o sin documentos, tiene ciertos derechos fundamentales que no pueden ser violados por el gobierno”, dijo César Perales, presidente del Fondo Puertorriqueño para la Educación y la Defensa Legal, que está ayundando a los jornaleros con la demanda judicial. “Hay gobiernos locales que usan diferentes tácticas para sacar a los jornaleros”, dijo Perales.

La demanda contra Mamaroneck es una de las muchas medidas judiciales que los jornaleros y sus partidarios han entablado en diversas localidades para resistir ataques de políticos capitalistas y grupos derechistas: leyes que exigen “solo inglés” y sancionan a compañías y caseros que emplean o alquilan viviendas a trabajadores indocumentados; que autorizan que los policías municipales revisen los documentos de residencia y entreguen a la migra a los trabajadores que no presenten los papeles adecuados.

Muchos de los jornaleros aquí participaron en las movilizaciones del Primero de Mayo que se dieron en esta región para exigir la legalización de todos los inmigrantes. “La mayoría no trabajó ese día”, dijo José García, un guatemalteco de 20 años que trabaja de jardinero. “Tenemos que hacer algo, no solo estar parados aquí buscando trabajo”.  
 
 
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