“Tuvimos mejor producción este año”, dijo, apuntando hacia las matas llenas de lechosa y florecientes matas de maíz, pimienta y yuca. “Pero todavía ninguno de nosotros tiene carta agraria. No hemos visto un centavo de los créditos prometidos. Todavía no tenemos electricidad. Y la única agua potable que tenemos es la que sacamos a mano de los pozos que hemos cavado”.

Ferboss y Ana Julia Quintero cultivan 15 hectáreas de tierra situadas en la parte norte del Charcote, un rancho de 11 960 hectáreas en el municipio Rómulo Gallegos, aproximadamente a 15 kilómetros al sur de San Carlos, la capital de Cojedes, uno de los estados de mayor producción agrícola del país.

Los Quinteros son una de las 800 familias que ocuparon por siete años una gran parte del hato y que lucharon exitosamente para poder cultivar esas tierras. Hasta principios de 2005 el hato estaba manejado por Agroflora, conocida aquí como “la compañía inglesa” por ser propiedad de los Vesteys, una familia capitalista británica. El Grupo Vesteys es dueño de 14 hatos que ocupan 350 mil hectáreas [1 hectárea = 2.47 acres] en este país y tiene inversiones similares en Argentina y Brasil.

El otoño pasado el gobierno dirigido por el presidente Hugo Chávez intervino en una disputa después que el gobernador de Cojedes, Jhonny Yánez, “intentó y fracasó en su intento de desalojarnos de las tierras para proteger los intereses de los terratenientes”, dijo Santiago Anzola, un campesino que cultiva en Puertas Negras, en la entrada a El Charcote.

“Chávez vino aquí, se reunió con Agroflora y después el gobierno compró el hato”, dijo Anzola. “Ahora la tierra le pertenece al estado y Yánez no puede desalojarnos. Pero él y sus amigos latifundistas no nos hacen la vida fácil”.

Los desafíos que enfrentan los campesinos aquí son similares a los que confrontan en otros lugares del país. En el 2001 el gobierno adoptó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual permite a campesinos que estén cultivando tierras ociosas o que previamente estaban poco productivas tratar de obtener títulos legales de propiedad. Desde que ésta ley fue aprobada, los campesinos han intensificado su lucha por la tierra. En muchos casos han establecido su derecho a mantener la tierra y seguir produciendo y algunas veces hasta han ganado títulos de propiedad. Pero sus esfuerzos muchas veces han sido frustrados por grandes agricultores, rancheros y otros latifundistas. Para lograr sus objetivos estos capitalistas han usado las cortes, bandas de matones y apoyo de políticos capitalistas, incluso un número creciente de ellos dentro del partido gobernante del Movimiento V República, como Yánez.  
 
Patrones nacionales
Según un comunicado de prensa del Ministerio de Agricultura del 25 de abril, desde el 2001 “se han recuperado del latifundio unas 3 millones de hectáreas, pero que aún falta por rescatar otras 10 millones de estas”. La misma fuente afirmó que la producción de alimentos a nivel nacional aumentó de 7 millones de toneladas en 1999 a 19 millones en 2005.

Los funcionarios del gobierno insisten que la tierra no está siendo expropiada, sino “rescatada” de los latifundistas que la obtuvieron ilícitamente, enfatizando que la constitución actual protege la propiedad privada.

Los terrenos cultivados en Venezuela aumentaron de 700 mil hectáreas en 1998, cuando Chávez llegó al gobierno, a unos 2 millones actualmente, dijo a la prensa el 3 de octubre José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Ganaderos y Agricultores (Confagan). Confagan es una organización pro-gubernamental.

A pesar de éstos avances, la reforma agraria apenas ha hecho una abolladura en la distribución de la propiedad de la tierra en Venezuela o en la dependencia del país a la importación de alimentos. Según cálculos del gobierno hechos el año pasado, Venezuela importa el 60 por ciento de sus alimentos, principalmente de Brasil, Canadá y Estados Unidos. Entretanto, aproximadamente el 5 por ciento de la población es dueña del 75 por ciento de la tierra cultivable, mucha de la cual está ociosa. El aumento constante en los precios de alimentos, en un 19 por ciento desde enero, es el principal contribuyente a la inflación, la cual este año se ha mantenido en un promedio de 12.5 por ciento.

Muchos de los campesinos entrevistados por El Militante dijeron que la lucha por la tierra no es solamente para garantizar una vida decorosa para sus familias, si no también para lograr la autosuficiencia de alimentos en Venezuela y con precios de mercado asequibles para todos.

Como lo expresó Ana Julia Quintero, “nuestra meta no es solo sobrevivir sino también producir alimentos para el país”.

Hasta hoy, mas de 150 mil familias campesinas han obtenido los títulos de sus tierras, dijo Freddy Zapata del Instituto Nacional de Tierras, en una entrevista del 6 de octubre en Caracas. Pero la mayoría de los trabajadores rurales, unos 3 millones o el 13 por ciento de una población de 24 millones, continúan sin acceso a tierra.  
 
Logros en El Charcote, otras granjas
En enero de 2005, Yánez envió tropas de la Guardia Nacional a escoltar a inspectores que fueron a El Charcote para determinar si los Vesteys tenían título legal del rancho. El tomó esta acción luego que el presidente Chávez emitiera un decreto titulado “Guerra contra latifundios”. Los inspectores determinaron que Agroflora no pudo comprobar tener título legal sobre casi la mitad del hato y declararon esas 6 mil hectáreas propiedad estatal. Yánez prometió títulos de tierras a los campesinos que estaban cultivando esas tierras y trató de desalojar al resto de ellos, consiguiéndolo temporalmente.

“Pero resistimos y regresamos, y luego el gobierno nacional nos ayudó”, dijo el campesino Pablo Villamizar. Durante el conflicto “los campovolantes mataron a un campesino y desaparecieron a otros tres”, dijo Villamizar.

Los campesinos se apuntaron una victoria similar en una propiedad de 23 mil hectáreas, a unas ocho kilómetros al norte de El Charcote, propiedad de los Bultons, una familia venezolana capitalista. Después de varios infructuosos intentos durante siete años para ocupar parte de los terrenos ociosos, que le costó la vida a tres campesinos, 600 familias parceleras han empezado a cultivar 20 hectáreas cada una, dijo Egidio Chávez uno de los campesinos ahí.

“Estamos aquí para quedarnos,” dijo Chávez, vicepresidente del comité de tierras que organizó la ocupación, al Militante el 7 de octubre. “Hace dos meses el gobierno llegó a un acuerdo con los Bultons, donde les compró 13 mil hectáreas del terreno. Esperamos las cartas agrarias pronto”.

Los campesinos en El Charcote describieron más logros. Blanca Roja ha impartido cursos de alfabetización durante año y medio en su vivienda como parte de la Misión Robinson, el programa que el año pasado llevó a Venezuela a declararse un país libre del analfabetismo. “Utilizamos la televisión para mostrar videos que nos mandó Cuba”, afirmó. Su televisor funciona con un pequeño generador que compró para las clases, convirtiendo a su hogar en el único que tiene electricidad en El Charcote.

Doris Freite y Evaristo Marufo ambos con unos 20 años de edad, son unos de los campesinos más jóvenes aquí. “No podríamos alimentar a nuestros dos hijos sin la ayuda de la Misión Vuelvan Caras”, dijo Marufo, “que llega a 362 mil bolívares para las mujeres y 180 mil para los hombres cada mes” [1 dólar = 2 350 bolívares]. Vuelvan Caras es un programa del gobierno que ofrece entrenamiento para empleos, incluso en la agricultura. Los participantes deben asistir diariamente a clases sobre técnicas agrícolas, y reciben compensación por el tiempo de trabajo perdido, dijo Marufo.

Freite dijo que el problema es que los organizadores del programa intentan obligar a las familias participantes a unirse a una cooperativa administrada por el gobierno llamada “Fondo Zamorano”, o sino dicen que uno tiene que abandonar el hato al final de las clases. “Nosotros no estamos de acuerdo con eso”, dijo ella. “Hemos pedido más explicación. Por lo que entendemos, con el Fondo Zamorano, nosotros recibiríamos un ingreso mensual fijo del salario mínimo o menos, y nosotros no podríamos decidir qué cosechas producir ni cómo venderlas. Eso es lo que teníamos con los ingleses”.

Otros campesinos como Eduardo Hernández dijeron que intentos similares en otros estados han resultado en desastre e insistió que esto no pasará en El Charcote. “Conseguiremos cartas agrarias individuales y formaremos cooperativas voluntariamente”, dijo.  
 
Agrónomos cubanos
“El símbolo de nuestra victoria es la casona de los ingleses que ahora está abierta al público,” dijo Ferboss Quintero, quien también es miembro de un consejo comunal de cinco personas, elegido recientemente por una asamblea de los residentes de El Charcote. Esta es una mansión, completa con computadoras, servicio de internet y una piscina, situada en una colina con vista al hato. Agroflora usaba la casa como un centro para sus operaciones de vigilancia. “Ahora nos pertenece a todos”, dijo Quintero.

La asamblea de los campesinos decidió utilizar parte de la casa para una pequeña clínica, que abre ahora los jueves y la atiende un médico cubano quien viene desde el pueblo más cercano. “Esperamos tener un doctor fijo pronto”, dijo Quintero. Unos 20 mil médicos cubanos están en Venezuela como voluntarios como parte del programa Barrio Adentro que ha traído atención médica gratuita de calidad a trabajadores y campesinos que antes no tenían acceso a servicios médicos.

Quintero presentó a los 11 cubanos que ahora residen en la casa a los reporteros del Militante. “Nueve de nosotros somos agrónomos y dos son veterinarios”, dijo Rosa Bejerano, también agrónoma. “Llegamos aquí hace dos meses. Hemos estado estudiando la tierra y las cosechas para asesorar a los campesinos”.

El personal cubano pronto será reubicado, ya que la mayor parte de la casa será utilizada para una escuela primaria, dijo Alcida Córdoba, otra miembro del consejo comunal de El Charcote.

El número de especialistas agrícolas cubanos en el área ha aumentado este año, dijo Freddy Díaz, presidente del comité de tierras de una granja cercana tomada de los Bultons. El nos presentó a Santos Gómez, un agrónomo cubano quien enseña técnicas de cultivo de caña de azúcar a los campesinos ahí.

“Hemos logrado algunas cosas”, dijo Ferboss Quintero. “Pero nos falta mucho aún. Necesitamos cartas agrarias, crédito, maquinaria, electricidad, transporte y buenas viviendas. Tenemos más confianza para luchar por todo esto”.

Ana Julia Quintero dijo que los campesinos ahora están pidiendo que se establezca un centro de acopio donde puedan traer sus cosechas y los representantes de Mercal, una cadena del gobierno que vende alimentos a mitad de los precios del mercado, pueda comprar los productos.  
 
Revés en la Yauquera
Otros en el área han sufrido reveses. En la Yauquera, un área de 25 mil hectáreas cerca de El Charcote adjudicada a los campesinos por un juez en 2004, los latifundistas han apelado y conseguido atar a los campesinos en trámites burocráticos.

“El año pasado suspendimos la ocupación que empezamos en 2004 después que los campovolantes de los terratenientes mataron a dos personas en nuestro campamento”, dijo Jubir Yauca, miembro de una familia indígena que tiene el título de propiedad de estas tierras y que las entregó a cooperativas campesinas. Según el Ministerio de Agricultura, más de 150 dirigentes campesinos han sido asesinados por estos matones desde 2001.

“La política del gobierno que no deben haber nuevas ‘invasiones’ de tierras han sido utilizadas por alguna gente miedosa entre nosotros para argumentar que nos van a llamar invasores si retomamos la granja que según el juez nos pertenece”, dijo Angel Sarmiento, un campesino que ha estado involucrado en esta lucha. “Pero nosotros no somos los invasores. Los latifundistas les quitaron las tierras a los Yaucas”.

“Los terratenientes esperan que nos cansemos y abandonemos la lucha”, dijo Yauca. “Pero no nos rendiremos”.  
 
 
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