Café Express había establecido con las autoridades de inmigración un programa de patrocinio a través del cual el restaurante y la firma legal Boyar & Miller presentarían solicitudes de ciudadanía para los empleados. A cambio, la compañía descontaría 25 dólares semanales de los cheques de los trabajadores para cubrir los gastos legales.

En julio, Café Express envió una carta a Jamie Chávez, el principal demandante, quien trabajaba en uno de los restaurantes en el área de Dallas, y a otros trabajadores diciendo que sus solicitudes no pudieron ser completadas exitosamente. Según documentos de la corte, los trabajadores también fueron informados que al menos que puedan comprobar que habían presentado solicitudes por su propia cuenta antes del 30 de abril de 2001, serían despedidos el 15 de septiembre.

Los trabajadores están pidiendo compensación por daños por el dinero deducido de sus cheques salariales, al igual que salarios de por vida y costos legales. La demanda también pide compensación por daños especiales dado que los trabajadores ya no pueden recibir la residencia en Estados Unidos, previniéndoles poderse hacer ciudadanos de Estados Unidos.  
 
 
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