Vol. 71/No. 9      5 de marzo de 2007

Centenares de los casi 1 300 obreros de la carne arrestados el 12 de diciembre aquí y en Colorado, Minnesota, Nebraska, Texas y Utah siguen presos. El gobierno ha acusado de cargos criminales estatales o federales, incluyendo "robo de identidad", a 274 de estos trabajadores. Casi 600 han sido deportados. Unos 120 fueron puestos en libertad por situaciones especiales como enfermedades o embarazos y tienen que comparecer ante un juez.

En Marshalltown, Iowa, partidarios de los trabajadores afectados han recaudado 85 mil dólares para ayudar a las familias a pagar las deudas legales, el alquiler, los servicios públicos y comprar alimentos mientras los trabajadores o sus familiares tratan de encontrar nuevos empleos y se reunifican con sus seres queridos.

Un artículo de primera plana del Des Moines Register el 12 de febrero fue títulado “Si mi prometida es deportada, yo también me voy, dice oriundo de Iowa”. Cuenta la historia de Dulce Hernández Vázquez, una trabajadora de cafetería que fue arrestada en la planta de la Swift en Marshalltown. Después de ser arrestada, Hernández, quien tiene dos niños, fue trasladada de Iowa a Georgia y ahora está encarcelada en Gadsden, Alabama. Su prometido, Robert Braun, un técnico de salud de animales para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en la planta en Marshalltown. El y el abogado de inmigración Ta-Yu Yang están luchando para que Hernández sea trasladada a Iowa y puesta en libertad hasta el día de su audiencia en la corte.

Braun dice haber perdido “toda confianza en el gobierno”, añadiendo que está furioso por el tratamiento que recibió su novia. “No hay ninguna imparcialidad en todo esto”, dijo. “Es increíble cómo ha cambiado mi perspectiva del sistema judicial”.

En Cactus, Texas, ha habido una gran expresión de apoyo a los inmigrantes arrestados por toda la región, según el Dallas Morning News del 11 de febrero. Carol Valdez, una administradora en una iglesia local que organiza los donativos traídos ahí, dijo que han llegado contribuciones de Oklahoma, Kansas y de todo Texas. La mayoría de los trabajadores en la planta en Cactus son oriundos de Quichi, Guatemala y Chihuahua, México.

Unos 3 050 trabajadores trabajaban en la planta en Cactus antes del 12 de diciembre, de los cuales 292 fueron arrestados y muchos deportados inmediatamente. Se dice que otros trabajadores se han ido de Cactus para buscar trabajo en otras partes de la región.

Imelda Maldonado ha trabajado en la planta por más de 25 años y es miembro del Local 540 del sindicato de la industria alimenticia UFCW. Ella le dijo al Dallas Morning News que la producción en la planta en Cactus ha mermado. La compañía está empleando a más gente, dijo, pero no ha reemplazado a todos los que fueron arrestados o que se fueron. Maldonado dijo que la Swift ha empleado a una cantidad de trabajadores sudaneses que viajan a diario desde Amarillo, Texas.

La edición del 26 de febrero de la revista Nation publicó un artículo sobre el impacto de las redadas en Greeley, Colorado.

La locutora de radio local Elda Gámez le dijo a la Nation que la respuesta a las redadas por parte del pueblo trabajador y otros en el área continúa creciendo. “Todo esto ha hecho un gran cambio”, dijo Gámez. “Ese cambio es la unidad. Nos asestaron un golpe bajo, pero nos ha servido muy bien y hemos recibido apoyo de gente que no conocíamos antes”.

Algunos de los deportados después de las redadas de diciembre ya han regresado a Estados Unidos para encontrar nuevos trabajos y reunirse con sus familias. La Nation entrevistó a un trabajador en Greeley que había trabajado en la Swift desde 2001. Fue arrestado el 12 de diciembre, estuvo detenido brevemente en una cárcel en El Paso, Texas, y luego "lo votaron al otro lado de la frontera en Ciudad Juárez”, México. Después de visitar su pueblo natal, él y otros siete trabajadores que trabajaban en la Swift y que fueron deportados volvieron a Greeley. Según la Nation, el trabajador llegó a su casa rodante 22 días después de ser arrestado y se reunió con su familia, la cual incluye a tres niños de 1 a 8 años. "Lo haría de nuevo mañana", dijo el trabajador, cuyo nombre no fue publicado para prevenir represalias del gobierno. "Y mañana y pasado mañana".  
 
 
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