Vol. 71/No. 19      14 de mayo de 2007

“Es un paso hacia adelante, no hacia atrás, por el derecho y la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su vida”, dijo Gabriela Cruz a la prensa durante una manifestación a favor del derecho a elegir luego de la votación.

Hasta un millón de mujeres solicitan abortos cada año en México. Como en otros países donde el aborto es ilegal, las mujeres adineradas pueden acceder a un tratamiento médico seguro. Pero se calcula que entre 2 000 y 3 000 mujeres de extracción obrera mueren cada año en ese país por abortos ilegales o autoinducidos. Las complicaciones de abortos ilegales son la quinta causa de muertes entre las mexicanas.

La nueva ley marca un cambio de actitudes, al irse integrando cada vez más mujeres a la fuerza laboral y vida social. Una encuesta reciente del diario Reforma señaló que un 53 por ciento de los residentes de la capital apoyaba la medida y un 43 por ciento se oponía a ella.

En América Latina, el aborto es legal solo en Cuba, Guyana y la colonia estadounidense de Puerto Rico. La ley federal de México actualmente permite el aborto en casos de violación o si la peligra vida de la mujer. Bajo la nueva ley del Distrito Federal, las mujeres que obtengan un aborto después del primer trimestre de embarazo enfrentarán entre tres y seis meses de cárcel, y los médicos que realicen la operación enfrentarán entre uno y tres años de cárcel.

El alcalde Marcelo Ebrard, del Partido de la Revolución Democrática, prometió suscribir la ley. Funcionarios de la iglesia católica y del Partido Acción Nacional, al que pertenece el presidente de México, dijeron que desafiarán la nueva ley ante la Suprema Corte.

Cuando el secretario de salud Manuel Mondragón anunció cómo se aplicaría la ley, señaló sus limitaciones. Excepto en casos de emergencia médica, una mujer que solicite un aborto tendrá que probar residencia de Ciudad de México, a fin de evitar que las mujeres viajen de otras partes para obtener un aborto. Las menores de 18 años necesitarán el permiso de los padres y los ginecólogos podrán negarse a realizarlo. Catorce hospitales públicos realizarán hasta siete abortos diarios en una ciudad de más de 8 millones de personas.  
 
 
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