Vol. 71/No. 29      6 de agosto de 2007

Braulio Pereyra, vicepresidente del Local 1149 del sindicato de la industria alimenticia UFCW, fue uno de los seis trabajadores arrestados aquí en Marshalltown. El local sindical representa a los trabajadores en la planta de la Swift y de la Tyson en el aledaño pueblo de Perry, Iowa. A Pereyra lo acusan de “esconder a extranjeros ilegales”, por lo que puede recibir hasta cinco años de cárcel.

El vocero del ICE Tim Counts dijo que estas redadas eran una “continuación de la misma investigación” que resultó en el arresto de unos 1 300 trabajadores de la Swift en seis estados en diciembre. “En aquel momento teníamos ordenes de registro federales que nos permitían entrar a las fábricas y cuestionar a todos los empleados”, explicó. “En este caso estamos buscando a ciertos individuos en particular, una operación más enfocada y deliberada”.

La Comisión Federal de Comercio, la Oficina del Inspector de la Administración de Seguro Social, cuatro oficinas de la fiscalía federal y dos oficinas de fiscalía de distritos ayudaron en la preparación de los arrestos.

Los agentes del ICE también detuvieron a Christopher Lamb, asistente del director de personal en la fábrica de Marshalltown. Fue acusado de “esconder extranjeros ilegales” y “encubrimiento de un crimen”.

Según un artículo del Des Moines Register del 13 de julio, Lamb fue objeto de una operativo del ICE que incluía a un trabajador, Alejandro Vásquez, quien fue detenido en la redada de diciembre. Los agentes del ICE escucharon conversaciones entre Lamb y Vásquez a través de un micrófono escondido portado por el último. Vásquez luego solicitó empleo en la fábrica Swift presentando una tarjeta de Seguro Social proveída por el ICE y un certificado de nacimiento de Texas bajo el nombre Anthony Gomez. Lo volvieron a emplear.

Los agentes del ICE entraron a la fábrica en Grand Island, Nebraska, con ordenes de arrestos contra cinco trabajadores. Dan Hoppes, presidente del local del UFCW ahí, dijo que esta vez la redada “fue realizada de manera correcta. No como la otra vez”. En diciembre los agentes arrestaron a 261 trabajadores en la fábrica de Nebraska.

El UFCW emitió un comunicado de prensa diciendo que, “No parece que el ICE empleó el mismo nivel de intimidación y exceso uso de fuerzas como lo hicieron en las últimas redadas en diciembre…El UFCW apoya los esfuerzos de poner en vigor la ley y que respetan los derechos de los trabajadores”.

Más tarde, Jill Cashen, vocera del sindicato, dijo sobre la detención de Pereyra, “Esta es la primera vez que un empleado del sindicato ha sido acusado en un caso de inmigración. Nos preocupa y estamos ansiosos en obtener toda la información para asegurarnos que a el no se le acuse de cosas que no son su responsabilidad. No empleamos a gente. No estamos obligados a revisar el estatus de inmigración”.

Mientras la mayoría de los arrestos ocurrieron en las plantas, algunos fueron detenidos en sus hogares.

“A eso de las seis de la mañana tres agentes del ICE tocaron mi puerta preguntando por Juan, mi esposo”, dijo Elizabeth Yépez, oriunda de Michoacán, México, al semanario en español en Iowa El Latino. “Cuando les dije que no sabía donde estaba me comenzaron a preguntar si yo tenía documentos y les dije que no les iba a hablar, que no les diría si tenía o no documentos”.

Verónica Guevara, su sobrina, llegó a la casa mientras se encontraban los agentes del ICE. “Se enojaron cuando le dije a mi tía que no les conteste”, dijo Guevara. Los agentes dijeron que regresarían con una orden de arresto contra Yépez.

Cuando se fueron los agentes, Yepez se refugió con sus hijos en una iglesia. Cuando regresaron los agentes del ICE unas horas más tarde con la orden de detención ella ya no estaba en su hogar.

Dos días después de las redadas, varias docenas de personas marcharon en Denver demandando un fin a las redadas de inmigración y a las deportaciones.  
 
 
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