Vol. 71/No. 40      29 de octubre de 2007

El juez de distrito de Estados Unidos, Charles Breyer, emitió una orden preliminar para que el Departamento de Seguridad del Suelo Nativo no enviara 140 mil cartas de “no match” (“no concuerda”) en que amenaza con penalizar a las empresas que no resuelvan en 90 días las discrepancias en torno a los datos de sus empleados.

Organizaciones pro derechos de inmigrantes, la federación sindical AFL-CIO, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Cámara de Comercio de Estados Unidos interpusieron una demanda contra esa política. El juez indicó que las cartas “no concuerda”, que podrían afectar a más de 8 millones de personas, harían un “daño irreparable a trabajadores y patrones inocentes”. Hasta la fecha, el gobierno ha enviado este tipo de cartas, pero esta es la primera vez que la patronal enfrentaría cargos criminales o civiles.

La orden judicial permanecerá vigente hasta que Breyer tome una decisión final después que se realice el juicio, lo que puede tomar meses.

Muchos patrones han aplaudido la decisión. “Para que la patronal acate esto costaría mucho dinero”, dijo Angelo Amador, un vocero de la Cámara de Comercio, al Bakersfield Californian. La medida habría obligado a algunas empresas a cerrar, dijo Larry Rohlfes, de la Asociación de Contratistas de Jardinería de California.

En los talleres de costura aquí en Los Angeles muchos trabajadores están discutiendo la decisión judicial. La orden muestra que “nosotros los latinos, somos un ‘mal necesario’ para Estados Unidos, porque nos necesitan pero no nos quieren”, dijo Carla, una costurera en la gran planta American Apparel de esta ciudad, quien pidió que no se utilizara su apellido. Subrayó, no obstante, que el gobierno continúa sus redadas de fábricas y barrios.

“Esto demuestra que si la patronal investiga nuestra condición migratoria con los números del seguro social, eso sería un caos”, dijo María, compañera de trabajo de Carla. “Sería un desastre económico, tanto para los patrones como para los empleados como yo”

Algunas empresas se están quejando de que no pueden encontrar suficientes trabajadores debido al aumento en las detenciones de inmigración durante el año pasado. El New York Times informó el 12 de octubre que más de 1100 trabajadores latinos se han ido de la planta Smithfield Food en Tar Heel, Carolina del Norte, a raíz de las redadas de inmigración allí en noviembre pasado. El matadero, el más grande del mundo, emplea a 5200 personas y sacrifica 30 mil cerdos por día.

Un funcionario de la Smithfield se quejó de que el 60 por ciento de los nuevos empleados deja el trabajo en los primeros 90 días, el doble de hace dos años, cuando muchos de los nuevos empleados eran inmigrantes indocumentados. Los contratados más recientemente, muchos de ellos afroamericanos, a menudo dicen estar hartos de las brutales condiciones laborales.

Algunas empresas de la región han subido los salarios para atraer a más trabajadores.

Sharon Hughes, vicepresidenta del Consejo Nacional de Patrones Agrícolas (NCAE), dijo que este año el número de trabajadores agrícolas disponible ha bajado en 200 mil, o sea un 10 por ciento comparado al año pasado. Esto es resultado del aumento de las redadas de inmigración y las detenciones fronterizas, dijo.

En respuesta a esta situación, el Departamento de Trabajo estadounidense ha declarado que está reorganizando sus reglamentos para facilitar a las agroempresas la contratación de “trabajadores huéspedes” bajo visados H-2A, que actualmente cubren a unos 50 mil obreros cada año. Estos son permisos de trabajo temporales, de hasta 10 meses de duración. El trabajador tiene que firmar un contrato con la empresa solicitando el visado y no puede cambiar de trabajo sin perder su condición legal. El NCAE y otras asociaciones patronales han llamado a que se hagan cambios tales como acelerar el proceso de solicitud, permitir disminuir los salarios garantizados a los trabajadores con visa H-2A y ampliar el tipo de trabajos permitidos, para que incluyan los de plantas avícolas y las empacadoras de carne.

“Lo que nos preocupa al trabajar con obreros agrícolas es que nadie está representando los intereses de estos trabajadores”, señaló al Militante Raquel Vizcarra, organizadora comunitaria con la Fundación Dolores Huerta en Bakersfield, California.

“Cuando se reorganizan los contratos quienes se benefician son los patrones, como pasó con el programa bracero”, dijo Vizcarra, refiriéndose al sistema de “trabajadores huéspedes” que de 1942 a 1964 utilizó a trabajadores mexicanos como mano de obra agrícola súper explotada. “Tenemos esperanzas de que no se repita otro programa bracero. Queremos la legalización”.
 
 
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