Vol. 71/No. 42      12 de noviembre de 2007

Sarmiento se refería a la compañía inglesa Agroflora, que hasta el 2005 era dueña del rancho El Charcote, de 32 mil acres de extensión, que ahora es ocupada por familias de campesinos. Sarmiento trabaja una parcela en La Yauquera, una finca de 62 mil acres cerca de El Charcote. Ambas fincas se encuentran fuera de San Carlos, la capital del estado de Cojedes.

En el último año el gobierno del presidente Hugo Chávez ha enviado máquinas cosechadoras, tractores y otros equipos para ser alquilados a los campesinos a mitad de las tarifas que cobran las compañías privadas. Sin embargo, según los campesinos, los grandes terratenientes han recibido prioridad para usar el equipo por que ofrecen más dinero a la agencia gubernamental que administra su alquiler.

La Compañía Venezolana Agraria, por ley, alquila una cosechadora al pequeño campesino por 28 mil bolívares ($7) por hectárea, y al productor mediano por 35 mil bolívares por hectárea. Sin embargo, dijo Sarmiento, “aquellos que tienen dinero encuentran gente en el gobierno local que acepta hasta 50 mil. Los campesinos son los últimos en usar el equipo”. Una hectárea equivale a 2.47 acres.

“Estamos esperando por una cosechadora”, dijo Doris Freite, de 22 años de edad, mientras mostraba los altos surcos de maíz en su terreno. “Pero si no nos la dan pronto, tendremos que cosecharlo a mano”.

Freite y su esposo Evaristo Marufo trabajan 30 acres en El Charcote. Ellos son parte de las 800 familias campesinas que en 1998 ocuparon extensiones de terreno no cultivadas. Luego de enfrentar a la policía local, matones de la compañía y a tropas de la Guardia Nacional, el gobierno compró las tierras de Agroflora en 2005 y la entregó a aquellos que la trabajan.

Dos años después, ningún campesino en El Charcote aún ha recibido títulos de propiedad.

En 2001 el gobierno venezolano aprobó una ley de reforma agraria que permite a quienes trabajen terrenos baldíos solicitar títulos legales. Campesinos por todo el país han aprovechado esta oportunidad y han tomado tierras que pertenecían a grandes capitalistas. Sus luchas han encontrado una tenaz resistencia por los grandes terratenientes y obstáculos burocráticos.

Entre 2001 y 2006 se pusieron a producir unas 7.4 millones de acres de terrenos que estaban previamente desocupados. Más de un millón y medio de familias campesinas trabajan esas parcelas, ya sea individualmente o en cooperativas, según Rito Jiménez, presidente de la Red Agraria Socialista de Venezuela. La red es parte del Instituto Nacional de Investigación Agraria, una entidad gubernamental.  
 
Los campesinos se instalan
Aun sin títulos legales, los campesinos de Cojedes se vienen asentando. Marufo acababa de terminar de limpiar un terreno para sembrar granadillas y frijoles. Ferboss Quintero y Ana Julia Zumlave han construido la base para una casa en su terreno de 37 acres en El Charcote. La casa de concreto va a remplazar su choza de techo de zinc y piso de tierra.

Los matones contratados por los terratenientes que solían patrullar en motocicleta las tierras por la noche, haciendo disparos al aire con sus rifles, no han sido vistos por lo menos en un año.

José Jiménez, quien trabaja para el programa de maquinaria de la Compañía Agrícola Venezolana, negó que ningún gran terrateniente obtenga equipo alquilado a tarifas subsidiadas. “La maquinaria es solamente para los pobres. Pero ahora hay muchas cosechas y solo ocho cosechadoras y tienen que esperar”, dijo Jiménez, mientras miraba a trabajadores que cargaban un camión con maíz recién recogido con una cosechadora subsidiada en una parcela de la Cooperativa Nuevo Mundo. Silvia Linare, miembro de la cooperativa, reconoció que los productores medianos tienen prioridad por que pagan más por la maquinaria. La cooperativa es considerada un productor mediano por que incluye a siete familias que trabajan 86 acres de maíz.

“Tenemos cinco años en esta tierra y nadie ha recibido un título”, dijo.

“El proceso para conseguir títulos es lento porque el Instituto Nacional de Tierras no cuenta con el personal adecuado”, dijo Rito Jiménez en una entrevista el 23 de octubre en Caracas.

En respuesta a la creciente presión para la entrega de títulos, el gobierno instituyó un sistema de carta agraria en 2003. Esta es una carta oficial del Instituto Nacional de Tierras (INTI) que le permite campesinos o a cooperativas solicitar créditos para las tierras públicas que trabajan.

“Estamos cultivando 15 hectáreas, pero nuestra carta agraria solo cubre tres”, dijo Quintero.

Casi una tercera parte de su cosecha de maíz fue destruida por la cosechadora. Mientras no existen garantías del gobierno para proteger a los pequeños campesinos de desastres como esos, Quintero y Zumlave vienen presionando a través de la sucursal local del INTI para recuperar parte de sus pérdidas.

“Tenemos que pagar el crédito en 15 días”, dijo Zumlave. “Somos pequeños campesinos, socialistas; el gobierno tiene que hacer algo”.  
 
Presión para ampliar servicios sociales
Los campesinos de esta ciudad también están presionando para recibir asistencia técnica y mayor alcance a servicios de educación y salud.

“Los cubanos nos enseñaron muchas cosas buenas, pero ya se han ido”, dijo Iginio Chávez, quien trabaja una parcela fuera de La Vega.

Dijo que agronomistas cubanos voluntarios pasaron seis meses en Cojedes impartiendo clases de técnicas de cultivo, pero que hace seis meses fueron reasignados a otras áreas. Más de 100 campesinos asistieron a los cursos.

Otros proyectos, como el de instalación de bombas de agua, también se han paralizado. “Llegaron a cinco o seis parcelas”, dijo.

Los campesinos tomaron una mansión que antes era usada por Agroflora para sus operaciones de vigilancia y la convirtieron en clínica y escuela. Según Freite, las clases para adultos en la segunda fase del programa de alfa betización están suspendidas desde hace ocho meses cuando el profesor venezolano volvió a Caracas.

Freite se graduó de la primera fase del programa de alfabetización hace un año. Hoy ella enseña esos cursos.

Los campesinos también están exigiendo servicios médicos permanentes. Hace un año los médicos cubanos venían de pueblos cercanos una vez por semana para atender la clínica. Actualmente llegan una vez al mes.

“No se puede echar la culpa a los cubanos, tienen muchas responsabilidades y los necesitan por todas partes”, dijo Zumlave. “¿Pero porqué es que solo los cubanos vienen?”

“Díganle a la gente que necesitamos un hospital totalmente equipado”, dijo. “Necesitamos un doctor a tiempo completo, preferiblemente cubano”.  
 
 
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