Vol. 72/No. 9      3 de marzo de 2008

La autoridad nombrada por el Pentágono para las comisiones militares, Susan Crawford, decidirá si el caso contra los seis será juzgado ante una comisión militar y si se puede solicitar la pena de muerte. En caso de ir a juicio, este se llevará a cabo en Guantánamo.

Los seis son acusados de participar en los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono del 11 de septiembre de 2001. El más conocido, Khalid Sheikh Mohammed, es acusado de planear y organizar los ataques. El segundo, Walid bin Attash, es acusado de operar un campo de entrenamiento de al-Qaeda en Afganistán de donde provienen dos de los secuestradores de aviones del 11 septiembre. Ramzi Binalshibh es acusado de ayudar a buscar escuelas de vuelo para los secuestradores. Otros dos, Mustafa al-Hawsawi y Ali Abdul Aziz Ali, son acusados de proveer asistencia financiera a los secuestradores. Se dice que a Mohamed al-Kahtani, quien traía 2 800 dólares en efectivo y un número de teléfono asociado a al-Hawsawi en su itinerario de vuelo, se le negó entrada a Estados Unidos en 2001.

Bajo una ley de 2006, los miembros de la comisión militar son oficiales militares. El juez es seleccionado por el secretario de defensa. La fiscalía puede hacer uso de rumores y evidencia secreta.

Los abogados defensores son abogados militares designados. Si los acusados pueden pagar, tienen el derecho a contratar a un abogado civil, pero ese abogado debe estar dispuesto a pasar un examen de seguridad del gobierno al nivel “secreto” o aún más alto. Todas las conversaciones de los acusados y sus abogados son escuchadas por el gobierno, y toda correspondencia de los abogados y apuntes deben ser entregados a los militares.

La Ley de Comisiones Militares de 2006 suprime el derecho constitucional de las personas que el presidente considera combatientes enemigos, lo que permite que el gobierno encarcele indefinidamente a personas sin cargos. También permite el uso de declaraciones de los acusados que fueron, en las palabras de la Unión Americana de Libertades Civiles, “literalmente sacadas a palizas de un testigo”, con tal que eso haya ocurrido antes del 30 diciembre de 2005. Bajo tal ley, el presidente decide qué acciones se consideran tortura en las interrogaciones.  
 
 
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