Vol. 72/No. 25      23 de junio de 2008

Sin embargo, el panel de tres jueces anuló las sentencias contra tres de los hombres, dos de los cuales cumplen cadena perpetua. Remitió estos tres casos a la juez original para que decida nuevas sentencias dado que las condenas fueron excesivas.

Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González y René González han estado presos desde septiembre de 1998. En 2001 una corte federal los declaró culpables y los condenó bajo cargos falsos en un juicio plagado de violaciones de sus derechos. Durante años los cinco, residentes de Miami, había estado observando a grupos contrarrevolucionarios cubanoamericanos en Florida que han llevado a cabo actos asesinos en Cuba con la complicidad del gobierno norteamericano.

Fue la segunda apelación de los Cinco Cubanos, según han llegado a conocerse a nivel mundial. En 2005 un panel de tres jueces del mismo Tribunal de Apelaciones del Decimoprimero Circuito anuló las condenas sobre la base de que los cinco no podían obtener un juicio imparcial en Miami. Un año más tarde, el tribunal entero revocó ese fallo, al tiempo que permitió apelaciones sobre otros puntos.

En la decisión del 4 de junio, uno de los tres jueces, Stanley Birch, apoyó la confirmación de las condenas, pero al mismo tiempo reiteró su criterio de que los acusados no habían recibió un juicio imparcial en Miami y que en la apelación anterior debió haberse otorgado su solicitud de cambiar la sede del juicio. “Los acusados fueron sometidos a tal grado de daño, en base al prejuicio comunitario generalizado, que debieron haberse anulado sus condenas”, escribió. Durante el juicio de 2001, la juez Joan Lenard había rechazado repetidas mociones de los abogados defensores para trasladar el proceso a una ciudad que no fuera Miami, donde las amenazas derechistas y los reportajes tendenciosos de los medios de difusión crearon un ambiente perjudicial.

Los cinco fueron declarados culpables de cargos de “conspiración para cometer espionaje”, de no inscribirse como agentes de un gobierno extranjero y otras acusaciones falsas. Hernández además fue acusado falsamente de “conspiración para cometer asesinato”.

El Gremio Nacional de Abogados, en una declaración que condenó el fallo, citó a Leonard Weinglass, uno de los abogados de los Cinco Cubanos, quien señaló, “Conspiración siempre ha sido la acusación que ha empleado la fiscalía en casos políticos”. De esa manera el gobierno no tiene que comprobar que se cometió un acto de espionaje, sino que puede imponer una sentencia como si realmente hubiera ocurrido un acto de espionaje, observó Weinglass.

Para justificar un cargo de “conspiración”, el gobierno tiene que probar la existencia de “un acuerdo para lograr un objetivo ilícito” pero no que “los acusados hayan cumplido el objetivo de la conspiración”, señaló la corte al afirmar la culpabilidad de René González, quien cumple una condena de 15 años.  
 
Disensión sobre cargo contra Hernández
Los jueces se dividieron, dos contra uno, al reafirmar la condena de Gerardo Hernández por el cargo de conspiración para cometer asesinato. La acusación se hizo a partir del caso de dos avionetas de Hermanos al Rescate —un grupo derechista cubanoamericano que durante años había violado repetidamente el espacio aéreo de Cuba— que fueron derribados por la fuerza aérea cubana. Su dirigente, José Basulto, tiene una larga historia de ataques armados contra Cuba, remontándose a su participación en la invasión mercenaria a Cuba, apoyada por Washington, en Playa Girón en 1961, así como en un ataque a un hotel cubano en 1962.

René González y otro cubano, Juan Pablo Roque, habían ingresado a Hermanos al Rescate para obtener información sobre sobrevuelos y posibles ataques a Cuba. El gobierno norteamericano alega que, bajo instrucciones de La Habana, Hernández les había dicho a estos dos que no volaran durante una serie de fechas en las cuales la fuerza aérea cubana podría “enfrentarse” a los vuelos provocadores.

Los fiscales también dijeron que Hernández, después que fueran derribadas las avionetas, habían manifestado su aprobación de esa acción de defensa propia del gobierno cubano. Estas dos cosas, dijeron, constituyeron un “acuerdo” o “conspiración” de parte de Hernández en relación al derribamiento.

En una opinión disidente de 16 páginas, la juez Phyllis Kravitch se manifestó a favor de anular la declaración de culpabilidad de Hernández. Ella subrayó que Hermanos al Rescate había violado repetidamente el espacio aéreo cubano desde 1994; en una ocasión sobrevoló a poca elevación el centro de La Habana. El gobierno cubano envió quejas dos veces a la Administración de Aviación Federal por las incursiones, y advirtió que Cuba tenía el derecho a derribar cualquier aeronave invasora. Basulto hasta se jactó de los sobrevuelos al hablar por una radioemisora de Miami, pero las autoridades estadounidenses no tomaron acción contra él.

La juez señaló que un cargo de conspiración debe basarse en un acuerdo para “lograr un objetivo ilícito”, pero que el gobierno norteamericano no había probado que el objetivo de Hernández era de “derribar los aviones en espacio internacional, a diferencia de su propio espacio aéreo”. El gobierno cubano dice que derribó los aviones dentro de su espacio aéreo soberano.

Kravitch agregó que el gobierno “no dio pruebas suficientes de que Hernández siquiera pactó un acuerdo para derribar los aviones”.  
 
Sentencias desproporcionadas
Bajo esta acusación infundada, Hernández fue condenado a doble cadena perpetua más 15 años. René González fue condenado a 15 años, Fernando González a 19 años, Ramón Labañino a cadena perpetua más 18 años y Antonio Guerrero a cadena perpetua más 10 años.

Si bien aprobó la declaración de culpabilidad contra los cinco, el tribunal dictaminó unánimemente que las sentencias contra Labañino, Guerrero y Fernando González eran excesivas de acuerdo a la ley. Afirmó que el gobierno no había probado que Labañino o Guerrero hubieran transmitido documentos secretos a Cuba, o que González fuera un “jefe” del grupo.  
 
Violados derechos constitucionales
El caso del gobierno contra los Cinco Cubanos se basa en pruebas que agentes del FBI tomaron secretamente de sus hogares y computadoras bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Bajo esa ley, que viola las garantías de la Constitución contra registros y pesquisas irrazonables, se creó un tribunal secreto dentro del Departamento de Justicia para aprobar automáticamente las solicitudes de agencias policiacas federales de espiar a residentes de Estados Unidos sin tener que pedir una orden judicial ante un tribunal normal.

El fallo del 4 de junio afirmó la decisión de la corte original de no suprimir las pruebas obtenidas mediante los registros secretos.

El tribunal de apelaciones también afirmó la decisión de la juez Lenard de excluir a los acusados y a sus abogados de ver plenamente los documentos que la fiscalía presentó como pruebas, aduciendo que algunos documentos podrían contener información secreta. Permitió que los abogados defensores vieran documentos muy censurados o “resúmenes”.

Los abogados de los Cinco Cubanos dicen que van a pedir que la plena corte vuelva a considerar el dictamen. También dijeron que están contemplando una apelación del caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
 
 
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