Vol. 73/No. 22      8 de junio de 2009

La redada de 2008 provocó mucha indignación aquí entre los trabajadores, quienes inmediatamente respondieron con amplias protestas.

En esta ocasión los manifestantes, en su mayoría nacidos en Estados Unidos, llegaron de todas partes de Iowa y también de Minnesota e Illinois. Docenas de estudiantes vinieron del cercano recinto universitario del Luther College.

Religiosos católicos, protestantes y judíos dirigieron una vigilia de testimoniales y oraciones antes de la marcha, en la cual algunos de los obreros de la carne denunciaron la redada.

La protesta se hizo poco después de las marchas del Primero de Mayo por los derechos de los inmigrantes en docenas de ciudades estadounidenses, y una semana después de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual limita mucho el uso de leyes contra el delito mayor de “robo de identidad” para entablar cargos contra inmigrantes indocumentados.

En 2004 el Congreso de Estados Unidos adoptó leyes de “robo de identidad” que prohíben usar números de seguro social e identificaciones de personas ajenas, imponiéndoles un castigo de dos años de prisión.

La Corte Suprema falló que estas leyes no se pueden usar contra inmigrantes a menos que el gobierno pueda comprobar que el inmigrante sabía de antemano que la forma de identificación pertenecía a otra persona.

En 2008 los fiscales federales usaron la amenaza de acusarlos de robo de identidad como delito mayor para encarcelar a centenares de trabajadores de la Agriprocessors tras la redada en esa fábrica, la mayor redada de la migra en un solo sitio hasta la fecha.

Después de las detenciones en masa, los trabajadores, llevando esposas en las manos y los pies, fueron recluidos en el recinto ferial del Congreso de Ganado, en el vecino pueblo de Waterloo, para realizar juicios en masa. En solo cuatro días unos 300 fueron declarados culpables y sentenciados. La mayoría se declaró culpable de cargos menores tras ser amenazados con acusaciones de robo de identidad mayor.

A muchos les dieron sentencias de cinco meses de cárcel y luego los deportaron a Guatemala o México. Otros fueron deportados de inmediato. A unos pocos les dieron visas para trabajar a cambio de su testimonio en contra de la compañía.

Rockne Cole, el fiscal de Iowa City, alabó la decisión de la Corte Suprema y le dijo al Des Moines Register que, sin la amenaza de cargos de robo de identidad, probablemente algunos de los trabajadores se habrían declarado “no culpable” y se habrían defendido en las cortes.

Después del fallo, la Asociación de Abogados de Inmigración Americanos pidió que el procurador general Eric Holder desechara las declaraciones de culpabilidad en casos donde la amenaza de ser enjuiciados con las leyes contra robo de identidad “fuera un atropello a la justicia.”

Ya desde antes se habían producido síntomas de luchas en la fábrica. En 2007 unos 200 trabajadores abandonaron sus labores cuando la compañía anunció que había recibido cartas “no-match” de la Administración del Seguro Social. Antes de la redada algunos trabajadores habían estado colaborando con el sindicato de la industria alimenticia UFCW para sindicalizar la fábrica.

Inmediatamente después de la redada, 200 personas protestaron frente a la cárcel improvisada donde detuvieron a los trabajadores. En las protestas en la zona participaron trabajadores negros, blancos y latinos así como estudiantes de secundaria.

La redada ha tenido un impacto devastador no solo entre los arrestados y deportados, sino entre amistades, familiares y compañeros de trabajo, y en el pequeño pueblo donde vivían. El pueblo se ha reducido de 3 mil habitantes antes de la redada a 1 800 en la actualidad. La planta de Agriprocessors cerró en noviembre.

Sin embargo, se sentía un espíritu combativo en la protesta de Postville. El reportero Jens Manuel Krogstad del Waterloo-Cedar Falls Courier escribió, “A pesar de las críticas y los recuerdos, las sonrisas superaron mucho las lágrimas el 12 de mayo de este año”.

“Más que nada, exigimos que el gobierno ofrezca justicia y trato igual a todos,” dijo Sebastián Upun, al aprestarse a marchar hacia la Agriprocessors, donde trabajó hasta que se dio la redada.

En la marcha, Noemí Urtado, de 28 años, una madre soltera nacida en Cocula, México, empujaba a su hija en un cochecito, portando el brazalete electrónico en el tobillo que le han requerido portar desde que la arrestaron en la redada. También marcharon otros que trabajaban en la planta.

Brian McKenna, un trabajador despedido de una fábrica de la John Deere, manejó cuatro horas para participar en la marcha. Dijo, “Estoy aquí porque he estado en la misma situación. He estado sin trabajo. He pasado hambre. He sido explotado”.  
 
 
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