Vol. 73/No. 32      24 de agosto de 2009

Los cinco estaban observando las acciones de grupos cubano-americanos derechistas que habían cometido ataques dinamiteros y otros ataques armados contra Cuba, con la complicidad del gobierno de Estados Unidos.

Cuando recibieron su sentencia, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González afirmaron su determinación a continuar luchando por la justicia. En septiembre cumplirán 11 años en prisiones federales. Debido a su historial de ser luchadores firmes de la clase obrera, la campaña para liberar a los Cinco Cubanos, como se les conoce internacionalmente, ha ganado apoyo creciente en todo el mundo.

Los artículos anteriores de esta serie han detallado cómo los agentes del FBI arrestaron a los cinco hombres el 12 de septiembre de 1998 en redadas de sus hogares en el sur de la Florida. Negándoles la libertad bajo fianza y manteniéndolos en confinamiento solitario durante 17 meses, fueron declarados culpables de todos los cargos, sentenciados a las máximas penas, y encarcelados en cinco prisiones federales diferentes.

El juicio, que se realizó en la corte federal en el Distrito Sur de Florida, duró casi siete meses, desde noviembre de 2000 a junio de 2001. En este dieron testimonio 74 personas, incluso tres generales y un almirante del ejército norteamericano jubilados. A pesar de que el juicio planteaba cuestiones importantes, desde los derechos constitucionales a la política exterior de Estados Unidos, recibió poca atención en los medios de prensa capitalista en Estados Unidos afuera del sur de Florida.

Los cinco enfrentaron 26 cargos criminales. Guerrero, Hernández y Labañino fueron acusados de “conspiración para cometer espionaje”. Hernández también fue acusado de “conspiración para cometer asesinato”. La pena máxima para ambos cargos es cadena perpetua. Los otros cargos incluían no haberse registrado como agentes de un gobierno extranjero y cargos menores como el uso de nombres falsos.

El cargo de conspiración para cometer asesinato contra Hernández era sin precedentes. Los fiscales federales lo consideraron responsable por la acción de un gobierno soberano, la decisión de Cuba en 1996 de derribar dos aviones hostiles que estaban volando sobre territorio cubano piloteados por Hermanos al Rescate, un grupo contrarrevolucionario que reside en Estados Unidos que a pesar de las advertencias de La Habana había llevado a cabo muchas incursiones provocativas en el espacio aéreo cubano en los dos años previos. (El sexto artículo de esta serie relata los detalles de este incidente.)  
 
Registros secretos, pruebas secretas
El caso del gobierno contra los Cinco Cubanos fue basado en “evidencia” recogida a través de la intercepción secreta de conversaciones telefónicas y la confiscación de archivos de computadora y otras pertenencias personales de sus hogares por agentes del FBI, usando la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero. En virtud de esa ley —que viola la Cuarta Enmienda de la constitución que protege contra los registros y decomisos irrazonables— se creó un tribunal secreto dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos para aprobar solicitudes de organismos policíacos federales para espiar a residentes de Estados Unidos sin tener que solicitar una orden de un tribunal ordinario.

La jueza de Distrito Joan Lenard rechazó las mociones de la defensa exigiendo que se suprimiera la evidencia obtenida a través de esos registros secretos.

Violando los derechos constitucionales una vez más, el tribunal permitió a la fiscalía utilizar pruebas secretas. Después de que los agentes federales incautaron más de 20 mil páginas de documentos procedentes de los cinco hombres, el Departamento de Justicia marcó cada una de ellas con el sello de “secreto máximo”. Sin embargo, ni uno solo era un documento secreto del gobierno norteamericano.

Subsecuentemente el gobierno invocó la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), en virtud de la cual el tribunal restringió el acceso a la evidencia por la defensa. Se permitió que los fiscales introdujeran documentos censurados o “resúmenes” de los documentos como “pruebas”. Los abogados de la defensa sólo pudieron revisar los materiales en un cuarto especial en el sótano de la corte y tenían prohibido sacar sus notas de trabajo del edificio.

Muchos elementos de la evidencia fueron suprimidos. Bajo las estipulaciones de CIPA, los fiscales se reunieron de forma privada con el juez para decidir que pruebas se le mostrarían a la defensa y cuales serían excluidas del juicio. Esto incluyó documentos que hubieran podido contradecir el caso del gobierno.

Por ejemplo, el gobierno alegó que Hernández había conspirado con el gobierno cubano para derribar los dos aviones de Hermanos al Rescate. Como prueba de esto los fiscales dijeron “Hernández escribió a sus superiores que él y otros se sentían orgullosos de haber contribuido a una operación que ‘finalizó exitosamente’” y que la inteligencia cubana había elogiado a Hernández por “los buenos resultados logrados en su trabajo”.

En una entrevista telefónica del 1 de abril de 2009 con la revista Progreso Semanal (reimpresa en El Militante el 27 de julio), Hernández explicó que la “evidencia” había sido manipulada al suprimir documentos.

Un poco antes de que se derribaran los aviones, Hernández ayudó a Juan Pablo Roque, un compañero revolucionario cubano, que se había infiltrado a Hermanos al Rescate, a regresar a Cuba secretamente. “El gobierno norteamericano quería demostrar que el regreso de Roque a Cuba estaba vinculado con el derribamiento de los aviones. Eso es absolutamente falso”, dijo Hernández en la entrevista. “Está en la evidencia que el regreso de Roque era algo que estaba planificado desde hacía más de un año antes”.

Pero la fiscalía, dijo Hernández, “fue lo suficientemente inteligente como para sacar algunas de las comunicaciones de la evidencia que se referían a la Operación Venecia, que era del regreso de Roque, y hacer ver como que se referían a la Operación Escorpión, la operación para la prevención de la violación del espacio aéreo de Cuba”.

“Un ejemplo claro es de un mensaje en que yo, respondiendo a una solicitud de Cuba, les digo que para mi es un honor haber contribuido con un granito de arena a una operación que fue exitosa. Eso está súper claro en la evidencia que es en referencia a la Operación Venecia, la de Roque. El gobierno está usando eso como la única evidencia de que yo tuve algo que ver con el derribo, sabiendo que eso no era en referencia a la Operación Escorpión… La fiscalía lo mezcló a propósito para crear una nube”.

Además, el gobierno norteamericano impidió al abogado defensor prepararse adecuadamente para el juicio, limitándole el acceso a sus clientes, los cuales fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses antes del juicio.  
 
Juez niega cambio de sede
Desde el principio, una cuestión clave fue la solicitud de la defensa de que se cambiara la sede del juicio ya que los acusados no podían recibir un juicio justo en el condado de Miami-Dade. Pero a pesar de la atmósfera de prejuicio e intimidación la jueza Lenard rechazó siete mociones de la defensa para trasladar el juicio a otra localidad, como por ejemplo a Fort Lauderdale en el condado de Broward, solo 30 millas al norte.

Dicha atmósfera fue promovida por los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes desde que se dieron los arrestos, hicieron todo lo posible para que los cinco fueran declarados culpables en los medios de difusión, anunciando el descubrimiento de “una red de espías cubanos” en Florida, que “amenaza la seguridad nacional”. La prensa capitalista en Miami también hizo su parte, con encabezados sensacionalistas y editoriales sobre “espías entre nosotros”.

Grupos derechistas cubano-americanos, aunque con mucho menos fuerza que en las décadas anteriores, también contribuyeron a esta situación. Organizaron protestas en Miami durante el juicio, inclusive acciones para marcar el derribamiento de los aviones. En los meses previos al juicio, Miami se polarizó debido a la controversia sobre Elián González, y los derechistas organizaron protestas oponiéndose al regreso del niño a su padre en Cuba.

Durante la selección del jurado, varios miembros potenciales admitieron estar preocupados por las repercusiones que podrían sufrir en caso de que absolvieran a los cinco cubanos. David Cuevas por ejemplo dijo “temer por su propia seguridad” en caso de no dar un veredicto aceptable para los derechistas cubanos-americanos. Jess Lawhorn expresó preocupación a las represalias económicas en contra de su negocio. Glanery, otro posible jurado, dijo que a consecuencia de la publicidad y de la atmósfera volátil sería muy difícil seguir las instrucciones de la corte de no exponerse a la información sobre el caso.

Estas preocupaciones tenían un buen fundamento. El 27 de noviembre de 2002, el primer día de selección del jurado, las fuerzas derechistas organizaron una demostración en la escalinata de la corte, presentando a parientes de los pilotos de Hermanos al Rescate. Miembros del jurado fueron expuestos a la protesta durante el receso del almuerzo y algunos inclusive fueron abordados por la prensa.

La jueza tomó varias medidas para tratar de dar la impresión de que dichos miembros del jurado se sintieron insultados por tal presión. Ella ordenó a funcionarios del gobierno norteamericano a que hablaran con los parientes de los pilotos sobre su conducta inapropiada. También prolongó una orden de mordaza para proteger al jurado, a los testigos y a los abogados; y ordenó a la policía acompañar a los miembros del jurado a la salida del edificio. Durante el juicio también limitó los bosquejos de los testigos para protegerlos.

Miembros del jurado continuaron quejándose de que estaban siendo acosados. La jueza entonces modificó de nuevo su transportación vigilada al edificio, y su entrada y salida del edificio.

Pero durante las deliberaciones, la estación de televisión derechista continuó filmando a los jurados entrando y saliendo del edificio de la corte, hasta llegar a sus automóviles, inclusive mostraba los números de placa de sus automóviles.  
 
Doble moral
Aunque los fiscales federales insistían que se podía hacer un juicio imparcial para los cinco revolucionarios cubanos en el condado de Miami-Dade, un año después contradijeron su argumento en un caso diferente, Ramirez v. Ashcroft. El mismo abogado federal, Guy Lewis, peticionó a favor de un cambio de jurisdicción en este caso basándose en que un juicio justo en Miami-Dade era “prácticamente imposible” dados los reportajes de los medios de prensa y los “prejuicios” de la comunidad.

En Ramirez v. Ashcroft, el entonces procurador general John Ashcroft y la agencia de Servicio de Inmigración y Naturalización eran acusados de discriminación contra latinos en el empleo. Al solicitar un cambio de jurisdicción, el gobierno citó muchos de los mismos hechos que previamente habían descartado como irrelevantes en el caso de los Cinco Cubanos, incluyendo las manifestaciones derechistas alrededor del caso de Elián González.

Durante la selección del jurado para el juicio contra los Cinco Cubanos, algunas de las doce personas escogidas para el jurado que no incluía a cubanos americanos expresaron su hostilidad hacia el gobierno cubano. David Buker dijo que “(Fidel) Castro es un dictador comunista y … me gustaría ver que se fuera y ver el establecimiento de una democracia en Cuba”. Buker fue aprobado como miembro del jurado y después fue nombrado presidente del mismo.

Al mismo tiempo, la fiscalía usó las recusaciones sin causa que le fueron asignadas para excluir a negros del jurado. Usó 9 de sus 11 recusaciones sin causa para excluir posibles miembros del jurado. Siete de los 9 eran negros. Posteriormente, uno de los fundamentos de la apelación del caso amañado de los Cinco Cubanos, fue que la exclusión desproporcionada de negros fue discriminatoria, una violación de la cláusula de igual protección en la enmienda 14 de la constitución de Estados Unidos.

Los fiscales federales tenían buenas razones para tratar de minimizar el número de negros en el jurado. Por experiencia propia muchos negros, especialmente trabajadores, pueden reconocer un caso fabricado y entender el papel de la predisposición de clase del gobierno y la policía. Y muchos tienen algún conocimiento de las contribuciones destacadas de Cuba revolucionaria a las luchas mundiales de liberación.

El próximo artículo retomará otras cuestiones que surgieron durante el juicio.

(Continuará)

 
 
 
Portada (este número) | Página inicial | Página inicial en versión de texto