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Vol. 73/No. 41      26 de octubre de 2009

 
Ejército pakistaní
prepara ofensiva
(portada)
 
POR DOUG NELSON  
El ejército pakistaní está preparando otro asalto sangriento para detener a los talibanes que están en guerra contra el gobierno, esta vez en la zona de las áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA), la región más atrasada del país.

La más reciente arremetida del gobierno pakistaní en el valle Swat a principios de este año causó un gran número de bajas civiles, más de 2 millones de personas desplazadas, y enfermedad y hambre general.

Altos oficiales estadounidenses elogiaron el plan ofensivo, por el cual ellos han presionado desde que un avión estadounidense no tripulado mató a un alto dirigente de los talibanes en Pakistán en agosto. A la vez, eventos recientes revelan relaciones más tensas entre el gobierno pakistaní y Washington por desacuerdos sobre cómo conducir la guerra y lo que muchos en Pakistán consideran como arrogancia y desprecio hacia la soberanía de su país.

El ejército pakistaní ha colocado dos divisiones, unos 28 mil soldados, alrededor del territorio tribal Meshud en Waziristán Sur.

La ofensiva está dirigida contra el Movimiento Talibán de Pakistán (TTP) en Waziristán Sur. Se calcula que las fuerzas de los talibanes allí cuentan con 5 mil a 10 mil milicianos, incluyendo centenares de milicias aliadas musulmanes uzbecas y árabes.

El TTP es una coalición de grupos de talibanes en el noroeste de Pakistán que luchan contra el gobierno pakistaní y contra las fuerzas de Washington en Afganistán.

El ejército ha dicho que el plan ofensivo no incluye áreas en Waziristán Sur en la cual habita la tribu Wazir, informó el periódico Dawn. Las fuerzas talibanes allí apoyan la ofensiva del gobierno y luchan por expulsar a los grupos islamistas extranjeros.

El ejército empezó a prepararse para la ofensiva terrestre en junio con una intensa campaña de bombardeos y ataques de artillería. Aviones de guerra bombardearon la región de Bajaur el 12 de octubre, unos días después de que se venciera el plazo límite fijado por el gobierno para que las fuerzas del TTP de la tribu Mohmand depusieran sus armas.

Se ha informado que aquellos con suficientes recursos en Waziristán Sur han abandonado el área y exigen que el gobierno establezca campos para refugiados. Muchos otros con menos recursos han quedado atrapados en el futuro campo de batalla. El cierre del camino principal ha causado que el costo de pasajes llegue a costar 800 rupis ($10) por persona, fuera del alcance de “un gran número de personas pobres”, informó el Dawn.

A medida que se acerca el ataque, fuerzas islamistas antigubernamentales han llevado a cabo bombardeos y otros ataques.

El 10 y 12 de octubre, dos mercados muy concurridos en la provincia de la Frontera del Noroeste fueron atacados con bombas suicidas, matando a un total de 90 personas. El TTP se adjudicó la responsabilidad de un ataque suicida contra las oficinas del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Islamabad el 5 de octubre, y del arriesgado ataque y captura de rehenes en la sede del ejército en Rawalpindi el 10 de octubre.  
 
Propuesta de ley Kerry-Lugar
La propuesta de ley de ayuda aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 30 de septiembre ha provocado oposición en el gobierno pakistaní, especialmente por parte de la jerarquía militar, lo que ha forzado a que el Presidente Barack Obama posponga su aprobación.

Aunque inicialmente el presidente pakistaní Asif Ali Zardari defendió la ley Kerry-Lugar, esta es vista ampliamente como un insulto a la soberanía del país y cuenta con amplia oposición en el parlamento. La legislación triplica la ayuda norteamericana a Pakistán a 1.5 mil millones de dólares al año durante los próximos cinco años, pero impone numerosas condiciones a la ayuda militar.

La propuesta de ley estipula que el gobierno pakistaní debe cesar todo apoyo a los grupos islamistas terroristas en Pakistán y llevar a cabo una eficaz guerra contrainsurgente en la región FATA y otras zonas. Menciona específicamente “desmantelar bases terroristas” en la ciudad de Quetta, a pesar que el gobierno pakistaní ha negado repetidas veces su existencia.

La legislación también exige que los militares no subviertan “ni el proceso político ni judicial de Pakistán” e insiste que el gobierno pakistaní ejerza control civil eficaz sobre los “presupuestos militares, la cadena de mando, el proceso de promoción” y el “plan estratégico”.
 
 
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