Vol. 73/No. 42      2 de noviembre de 2009

La segunda ronda de despidos entra en vigencia en noviembre.

Los despidos fueron autorizados por la ley del “Estado de Emergencia Fiscal”, conocida como la Ley 7, la cual fue aprobada el 9 de marzo. La ley también congela los salarios de los empleados del gobierno, anula sus contratos sindicales y aumenta algunos de los impuestos sobre ventas.

Antes de los despidos más recientes, el gobierno de Puerto Rico empleaba aproximadamente el 20 por ciento de la fuerza de trabajo de la isla, 201 300 trabajadores. La cifra oficial de desempleo en septiembre fue de 16.4 por ciento.

Los manifestantes, en su mayoría trabajadores del gobierno o estudiantes, empezaron desde ocho puntos diferentes de San Juan convergiendo en la Plaza las Américas, un distrito bancario y comercial. Alrededor de 50 mil manifestantes llenaron la Avenida Roosevelt, la vía pública principal del distrito financiero Hato Rey, informó Reuters. También había contingentes de camioneros organizados por el sindicato de camioneros Teamsters.

En un intento fallido de restringir la participación en la marcha, la Universidad de Puerto Rico cerró sus puertas la semana del paro. A pesar de esto, estudiantes y trabajadores de los 11 recintos universitarios marcharon desde el recinto principal en Río Piedras. Grandes contingentes vinieron de recintos regionales, incluso de Humacao y Aguadilla.

La huelga fue apoyada por todas las federaciones sindicales de la isla, incluso la AFL-CIO; Change to Win; La Coordinadora Sindical, la principal coalición de sindicatos independientes; y la Federación de Maestros de Puerto Rico.

Todo Puerto Rico por Puerto Rico, una coalición que incluye a varios sindicatos y líderes de varias iglesias, organizó la tarima principal al final de la marcha.

El Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, que agrupa muchos de los sindicatos independientes, instaló otra tarima con oradores separada.

El Departamento de Educación reportó que el 53 por ciento de sus maestros y el 98 por ciento de los estudiantes estuvieron ausentes.

El Partido Independentista Puertorriqueño y El Partido Popular Democrático (PPD), el partido de oposición con mayor representación en el congreso puertorriqueño, también se unieron a la marcha. El PPD ha propuesto reducciones en la jornada semanal y los salarios de los trabajadores gubernamentales en vez de los despidos.

Antes de la huelga, el secretario de gobernación, Marcos Rodríguez Ema, advirtió al sindicato de camioneros que no bloqueara las operaciones en los puertos. “Eso está muy claramente definido en las leyes federales como terrorismo”, dijo Rodríguez Ema.

Aunque la mayoría de las empresas privadas y el aeropuerto internacional permanecieron abiertos, muchos trabajadores del muelle que no trabajaban para el gobierno se unieron a la huelga. El día siguiente a la marcha la Autoridad de Puertos de la isla presentó una demanda en contra de los sindicatos del puerto, incluyendo la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico, la cual está afiliada al International Longshoremen’s Association en Estados Unidos. Los oficiales del puerto acusan a los sindicatos de haber organizado una conspiración ilegal que interfirió en el comercio interestatal.

El gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño alega que los despidos son necesarios para ayudar a cerrar una brecha en el presupuesto de 3.2 mil millones de dólares

El gobierno de Puerto Rico paga más de 768 millones de dólares al año solo en intereses a los ricos poseedores de bonos de deudas públicas. Ellos seguirán recibiendo su dinero. El gobierno de Puerto Rico es uno de los principales emisores de bonos libres de impuestos en Estados Unidos.

Puerto Rico ha sido colonia norteamericana desde 1898, cuando las tropas estadounidenses arrebataron a España el control de la isla. Los residentes de la isla están sujetos a las leyes, los tribunales y el servicio militar norteamericanos. Son ciudadanos norteamericanos pero no pueden votar en las elecciones presidenciales.

Las compañías norteamericanas que operan allí reciben grandes exenciones de impuestos y sus productos pueden entrar a Estados Unidos sin tener que pagar derecho de aduana.

Líderes sindicales dicen que si no se revocan los despidos van a organizar otra huelga nacional, posiblemente una que dure varios días.  
 
 
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