Vol. 73/No. 43      9 de noviembre de 2009

Para cumplir con las órdenes de Calderón, el 10 de octubre unos 5 mil policías federales con uniformes antimotines rodearon y asaltaron las instalaciones de la empresa en la Ciudad de México, así como en Puebla, Morelos e Hidalgo.

Aproximadamente unos 100 mil sindicalistas, campesinos y estudiantes protestaron en la Ciudad de México contra la medida y el ataque contra el sindicato que representa. La segunda manifestación, una semana después, estuvo mucho menos concurrida.

En un discurso televisado Calderón dijo que el costo de Luz y Fuerza es el doble que sus ingresos, y que el año pasado se necesitaron 3.2 mil millones de dólares para subvencionarla. La tercera parte de la electricidad distribuida por la compañía, declaró, se perdió “por robos, fallas técnicas, corrupción o por ineficiencias”. El presidente mexicano culpó a los trabajadores, su sindicato y el contrato sindical de la “situación financiera insostenible” y por los frecuentes apagones y la baja calidad del servicio.

Calderón rechazó las acusaciones de que esto era un paso hacia la privatización de la distribución de la energía eléctrica. En su lugar, dijo, el control de las instalaciones de Luz y Fuerza será entregado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otra entidad estatal. Demagógicamente alegó que el dinero que se ahorre por el despido de los trabajadores será usado para combatir la pobreza y la malnutrición.

Los trabajadores que acepten voluntariamente los despidos recibirán hasta 33 meses de su salario como indemnización, dijo Calderón, y los 22 mil jubilados continuarán recibiendo sus pensiones.

Según el contrato sindical de Luz y Fuerza los trabajadores también reciben subsidios para el transporte escolar de sus hijos, y para bibliotecas, actividades deportivas y culturales de los trabajadores y sus familiares, y descuentos en el costo de su electricidad.

Luz y Fuerza fue fundada en 1960 después de que el gobierno mexicano compró la Mexican Light & Power Company, de dueños canadienses, y otras compañías extranjeras. La CFE fue establecida once años antes. Un 40 por ciento de la producción de energía eléctrica se encuentra en manos privadas, incluyendo compañías estadounidenses como Enron, Intergen y GE-Bechtel.

El Sindicato Mexicano de Electricistas que organiza a los trabajadores de Luz y Fuerza y que tiene una larga trayectoria de independencia del gobierno mexicano ha criticado públicamente la política económica del gobierno, incluyendo acciones que persiguen privatizar algunas compañías estatales.

Partidarios del sindicato dicen que gran parte del déficit de la compañía proviene de facturas no pagadas de grandes corporaciones y la falta de inversión en la modernización del equipo.

Dirigentes del sindicato instaron a los trabajadores a que rechacen los pagos de indemnización del gobierno y a que continuaen oponiéndose a la liquidación de la compañía.

Como parte de su táctica de incentivos y amenazas, el gobierno mexicano anunció que los trabajadores que acepten los despidos tendrán prioridad para ser empleados por la CFE cuando existan empleos. Según el gobierno, para el 22 de octubre más de 10 mil trabajadores habían firmado el acuerdo y empezaron a recibir pagos de indemnización.

Los trabajadores de la CFE pertenecen al Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido gobernante hasta hace unos años. Como muchos otros sindicatos, ha apoyado al gobierno y ofrecido paz laboral a cambio de algunos beneficios, muchos de ellos parecidos a los de Luz y Fuerza.

La propuesta en el congreso mexicano para revocar el decreto de Calderón fue derrotada no solo por el partido de Calderón, el Partido de Acción Nacional, sino con la mayoría de los votos del PRI y la abstención de la mayoría de los representes del Partido de la Revolución Democrática, un partido burgués de oposición que perdió las elecciones presidenciales por estrecho margen en 2006.

Algunos diarios capitalistas en Estados Unidos estaban entusiasmados por el decreto de Calderon.

El diario Los Angeles Times se quejó de que el sindicato tenía “demasiado poder” en cuanto al manejo de Luz y Fuerza. En base a un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo, un “grupo de expertos” de Ciudad de México, el Times escribió que un carpintero de la compañía ganaba 350 dólares al mes—“más del doble de la tasa del mercado”.

Un artículo de Mary Anastasia O’Grady publicado en el diario Wall Street Journal destacó que el “efecto neto de la acción es destronar a 42 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que había ganado beneficios a lo largo de las décadas que dejarían cortos a los trabajadores automotrices de las Tres Grandes compañías de autos en Detroit”.

Comparó esta acción al “despido de los controladores aéreos por Ronald Reagan—pero más grande”.

El diario Investors Business Daily publicó un artículo titulado “México le apaga las luces a un sindicato”, en el que dice que “el sindicato está aullando, pero el cierre es una de las mejores cosas que le han ocurrido a México”.

“Al extinguir a esta compañía despilfarradora se envía un mensaje a todos los sindicatos que están estrangulando a México, que ahora las cosas ya no son como antes”.
 
 
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