Vol. 74/No. 26      12 de julio de 2010

En una asamblea de estudiantes de toda la isla, en Ponce, el 21 de junio, cerca de 3 mil estudiantes votaron a favor de poner fin a la huelga, que había cerrado 10 de las 11 facultades de la universidad pública. El consejo de administración rescindió un plan para reducir el número de exenciones de matrícula, prometió no privatizar la universidad y acordó a no incrementar el costo de la matricula hasta por lo menos enero de 2011. La asamblea aprobó una resolución especial autorizando otra huelga si el gobierno eleva las cuotas en ese fecha.

La administración también acordó abandonar sus intentos de sancionar sumariamente a algunos de los dirigentes de la huelga.

El acuerdo entre el Comité Negociador Nacional estudiantil y el consejo de administración le permite a la administración no tener que dar acceso a sus libros financieros. Los estudiantes habían exigido que fueran hechos públicos.

Alrededor del 30 por ciento de los 62 mil estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reciben exenciones de matrícula, incluyendo atletas, músicos y estudiantes de alto mérito. Más del 60 por ciento de los estudiantes obtienen becas federales Pell de Estados Unidos, que ayudan a cubrir sus gastos.

Tan pronto como fue anunciado el acuerdo los estudiantes organizaron la limpieza de los recintos que habían estado ocupando y los prepararon para las clases. “Lo más importante que hemos ganado es demostrar que tenemos el poder para cambiar las cosas”, dijo Frederick Cortés, un estudiante de ciencias políticas, al Militante en una entrevista telefónica mientras participaba en una cuadrilla de limpieza voluntaria en el recinto de Río Piedras en San Juan. Cortés fue parte de la ocupación estudiantil de la escuela.

Durante la huelga, “Los médicos vinieron a la escuela y nos dieron exámenes médicos gratis. Personas que pasaban en sus automóviles nos daban comida. Nos decían, 'No se rindan, estamos contando con ustedes’”, dijo Cortés. Sindicalistas, especialmente de los sindicatos de profesores y de trabajadores eléctricos, también apoyaron activamente la huelga.

La administración trató de dividir a los estudiantes mediante la organización de asambleas estudiantiles que esperaban que suspendieran la huelga en algunos planteles, pero fracasaron. El gobierno también envió policías para bloquear que los estudiantes acampados en la universidad recibieran alimentos y agua, pero se retractaron después de unos cuantos días.

Si bien la huelga ha tenido éxito en cancelar los incrementos de las cuotas de matrícula por el momento, los recortes en el número de clases y el aumento del tamaño de estas no han sido revertido, señaló Cortés.

En noviembre, el gobernador Luis Fortuño comenzó las cesantías de 17 mil trabajadores del gobierno. Dijo que esto era necesario para cerrar una brecha presupuestaria de 3.2 mil millones de dólares. El desempleo en Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos, ha aumentado a una tasa oficial de casi 17 por ciento, agravada por los despidos del gobierno.

Las medidas también han afectado a las universidades públicas, las cuales obtienen el 90 por ciento de sus fondos del gobierno de la isla. El costo de la matrícula aumentó un 12 por ciento en 2007 y un 4 por ciento el año siguiente. La administración universitaria ha amenazado con aumentar la matrícula y cuotas de 500 a 1 400 dólares por semestre.

“Estudiantes de todos los diferentes puntos de vista políticos, desde los que apoyan la independencia de Puerto Rico a los que piensan que debería convertirse en un estado de Estados Unidos, se unieron para defender el derecho a la educación pública”, dijo Mariana Lima, una estudiante de pedagogía en el recinto de Río Piedras, en una entrevista telefónica.

“Esta lucha no ha terminado”, dijo. “Necesitamos recuperar fuerzas y estar preparados por si tratan de aumentar los costos de nuevo. Estamos terminando la huelga con la cabeza en alto”.  
 
 
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