Vol. 74/No. 33      30 de agosto de 2010

El “Proyecto de ley de seguridad de la frontera del suroeste” asigna 600 millones de dólares para robustecer la patrulla fronteriza. Añade 1 500 policías a la frontera entre Estados Unidos y México, con lo que ésta alcanzará un total de 18 200 efectivos. En mayo, Obama ordenó que se enviaran 1 200 soldados de la Guardia Nacional a la frontera.

El proyecto de ley incluye fondos para aparatos para detectar a los que tratan de cruzar a Estados Unidos y 32 millones para incrementar el número de aviones no tripulados para patrullar la frontera.

Como parte del esfuerzo del gobierno para asegurar que muchos trabajadores inmigrantes sean tachados de criminales, un tercio del dinero irá al FBI, a la Agencia de Policía Anti-drogas (DEA), y a la Agencia sobre el Alcohol, el Tabaco, las Armas de Fuego y los Explosivos para que se concentren en los narcotraficantes y en “los traficantes de seres humanos”.

El senador Charles Schumer, que presentó la propuesta de ley, es el hombre designado por Obama para la llamada reforma de inmigración.

Dos días antes de que Obama firmara la ley, la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) terminó una redada de tres días en Arizona en contra de supuestos “convictos criminales extranjeros”. El director de ICE, John Morton, hizo alarde de que había sido la operación más grande de ese tipo jamás realizada en el estado, arrestándose a 63 inmigrantes.

El aumento de acciones policiales y militares en la frontera, conjuntamente con la campaña de acusaciones contra los inmigrantes por crímenes y contrabando de drogas, ocurre al mismo tiempo que el número de inmigrantes que trata de cruzar la frontera ha llegado al nivel más bajo desde 1970. La Patrulla Fronteriza detuvo a 556 mil inmigrantes en 2009 en comparación con los casi 724 mil en 2008. La baja se debe al impacto que ha causado el fuerte desempleo en Estados Unidos y la aplicación de las leyes antiinmigrantes.

ICE deportó a casi 300 mil trabajadores inmigrantes utilizando órdenes de salida en 2009. Aún no se ha publicado la cifra total de deportaciones del año pasado, en la que se incluyen las “salidas voluntarias”.

Los capitalistas norteamericanos dependen del trabajo de los inmigrantes para bajar los salarios, reforzar las ganancias y para competir con mayor eficacia con sus rivales en el mundo. Pero durante crisis económicas intentan controlar más el flujo de trabajadores. Además culpan a los inmigrantes por el aumento del desempleo para profundizar las divisiones en la clase trabajadora.

Mientras que el número de trabajadores sin papeles que cruza la frontera ha bajado, la administración de Obama ha aumentado los castigos para aquellos que han sido deportados y regresan a Estados Unidos. Según el Washington Post, la mayoría de los detenidos por la Patrulla Fronteriza por segunda vez son encarcelados como promedio unos 60 días antes de ser deportados de nuevo.

Al mismo tiempo, la administración de Obama ha suspendido o cancelado los procesos de deportación contra muchos estudiantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

Estudiantes y otros han organizado numerosas protestas exigiendo la “Ley del Sueño”, que daría el estatus migratorio legal a los jóvenes indocumentados que se hayan graduado de secundaria y que tengan un “historial criminal limpio”. Aquellos que reúnan los requisitos de la ley, si fuera aprobada, tendrían que matricularse en una universidad o alistarse en el ejército para obtener la residencia permanente.  
 
 
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