Vol. 74/No. 35      20 de septiembre de 2010

En la actualidad cinco estados y el Distrito de Columbia permiten matrimonios entre personas del mismo sexo. Treinta y nueve estados tienen leyes que los prohíben.

A nivel federal, la Ley de Defensa del Matrimonio firmada por el entonces presidente William Clinton en 1996, define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En julio, un juez federal en Massachusetts dictaminó que esta ley es inconstitucional. El gobierno federal no ha indicado si va a apelar la decisión.

Una reciente encuesta de la CNN encontró que, por un margen estrecho, la mayoría de los residentes de Estados Unidos apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El 4 de agosto, el juez federal de distrito Vaughn Walker dictaminó en contra de la Proposición 8, la ley en California que prohíbe los matrimonios entre homosexuales. La medida fue adoptada a través de un referéndum en 2008, aprobándose por un ligero margen del 52 por ciento. La ley declara “Solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido o reconocido en el estado de California”.

Sandra Stier, una de las demandantes en el caso, dijo que “para mí esta decisión equivale a la igualdad de protección ante la ley. Significa la igualdad de oportunidad de casarme con la persona que amo”.

Esta es la primera decisión judicial en la que un tribunal federal declare que una ley estatal que prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal de acuerdo a la constitución. Walker cito la cláusula sobre el debido proceso en la decimocuarta enmienda a la Constitución: tampoco podrá estado alguno “privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”. Así como la cláusula de la enmienda sobre igualdad de la protección, que dice que tampoco podrá estado alguno “negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos”.

A pesar de la decisión legal, el matrimonio entre parejas homosexuales aún está prohibido en California debido a la decisión de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Los jueces declararon que durante el proceso de apelación, no podrán tener lugar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Walker dijo que su decisión en este caso fue afectada por cambios en las leyes sobre el matrimonio en Estados Unidos durante el último siglo y medio. Estas están relacionadas con la lucha de los afro-americanos y las mujeres por la igualdad. Los esclavos africanos, hizo notar Walker, eran considerados como propiedad de una persona y como tales no tenían el derecho legal al matrimonio. Muchos estados en Estados Unidos tenían leyes que impedían el matrimonio a personas de dos razas diferentes. Estas fueron declaradas inconstitucionales en 1967.

El matrimonio entre un hombre y una mujer había sido organizado tradicionalmente en base a la suposición de una división del trabajo según el sexo”, escribió Walker en su decisión. “A la mujer se la veía capaz de criar hijos y el hombre era visto como capaz de proveer para la familia”. El divorcio en el que no se culpa a ninguno de los cónyuges ha debilitado aun más estas distinciones, señaló Walker.

En el juicio, los defensores de la Proposición 8 usaron el argumento de que el estado tiene un interés en la promoción de matrimonios que puedan resultar en nacimientos de niños, y que esos niños tendrían una vida más “estable” si son criados por sus padres biológicos.

Los testigos de los demandantes argumentaron que no hay evidencia de que ser criados por padres del mismo sexo es dañino para los niños.

Los testigos de ambas partes argumentaron que el estado tiene un interés en el fortalecimiento de la familia y el matrimonio. El principal testigo a favor de la Proposición 8, David Blankenhorn, fundador del Instituto Pro Valores Americanos, dijo que legalizar los matrimonios entre homosexuales debilitaría al matrimonio como institución y aumentaría la incidencia de divorcios.

Uno de los testigos de los demandantes, la historiadora Nancy Cott, alegó que el matrimonio entre personas del mismo sexo proveería “de otra fuente de estabilidad y orden social”. Cott señaló que en lugar del hombre como el principal proveedor, las parejas ahora “se unen en una asociación económica y de apoyo mutuo y con los que dependen de ellos”. Cott alegó que el matrimonio entre homosexuales es bueno en parte porque significa asignar a más individuos el “cuidado del uno por el otro”, limitando de esa forma, por lo tanto, “la responsabilidad pública por el cuidado del vulnerable”.

La línea del argumento de Cott hace eco del curso anti-obrero de la clase dominante, que en nombre de los “valores familiares” recorta los servicios sociales al mismo tiempo que intenta culpar a las madres solteras y al pueblo trabajador por la crisis económica capitalista.
 
 
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