Vol. 74/No. 40      25 de octubre de 2010

Primero, según la administración de Barack Obama, la cantidad oficial de deportaciones durante el último año alcanzó un número récord por el segundo año consecutivo.

Segundo, el programa Comunidades Seguras, del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo (DHS por sus siglas en inglés), que inicialmente fue presentado como un programa voluntario para los gobiernos locales, realmente es mandatario. Bajo este programa, toda persona a quien la policía local le tome sus huellas digitales también le harán una verificación de su estatus migratorio.

El departamento de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a casi 393 mil inmigrantes durante el año fiscal 2010, anunció el 6 de octubre la secretaria del DHS Janet Napolitano. Unos 389 mil fueron deportados el año anterior, según los más recientes informes noticieros.

Estas cifras no incluyen la cantidad de inmigrantes deportados que aceptan “salida voluntaria”, unas 580 mil personas en 2009. La mayoría de estas salidas “voluntarias” son de inmigrantes mexicanos capturados por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

La Casa Blanca se ha jactado de haber hecho más deportaciones de llamados extranjeros criminales que la anterior administración de George W. Bush. Según el ICE, unos 196 mil de los deportados durante el último año supuestamente se encontraban bajo esta categoría, un aumento de 70 por ciento desde el año fiscal de 2008. La abrumadora mayoría de estos fueron declarados culpables de delitos no-violentos.

El programa de Comunidades Seguras actualmente se ha expandido a más de 660 jurisdicciones en 33 estados, y se proyecta que incluirá a todas las agencias policíacas del país para el 2013.

El programa Comunidades Seguras inicialmente había sido presentado como un programa opcional de cooperación entre el DHS y las agencias policíacas locales. Varios gobiernos municipales de las llamadas ciudades santuarios votaron a favor de no participar en el programa.

Napolitano y el jefe de ICE John Morton confirmaron recientemente que compartir información con autoridades de inmigración realmente no es voluntario, dado que agencias policíacas locales comparten datos de forma regular con el FBI, que a su vez los comparte con el ICE. Un alto oficial de inmigración dijo al Washington Post que las autoridades locales no tienen ningún poder de decisión sobre si cumplir o no con una demanda del ICE de detener a alguien que esté bajo custodia policial.

Mientras tanto, el gobierno continúa aumentando la verificaciones del estatus migratorio de trabajadores en centros laborales por todo el país. Según un comunicado de prensa de ICE del 6 de octubre, las autoridades de inmigración verificaron los récords de más de 3 200 centros laborales desde 2009. Como resultado de estos, miles de inmigrantes fueron despedidos de sus empleos.  
 
 
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