Vol. 75/No. 3      24 de enero de 2011

En los últimos nueve años, por lo menos 39 estados han aumentado la edad de jubilación, recortado prestaciones o incrementado la cifra que se deduce del salario de los trabajadores para la jubilación. Bajo el lema de “reforma de las pensiones”, los gobiernos municipales y estatales están acelerando estos ataques contra los trabajadores que se están jubilando.

Los trabajadores municipales en Prichard, Alabama, en las afueras de Mobile, aprendieron de forma directa en 2009 que la ley de pensiones solo es un pedazo de papel. Alegando que el fondo de pensiones se había agotado, el gobierno municipal se declaró en bancarrota y dejó de enviar los cheques de pensiones mensuales a 150 trabajadores jubilados.

Los políticos capitalistas dicen que tienen que “reformar” el sistema de pensiones para disminuir los déficits presupuestarios y contener el impacto de la crisis económica capitalista sobre las ingresos de los estados. Según el Buró del Censo de Estados Unidos, los ingresos por recaudación de impuestos de los estados bajaron en 66 mil millones de dólares en 2009, la mayor caída desde que se comenzó a recoger esta información en 1951.

Gran parte del dinero de los fondos de pensiones se mantiene en forma de acciones, bonos, derivados, fondos de cobertura y otros fondos. Durante la crisis financiera de 2008, los fondos de pensiones perdieron grandes sumas. El fondo de empleados del estado de Nueva York cayó un 26 por ciento. A pesar de esto, el fondo de Nueva York invirtió mil millones de dólares más en fondos de cobertura en 2009.

Menos de la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos está cubierta por planes de pensiones de sus empresas. Sin embargo, los trabajadores que tienen un fondo de pensiones los ven como un complemento importante al Seguro Social y una garantía de una jubilación adecuada.

El presente mosaico de planes de pensiones y seguros médicos es el resultado del sindicalismo empresarial y del retroceso político de los sindicatos en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los funcionarios sindicales negociaron aumentos salariales modestos y prestaciones marginales, renunciando a la vez luchar por un sistema de salud nacional, un seguro social adecuado, o un seguro de desempleo a nivel nacional que cubra las necesidades de los trabajadores cesanteados, las necesidades sociales de toda la clase trabajadora. Abandonaron todo tipo de acción política de la clase trabajadora independiente de los demócratas y republicanos.

A cambio, la burocracia sindical aceptó contratos compañía por compañía, y para los trabajadores del gobierno ciudad por ciudad y estado por estado, ligando las pensiones y el seguro médico al éxito de una empresa particular o de una entidad del gobierno. En 2009, solo el 12.3 por ciento de los trabajadores en Estados Unidos estaban sindicalizados, muy por debajo del 36 por ciento en 1945.  
 
Culpan a trabajadores estatales
Los políticos capitalistas y los medios de difusión capitalistas usan el creciente déficit presupuestario para culpar a los trabajadores estatales por la crisis capitalista y profundizar las divisiones entre los trabajadores, así como para socavar la solidaridad en el movimiento sindical.

Una columna de opinión de William McGurn en la edición del 4 de enero del Wall Street Journal cita a Steven Malanga, del Instituto Manhattan,, diciendo que “Los obreros industriales sindicalizados están comenzando a darse cuenta que las generosas pensiones y prestaciones sanitarias de sus homólogos que trabajan para los municipios y gobiernos estatales salen de sus bolsillos”.

Se avecina una guerra de clases, dice McGurn, “entre trabajadores en sindicatos de empleados públicos y sus homólogos en el sector privado”.

No sorprende que McGurn no mencione las cifras de las supuestamente altas pensiones de los trabajadores del gobierno. En Nueva York, con uno de los costos de vida más altos en el país, los sindicalistas jubilados del sindicato más grande, el Consejo Distrital 37, reciben un promedio de 18 mil dólares al año.
 
 
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