Vol. 75/No. 23      13 de junio de 2011

La propuesta de Obama, titulada “Divulgación pública de gastos políticos de los contratistas del gobierno”, así como otros requisitos para la “divulgación”, que los liberales han venido insistiendo desde los años 1970, son presentados como un paquete que ayudaría a que haya mayor “transparencia” en cuanto a los intereses de las grandes empresas en Estados Unidos. En realidad, medidas como esta, ya sean leyes, órdenes ejecutivas o fallos judiciales, proveen otra arma que puede ser utilizada contra los trabajadores por el estado capitalista, el cual sirve los intereses de las acaudaladas familias gobernantes que son los dueños y controlan las “grandes empresas”.

La orden, la cual alega alentar “la integridad del sistema de contratación federal”, hace público en páginas del gobierno en la Internet la actividad política de negocios y ejecutivos a través de un “formato centralizado, que se puede rastrear, clasificar, puede ser extraído del Internet y puede ser leído por una máquina”.

La propuesta orden de divulgación, convenientemente hace excepción de aquellos que Obama considera clave para su reelección en 2012. Entre estos se encuentran los sindicatos, cuyo liderazgo tiene una política de colaboración de clase, y que la administración espera que una vez más gastarán decenas de millones de dólares en su campaña, como lo hicieron en 2008. También están eximidos los “recipientes de fondos”, pertenecientes a las bien asentadas, autoproclamadas capas de la “meritocracia” de profesores y personal de las fundaciones de entre las cuales el mismo Obama fue confeccionado.

En un artículo titulado “Cuando los capitalistas necesitan a los trabajadores socialistas” publicado el 6 de mayo en la revista National Review, que se describe a sí misma como la “revista conservadora de Estados Unidos”, Stephen Hoerstin escribe que la orden propuesta por Obama abre la puerta a que se den ataques en contra de aquellos que traten de realizar un contrato con el gobierno y que hayan hecho contribuciones a candidatos políticos o a causas a las que la administración, u otros, se opongan.

Hoersting señala que el Partido Socialista de los Trabajadores ha luchado, y ganado, una exención de tales medidas a nivel federal, estatal y municipal.

La lucha del partido en contra de entregar una “lista de personas que puedan ser blanco de ataques” al gobierno y otras fuerzas antiobreras al hacer públicos los nombres de sus contribuidores y de aquellos con quienes realizan negocios ha sido librada por unas cuatro décadas.

En 1973 el partido entabló una demanda en un tribunal federal en contra del FBI, la CIA, la Inteligencia Militar y otras agencias federales por espionaje y acoso. El partido libró una campaña política y legal por una década, obligando a que se hicieran disponible miles de páginas de los archivos en los que se demuestra cómo el gobierno conducía espionaje y acoso de forma sistemática así como actividades de desarticulación en contra del partido, sus miembros y partidarios debido a sus opiniones y actividades.

El partido ganó en el tribunal federal con un fallo del juez en 1986, quien ordenó que el gobierno cese de hacer blanco de los miembros y sus partidarios.

Sin embargo, mientras los socialistas empezaban esta lucha hace unos 40 años, el congreso en 1974 aprobó una legislación que obligaba a los partidos políticos y otros grupos a entregar listas de contribuyentes y proveedores de servicios durante las campañas electorales. La ley, que pone estos nombres al alcance del público, ha sido impulsada firmemente sobre todo por la organización Common Cause [Causa Común], uno de los principales partidarios de la orden de Obama, y por otros grupos liberales.

El Partido Socialista de los Trabajadores se opone a todas esas leyes de divulgación o normas, que se utilizan en contra de cualquier individuo u organización, por que los considera un ataque a los derechos políticos de la clase trabajadora. El partido lanzó una lucha en contra de las cláusulas de divulgación de 1974 y ha logrado, tanto de la Comisión Federal de Elecciones así como en un tribunal federal, que se le exima de divulgar la información en sus campañas electorales desde finales de los años 70.

Desde 1990, el PST ha tenido que luchar nuevamente cada seis años para renovar la exención. En cada ocasión ha presentado pruebas considerables de que el partido y sus simpatizantes continúan siendo blanco de ataques y discriminación por parte de individuos y autoridades del gobierno.

Otros grupos, de una variedad de opiniones políticas, no han podido lograr tales exenciones y sus miembros y seguidores han sido sujetos de amenazas, ataques y represalias.

En 2009, la Comisión Federal de Elecciones extendió nuevamente la exención del PST, sin embargo esta vez, fue recortada a cuatro años. Steven Walther, el presidente de la comisión, sostuvo que ahora el socialismo es “una corriente más establecida”. Eso quiere decir que “se debe hacer un examen más cuidadoso”, dijo.

Hoersting señaló que el único juez de la Corte Suprema que sostiene que la divulgación es inconstitucional es Clarence Thomas. En una opinión discrepante y solitaria que fue parte de un fallo de la corte de 2010, Thomas dijo que los requisitos de divulgación “permiten que los ciudadanos privados y autoridades electas pongan en práctica estrategias políticas calculadas específicamente para restringir las actividades relacionadas con la campaña e impedir el ejercicio lícito y pacífico de los derechos de la Primera Enmienda”.

Hoersting termina diciendo en su artículo que “Cuando los capitalistas norteamericanos necesitan la protección de los Trabajadores Socialistas es hora de que la Corte [Suprema] revise sus precedentes”.
 
 
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