Vol. 75/No. 45 12 de diciembre de 2011
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Militante/Sam Manuel |
Unas 3 mil personas en protesta el 21 de noviembre en Birmingham, Alabama, contra nueva ley antiinmigrante. El año pasado la administración Obama deportó a casi 400 mil personas. |
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó recientemente que durante el año fiscal anterior realizó 2 496 auditorías de inmigración, cinco veces más que en 2008.
Las auditorías de I-9, refiriéndose a los formularios que los trabajadores completan cuando son empleados, a veces son llamadas redadas silenciosas porque causan despidos de inmigrantes en vez de arrestos y deportaciones en redadas públicas llevadas a cabo por agentes armados de ICE.
ICE dice haber multado a 385 empleadores por varias infracciones, pero no publicó las cifras de los trabajadores que fueron despedidos a causa de las auditorías. Según Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo, más de 292 mil compañías en 898 mil sitios de trabajo usan el programa E-Verify para revisar el estatus migratorio de los empleados. Lo hicieron 17.4 millones de veces el año pasado. Más de mil compañías se afilian al programa cada semana, dijo Napolitano.
ICE ha estado expandiendo también el programa denominado Comunidades Seguras, ahora en efecto en 1 595 jurisdicciones, que compara las huellas digitales de toda persona encarcelada con una base de datos del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo para buscar personas que deben ser deportadas.
Una parte importante del esfuerzo del gobierno es crear la impresión de que sus programas luchan contra el crimen dando prioridad al arresto de criminales extranjeros.
Napolitano se jacta de que en lo que va del año ICE realizó una cifra récord de 396 906 remociones, en las que los deportados encaran la posibilidad de cargos de delito si retornan a Estados Unidos. Dijo que el 55 por ciento de las deportaciones eran de inmigrantes previamente condenados de crímenes, de los cuales la mayoría eran por drogas o alcohol.
Y hay más de 18 mil agentes de la patrulla fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos, dijo Napolitano, más del doble del número estacionados en 2004.
Las crecientes restricciones fronterizas, castigos y riesgos de detención y despido y la intensificación de la crisis económica han reducido en por lo menos un 60 por ciento el número de trabajadores indocumentados que intentan cruzar la frontera en el suroeste del país, según la directora del Departamento de Seguridad del Suelo Nativo.
En un editorial del 29 de octubre titulado La otra crisis laboral del empleo el Wall Street Journal culpó a las enérgicas medidas contra inmigrantes de dejar vacíos decenas de miles de trabajos que pocos estadounidenses parecen querer, observando que la mayoría de los 1.6 millones de trabajadores agrícolas son hispanos, y se puede asumir que la mayoría de ellos son inmigrantes indocumentados.
Las leyes recientes que atacan a los trabajadores indocumentados en Alabama, Arizona, Georgia y otros estados, basadas en las leyes federales existentes, han agudizado la incertidumbre entre los inmigrantes, y algunos se han trasladado a otros estados. Miles de trabajadores inmigrantes realizaron una huelga de un día en Alabama el 12 de octubre para protestar las nuevas medidas contra los inmigrantes en ese estado.
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